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Mujeres indígenas, afrodescendientes y de comunidades locales en todo el mundo reciben menos del 1 % de apoyo financiero internacional para atender el cambio climático. Así se evidencia en un nuevo informe publicado por la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI) y la Alianza de Mujeres en el Sur Global (WiGSA), que fue lanzado este 22 de octubre durante la Conferencia de las Partes (COP16) en Cali.
En palabras de Omaira Bolaños, Directora de los Programas de América Latina y Justicia de Género de la RRI, lo más importante del estudio es que refleja que las iniciativas medioambientales de las mujeres no están siendo lo suficientemente apoyadas por la cooperación y filantropía internacional. “Ellas vienen cumpliendo un papel muy importante en la conservación y mitigación del cambio climático, pero sus esfuerzos no están siendo apoyados a corto ni largo plazo”, cuenta.
Para justificar sus afirmaciones, Bolaños se refiere a los datos clave que presenta el informe, como una disminución del 2 % en los fondos de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) dirigido a organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y que trabajan temas de género.
De manera más específica, se pasó de $891 millones de dólares de inversión durante 2019 y 2020, a 631 millones entre 2021 y 2022. Esta última cifra representa menos del 1 % del total de la AOD, que, además, es un mecanismo que otorgan los organismos oficiales (estatales, locales, universidades públicas y demás) de países donantes a territorios que están en la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo. Su propósito es promover el desarrollo social y económico.
Según el informe, las cifras también son preocupantes para las organizaciones que defienden a las mujeres indígenas y afrodescendientes: de los $28.500 millones de dólares designados para apoyar a mujeres y niñas, solo el 1.4 % fue destinado a entidades que trabajan con mujeres indígenas, según información de International Funders for Indigenous People (IFIP) y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI). En cuanto a las mujeres afro, los fondos recibidos fueron menos del 0.5 % de la financiación global, según Black Feminist Fund.
“Nosotras protegemos los ríos, los océanos, las tierras y los bosques, pero no obtenemos un apoyo por ello», afirmó Bharati Pathak, presidenta de la Federación de Grupos de Usuarios de Bosques Comunitarios de Nepal (FECOFUN) y miembro de WiGSA.
Por otro lado, Ketty Marcelo, presidente de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas de Perú, dijo que “nos preocupa seguir hablando de biodiversidad sin contar con las voces de las mujeres indígenas, porque, para nosotras, la naturaleza, nuestra y identidad y el territorio son uno. El resultado ideal con el lanzamiento de este estudio en la COP16 es que en los mandatos que salgan de esta convención se tengan en cuenta las voces de las mujeres, que son las más afectadas por el extractivismo y por el cambio climático”.
Estas no son las únicas preocupaciones que algunas organizaciones de mujeres están manifestando en la COP16. Como lo mencionamos anteriormente en estas páginas, también inquietan las condiciones de seguridad de las lideresas ambientales y defensoras de derechos humanos en Colombia. Mayor participación política y protección son algunas de las peticiones que se están elevando en la conferencia.
¿Cuáles son las propuestas de Colombia en la COP16?
Como lo contamos en estas páginas, al tiempo que se instalaba la primera plenaria de la COP16, y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, asumía como presidenta de la cumbre de biodiversidad más importante del mundo, el viceministro Mauricio Cabrera presentaba el ‘Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia a 2030′.
El NBSAP de Colombia —un documento de 350 páginas—, contempla cuatro apuestas, seis metas y 191 acciones que el país deberá implementar durante los próximos seis años para ayudar a alcanzar las metas globales. Aunque durante el lanzamiento del plan, que se llevó a cabo en el Pabellón Colombia, ubicado en la Zona Azul, el viceministro Cabrera aseguró que los cálculos para estimar los costos del plan continúan, el mismo documento estima una inversión de $76,5 billones de acá a 2030 o, dicho de otra manera, un costo por año de $10,9 billones. Algunos de los temas que se abordan son la transición de los modelos productivos, la atención a los delitos medioambientales, y entre otros.
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