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Como se anticipaba, uno de los temas que más tiempo tomaría para llegar a un acuerdo era el relacionado con la repartición de los beneficios que se obtienen de los recursos genéticos digitales, más conocidos por su sigla en inglés DSI. De hecho, la decisión finalmente llegó en la mañana de este sábado (2 de noviembre), tras más de catorce horas de plenaria final de la COP16, y justo antes de que esta se suspendiera por falta de quorum.
Los delegados que quedaban aprobaron la creación del ‘Fondo de Cali’ que recibirá los beneficios que se deriven de la información genética digitalizada de los recursos naturales.
Pero antes de abordar las condiciones del fondo (que seguro generarán debate y polémica en los próximos días y años), es importante aclarar qué se entiende por recursos genéticos digitales.
Hace unas semanas, la española Isabel López Noriega, quien hace parte del CGIAR, un consorcio de centros de investigación agrícolas a nivel mundial, empezaba explicando la primera parte de ese nombre: las secuencias genéticas. “Las secuencias de ADN, el libro de instrucciones de ese ser vivo, son únicas de un organismo a otro. Estas secuencias permiten, por ejemplo, saber por qué un cultivo responde de mejor manera a condiciones de sequía que otros”.
Esta información, agregaba López, tiene un altísimo valor económico porque permite el desarrollo de productos como medicamentos, vacunas, así como nuevas variedades de animales y plantas, “que son productos tienen mucho valor en el mercado”.
La última parte del nombre —digitales— se refiere a que ahora las empresas y los centros de investigación acceden a estas secuencias digitales a través de bases de datos que usualmente suelen ser de acceso abierto. En otras palabras, ya no tienen que buscar un recurso natural físico para estudiarlo y secuenciar su genoma, sino que toda esta información está al alcance de varios clics.
Las grandes industrias se aprovechan de esta información, que suele ser recabada de los países con más biodiversidad y que a menudo son los menos desarrollados, para crear o mejorar productos que les dejan multimillonarias ganancias. El problema, como reconoce buena parte de la comunidad académica, es que las empresas no están compartiendo nada de los beneficios que obtienen, en detrimento de las comunidades locales y pueblos indígenas que han conservado la biodiversidad por siglos.
¿Cómo hacer para que las empresas distribuyan parte de estas ganancias y que, de hecho, las comunidades se vean beneficiadas?, era una de las preguntas que esperaban ser respondidas en Cali. Parte de la solución estaba clara: los países querían que se estableciera un fondo multilateral. Los detalles que quedaban por resolver eran: ¿Quiénes debían aportar dinero? ¿Cuánto tenían que dar? ¿En qué momento tenían que hacerlo?
Acuerdo, pese al lobby
Tras dos semanas de lentas negociaciones (varias de ellas a puerta cerrada para la prensa y los observadores) y con denuncias de lobby por parte de farmacéuticas, así como del sector agroindustrial, la COP16 logró, en su decisión final, adoptar el ‘Fondo de Cali para la Información de Secuencias Digitales’. El establecimiento del fondo fue recibido como una buena noticia por varias de las organizaciones que siguieron las negociaciones.
Este fondo será el único mecanismo de financiación bajo el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) destinado a distribuir equitativamente los beneficios de la DSI. Según quedó establecido en la decisión, “los usuarios de información sobre secuencias digitales de recursos genéticos en sectores que se benefician directa o indirectamente de su utilización en sus actividades comerciales deben aportar una proporción de sus beneficios o ingresos al fondo mundial, en función de su tamaño”.
Estos sectores son: las farmacéuticas; las nutracéuticas (que desarrollan complementos alimenticios y sanitarios); las cosméticas; los criaderos de animales y plantas; las empresas de biotecnología; y, por último, quienes desarrollen equipos de laboratorio asociados a la secuenciación y utilización de información de secuencias digitales sobre los recursos genéticos.
De estos sectores, deberán aportar al fondo las empresas cuyo balance, a la fecha, supere dos de los tres umbrales establecidos: que sus activos totales superen los USD $20 millones; que sus ventas hayan sido de USD $50 millones o más; o que hayan obtenido beneficios de, por lo menos, USD $5 millones. Todo esto, teniendo en cuenta el promedio de los tres años anteriores.
