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Hace unos seis meses, durante la cuarta jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció el lanzamiento de la construcción de una hoja de ruta para la transición energética justa en el país.
Este documento, afirmó el Ministerio el pasado noviembre, se publicaría el 10 de mayo de 2023. Sin embargo, este martes 16 de mayo se conoció que la hoja de ruta tendrá una fecha estimada de entrega en febrero de 2024.
En esa ocasión, la cartera indicó que el proceso de construcción de la hoja de ruta se realizaría durante seis meses, por medio de seis talleres y dos convenciones, con actores del sector político, de investigación, del productivo y de las llamadas “comunidades energéticas”.
A la par de ese anuncio, se publicó el primer documento que daba pistas sobre lo que buscaba el gobierno de Gustavo Petro con la transición energética. Este se tituló “Diálogo social para definir la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia” y dio unas pautas generales y principios sobre la transición en el país. (También puede leer: Gobierno Petro quiere impulsar un “pacto nacional” por la transición energética)
En aquel texto, quedó consignado un cronograma de trabajo de seis meses para que el gobierno recogiera las opiniones, experiencias y perspectivas de académicos, comunidades, industria y actores del sector político. Tras este proceso, indicó el documento, la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa en Colombia se publicaría el 10 de mayo de 2023.
Pero esa fecha no se lanzó el texto. De hecho, no fue sino hasta este martes 16 de mayo que el Ministerio publicó un documento en su página que, sin embargo, no se trata de la hoja de ruta completa. Al contrario de lo que habían anunciado hace unos meses, el nuevo texto se trata de la metodología para definir la hoja de ruta, una especie de segunda parte al texto publicado en noviembre de 2022.
La metodología reitera los antecedentes y varios de los principios para la transición energética que el Gobierno ya había anunciado: la equidad y democratización; gradualidad, soberanía y confiabilidad; participación social vinculante; y ser intensiva en conocimiento.
Además de esto, el documento define unas tareas específicas para desarrollar todo el proceso de construcción de la hoja de ruta, que tomará 15 meses, contabilizados desde el 9 de noviembre de 2022, fecha en que se anunció la elaboración del documento en la COP27. (Le puede interesar: Tener muchos más carros eléctricos, una promesa no tan fácil de cumplir en Colombia)
En el marco del desarrollo de la hoja de ruta, el Ministerio de Minas y Energía se propone generar la información técnica, económica, ambiental y social relacionada con el sistema energético nacional y las cadenas de valor asociadas para construir los escenarios y establecer la visión con sus metas y plazos para la transición energética justa en Colombia.
Se establecerán los lineamientos y mecanismos requeridos por el sector energético para cumplir los compromisos internacionales del país de reducción de las emisiones de gases asociados al cambio climático y se incorporarán lineamientos étnicos, territoriales y de género desde los cuales gestionar la hoja de ruta de manera diferenciada para las regiones. Por último, se propondrán las políticas públicas necesarias para implementar la transición energética en el país, teniendo en cuenta habilitadores regulatorios, programas y proyectos estratégicos.
Durante estos próximos nueve meses, el Ministerio anunció que publicará 10 productos más, como resultado de la metodología planteada. Esta determina tres dimensiones para construir la hoja de ruta: la planeación y diagnóstico; la creación de la visión; y el desarrollo de la hoja de ruta, teniendo en cuenta barreras, habilitadores y riesgos.
Estas son las fechas de entrega estimada de los distintos productos.
Y, por otra parte, el documento también identifica un mapa de actores, incluidos dentro del proceso de construcción de la hoja de ruta. Estos son: el Gobierno nacional, incluyendo el Minenergía, el Congreso y gobiernos locales; el sistema de educación e investigación, como universidades e institutos científicos; el sistema productivo, incluyendo organizaciones sindicales, gremios y asociaciones del sector energético; la infraestructura institucional; territorio y comunidades; organizaciones de la sociedad civil; infraestructura y logística energética, como el Sistema Interconectado Nacional; y los usuarios.
Es importante recordar que el Gobierno de Gustavo Petro ha enfatizado que quiere adelantar una transición energética justa. Aunque este concepto tiene varias definiciones, se trata, como explicamos hace unos meses, que todas las personas puedan tener acceso a energía eléctrica, que las fuentes renovables se impulsen a gran escala, pero también con una participación muy activa de las comunidades locales, que puedan ver, por ejemplo, los beneficios de los grandes proyectos eólicos y solares.
En la metodología, el Ministerio reitera que, dentro de los ejes principales de esta transición está “el compromiso de construir bienestar y permitir una vida digna para la población en todo el territorio colombiano, y particularmente en esas regiones ricas en recursos energéticos que han sido marginadas. Esa transición se realizará según las condiciones del contexto y la realidad colombianas”.
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