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Una de las primeras cosas que advierte Ómar Franco es que el informe que van a anunciar este 22 de octubre no es un documento para criticar al gobierno colombiano. “Es más bien”, dice, “una crítica al Estado de Colombia. Es un mensaje para reflexionar sobre lo que está pasando en los Parques Nacionales Naturales (PNN) y sobre la urgencia de cambiar el rumbo. Debemos tomar otro camino”.
Franco, exdirector del Ideam, es quien está a la cabeza de Parques Cómo Vamos, una organización que reúne a otras nueve organizaciones, entre ellas, la Universidad Javeriana, la U. de los Andes, Wildlife Conservation Society, la Fundación Santo Domingo y Dejusticia.
Como vocero de ese grupo, hoy Franco presentará, en medio de la COP16, el último informe en el que participaron 39 autores de diversas organizaciones públicas, como el Ideam o el Instituto Humboldt, y privadas, como el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Sus resultados salen a la luz un día después de que Ministerio de Ambiente presentó su propuesta para que Colombia frenara la pérdida de biodiversidad, una puesta que requiere de $76 billones.
El documento tiene un poco más de 200 páginas y varios datos inquietantes sobre lo que está pasando al interior de los PNN. Aunque Colombia ya cumplió la meta de declarar como protegido el 30% de sus áreas terrestres y marinas (un objetivo trazado en la anterior COP), de puertas para adentro las cosas parecen no marchar nada bien. “No solo se trata de cumplir la meta”, señala Franco.
Hay varias cifras que lo sustentan. Una de las más críticas tiene que ver con la deforestación. En el capítulo sobre la pérdida de bosque natural, Edersson Cabrera, Carol Franco y Gustavo Galindo, del Ideam, revelan que en la última década se han talado 125.745 hectáreas en los PNN colombianos. Eso quiere decir un área tan grande como tres veces la ciudad de Medellín.
Si se quisiera ver la situación con un poco más de detalle, hay otro dato apabullante: en once años el país perdió, en total, 1.679.240 hectáreas de superficie de bosque natural. Es como si Huila desapareciera del mapa.
De acuerdo con el análisis de Cabrera, Franco y Galindo, las cinco áreas donde se ha concentrado esa deforestación entre el 2013 y el 2023 son los parques Tinigua (42.478 ha), Sierra de La Macarena (25.736 ha), Paramillo (10.505 ha), Serranía de Chiribiquete (9.610 ha) y La Paya (8.759 ha).
“Que un Parque Nacional como el Chiribiquete, que es nuestra ‘joya de la corona’ y nuestro ‘banco de biodiversidad’, haya perdido más de 9.600 hectáreas, muestra una tendencia que no es correcta”, señala Franco. Es justo en ese lugar donde se concentra la mayor parte del bosque natural de los PNN.
Áreas de la Amazonia, en serios problemas
Las áreas protegidas de la Amazonia son, precisamente, los puntos donde la situación no pinta nada bien. Aunque el documento resalta el hecho de que en 2023 disminuyó notablemente la deforestación frente a los años anteriores, Rodrigo Botero García y Luz Alejandra Gómez, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) son claros en otro capítulo: “La transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena y el límite norte de la RNN Nukak, los PNN Serranía de Chiribiquete, y La Paya, con responsabilidad del Estado Mayor Central (EMC)”.
A lo que se refieren es que el EMC ha “controlado” la deforestación a través de “la presión armada y la coerción poblacional” y han llevado ese tema en la mesa de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro.
El acaparamiento de tierras por medio de la apropiación ilegal, resaltan Botero y Gómez, ha sido el principal conflicto socioambiental en esas áreas protegidas que están en la Amazonia y en la Orinoquia. Además de la minería ilegal de oro y de la creciente ganadería bovina, hay un par de asuntos sobre los que llaman la atención: el incremento de cultivos de coca y el crecimiento de vías ilegales en varios de esos PNN.
Dicho de forma un poco más clara: entre 2018 y 2023 se abrieron 827 kilómetros de nuevos caminos en las áreas protegidas que están en el llamado Arco de deforestación amazónico. En 2023 hubo un aumento de 1003,4 kilómetros y, en 2024, de 1381,6 kilómetros.
Para hacerse una idea, entre Bogotá y Cali, donde se está realizando la COP16, hay una vía de 465 kilómetros, pero las que hay solo en el PNN Tinigua suman 723,6 km.
Frente a los cultivos de coca en PNN, la siguiente gráfica ilustra mejor la situación. Desde 2019, no han parado de crecer. El PNN Paramillo, entre Córdoba y Antioquia, y el PNN Catabumo Barí, en la cordillera oriental, son las áreas protegidas donde más se está sembrando coca.
Si nos trasladamos a los océanos, la situación tampoco es alentadora. Los arrecifes de coral, cruciales para mantener la vida la marina, están enfrentando presencia de enfermedades, competencia con esponjas y macroalgas y especies invasoras, como el pez león. Pero explicar en detalle esa situación requiere un artículo aparte.
Retos y más retos
No solo malas noticias tiene el informe de Parques Cómo Vamos. Los 61 PNN de Colombia, que equivalen a 23′227.454 de hectáreas (es decir, el 11,22 % del país) resalta su gran valor para conservar la biodiversidad. Allí se han hecho 1′958.611 registros biológicos, entre los que se encuentran 10.820 especies de animales, 13.789 especies de plantas y 724 especies de hongos. Además, en esas áreas está el 29 % (1.829) de las especies endémicas, es decir, que únicamente se encuentran en Colombia.
También han sido lugares a los que, poco a poco, se han acercado más los turistas. En 2024 hubo más de 1 millón 572 mil visitantes. Eso, advierte el documento, representa un reto: es hora de “diseñar e implementar una estrategia de evaluación y monitoreo, con objetivos claros e indicadores de éxito”. Una de las razones es porque “no es clara la incidencia del ecoturismo en los procesos de conservación y restauración de los ecosistemas”.
“Lo que creemos es que la estructura de PNN debe ser revisada. Hay que transformar su estructura institucional, pues estamos perdiendo la gobernanza en áreas protegidas”, señala Franco. Otra de sus sugerencias es que se evalúe muy bien cuáles actividades económicas se permiten a quienes viven dentro de los parques, pues, a sus ojos, hay que tener especial precaución con las pecuarias.
Parte de esa transformación que, dice el documento, requieren los PNN, incluye buscar un camino para que la gestión de esas áreas protegidas tengan más recursos. Hoy, indica otro capítulo del informe hecho por Jimena Puyana, Diego Olarte y Bayron Cubillos, del PNUD, se destina US $1.15 por hectárea en PNN, y se requiere entre US $5 y US $8 para gestionarla.
En otros términos, los ingresos de PNN han sido, en promedio, de US $44 millones por año, pero deberían ser de entre US $205 millones y US $373 millones para que haya una adecuada gestión. Eso quiere decir, se necesita un presupuesto hasta 44 veces mayor que el que hoy tiene esa entidad.
Después de todo, como dice Franco, hay guardaparques que deben multiplicarse para poder asumir todas sus funciones. “Hacen, en ocasiones, las veces de guías, de “protectores” de los parques y hasta se encargan de los primeros auxilios”.
Un último dato sobre ellos que muestra la gran dificultad que deben sortear: entre 1980 y 2022, anotan Beth Sua Carvajal y Mauricio Madrigal, de WWF, 17 guardaparques de PNN han perdido en medio del conflicto colombiano.
**Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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