En caso de que superen dos de estos tres umbrales, las empresas deberán contribuir al fondo con el 1 % de sus beneficios o con el 0,1 % de sus ingresos.
Al respecto, la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, y presidenta de la COP16, resaltó que este “fondo multilateral abre el camino hacia una verdadera equidad en el marco del uso de la biodiversidad, asegurando que los beneficios lleguen a todas las comunidades”.
Sin embargo, desde The Common Initiative, una ONG que siguió de cerca las negociaciones al respecto, la reacción no fue tan positiva. Sus representantes señalaron poco después de la aprobación que, si bien el fondo “supone un paso importante hacia el reparto inclusivo de beneficios”, puede tener dificultades para conseguir contribuciones significativas.
“La estructura se basa únicamente en incentivos de reputación para las empresas, ofreciéndoles la perspectiva de ser reconocidas como contribuyentes sin ninguna obligación vinculante. La participación es voluntaria, y las empresas se ven incentivadas principalmente por la oportunidad de ganar prestigio en la lista de contribuyentes al fondo”, explicaron desde la organización.
Por eso temen que haya dificultades para contribuciones significativas, pues estas dependerán, en últimas, de la voluntad de los países para apoyarlo y de que las empresas reconozcan el valor de hacerlo.
Esto es clave para un debate que no se terminó de dar en Cali, justamente por la suspensión: el del financiamiento. Mientras los países llegaron a la plenaria final sin ponerse de acuerdo sobre la necesidad o no de crear un nuevo fondo (acá explicamos mejor ese debate), el ‘Fondo de Cali’, también busca que el dinero aportado permita alcanzar más fácil las metas de financiamiento que se establecieron en el MMB.
Según cálculos realizados por el CDB, los ingresos de las industrias que utilizan DSI podrían ser de unos 1.560 millones de dólares en 2024 y de 2.300 millones de dólares para 2030, aunque estos pueden variar dependiendo de los sectores que se incluyan y los porcentajes que se establezcan.
Pero desde The Common Initiative también resaltan que el fondo proponga que la mitad de los recursos se destinen de manera directa a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (agrupadas bajo el grupo de IPLC’s).
La organización filantrópica Global Strategic Communications Council (GSCC), resaltó otro de los resultados positivos de este fondo. En un texto preliminar, se establecía que las empresas que quisieran estar exentas de realizar estos pagos debían demostrar que no hacían uso directo o indirecto de los DSI. Sin embargo, el texto final suprimió esta mención y, por el contrario, aseguró que en los próximos años el número de sectores que se consideren para realizar los pagos podría aumentar.
Antes de la COP16, López, del CGIAR, había señalado que, si bien la repartición de los beneficios monetarios eran importantes, “más relevante todavía sería resolver quién tiene la obligación de compartir beneficios no monetarios”.
A lo que se refería es a los centros de investigación (como los que integran el CGIAR) y que tienen grandes capacidades tecnológicas y de análisis de datos, pero no están compartiendo esa información. “No es cuestión solo de compartir los beneficios que derivan de la comercialización de un nuevo producto, sino también todos esos recursos que se están desarrollando y mejorando para poder llegar a esos productos”, apunta.
En otras palabras, esperaba que de las discusiones también lograrán establecer mecanismos que les permitieran generar alianzas entre sus centros de investigación para, por ejemplo, mejorar algunos de sus cultivos. Eso, concluía López, podría generar impactos más significativos en los países en vía de desarrollo que la misma repartición de los recursos económicos.
Frente a este punto, el texto adoptado establece que la distribución de beneficios no monetarios “debe apoyar las necesidades y prioridades autoidentificadas de desarrollo técnico y de capacidades, incluyendo, entre otras, la creación de capacidades para la generación, el acceso, el uso y el almacenamiento de información de secuencias digitales sobre recursos genéticos”. Además, se deberán tener en cuentas las necesidades autoidentificadas de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes.
Se espera, sin embargo, que las reacciones al establecimiento del fondo y sus particularidades vayan llegando al mismo ritmo que las negociaciones: lento y tras varios análisis para un tema que es bastante técnico.
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