Se invierte 1 billón de pesos en las áreas protegidas de la Amazonía

Gestión.pe

Para hacernos una idea de lo que cuesta mantener las áreas protegidas de la Amazonia que se extienden por 8 países– un ciudadano podría comprar un equipo de fútbol americano, un Ferrari 250 GTO (el carro más caro de la historia), o podría pagar todos los pleitos jurídicos que hay contra el Estado Colombiano.

Del 7 al 8 de marzo, en Bogotá, se celebró el Primer Encuentro Regional de Programas y Proyectos del Bioma Amazónico. Durante dos días se discutió sobre la efectividad de las acciones de adaptación contra el cambio climático, pero una de las conversaciones fue en particular interesante: ¿cómo asegurar la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas de la Amazonía?

De acuerdo con Carlos Aragón, de la red de Soluciones de Desarrollo Sustentable (SDSN) de Naciones Unidas en la Amazonía, hace 10 años había un acuerdo global para el desarrollo sostenible de los ecosistemas. Esto implicaba que se trabajara para empezar a declarar áreas protegidas en la Amazonía, bien fuera volviéndolas Parques Nacionales (como en el caso del Cinturón Verde , o el PNN Chiribiquete), o resguardos indígenas. Hoy, casi el 50% de la Amazonía está bajo alguna figura de protección (Resguardo indígena, Parque Nacional, Convenio Ramsar) y miles de millones de pesos invertidos en su conservación, pero aún no es fácil mantener el bosque en pie.

A lo mejor, según Aragón, es porque es un desafío inmenso darle un valor económico a los árboles sin talarlos. La Amazonía ya es un lugar de valor simbólico (como dijo el Papa Francisco, cuando mencionó en su paso por Colombia que la Amazonía sería nuestra prueba moral) y un valor ambiental (un 10% de las especies conocidas del mundo habitan aquí, es el sumidero de carbono más importante del planeta y el agua de casi todo el continente depende de los 200 billones de toneladas que viajan desde el océano Atlántico y son absorbidas por la flora de la Amazonia).

Sin embargo, el costo o los beneficios de tener una hectárea de bosque cortado aún son más grandes que tener una en pie, sin dejar de pensar en adaptarse al cambio climático, incluir la perspectiva de género y ambiental en las políticas públicas, y cuidando que 34 millones de personas tengan una posibilidad real de ingresos económicos.

Lo primero que habría que ver, según Juan Bello, de ONU Medioambiente, es que el 65% de las personas que viven en la Amazonia están en las ciudades, “y por lo general, en todos los países que hacen parte del Bioma Amazónico, las poblaciones amazónicas son las más vulnerables, las más pobres”. Un ejemplo local: en Caquetá, uno de los departamentos más prósperos de la Amazonia colombiana, y a la vez el más deforestado de la región, el índice de pobreza fue de 35.8%, mientras que a nivel nacional es de 28.0%, de acuerdo con la última estadística del DANE, que corresponde a 2016.

Esto no solo significa que hay una desigualdad con respecto a las otras regiones, sino que no se puede pensar en la Amazonía más como una región aislada. Esa división sectorial no existe más.

De acuerdo con Rafael Zavala, representante por Colombia de la FAO, “además de medio ambiente, hay gente. En la región vive el equivalente a los chilenos y peruanos juntos, y desgraciadamente, las actividades de ingreso económico tenemos que cambiarla por actividades lícitas a través del usos sostenible de los recursos naturales. Si no, las áreas protegidas jamás van a prosperar”.

La mayoría de las 36 instituciones que asistieron al encuentro coinciden en que hace 20 años, el reto era proteger la Amazonía, hacer parques nacionales, otorgar tierras a los indígenas, hacer fondos fiduciarios para este fin. Hoy hay unos 35 millones de hectáreas de áreas protegidas. Pero su sostenibilidad financiera es el nuevo reto, porque al fin y al cabo, la cooperación internacional y el Estado no pueden cargar para siemrpe con esa carga. La Fundación Betty Moore, por ejemplo, tiene 138 áreas protegidas a su cargo, y de acuerdo a su representante, Paulina Arroyo, es muy difícil sostenerlas financieramente a todas. 

Jose Antonio Gómez, de la FAO, calcula que 1 billón de pesos se invierte en la protección de las áreas protegidas. "Pero nos falta saber cual es el beneficio económico de tener bosque en pie. Aun no hemos podido decir "conservar la Amazonía equivale a tanto en el PIB". Cuando lo hagamos, la Amazonía dejara ser der un lugar lejano o inhóspito y entrará a jugar en el mercado, pero conservando". 

Al final, el reto es que los países amazónicos, de la mano de las ONG y Cooperación Internacional, hagan que la Amazonía sea un lugar con economías lícitas, que le permitan a la gente vivir, pero, sin talar o dragar No hay otra opción. 

Una política pública que camine

Según Zavala, un buen ejemplo de política pública entre países para la “sostenibilidad” de la Amazonía sucede Perú y Colombia, en el Parque Natural La Paya, en Puerto Leguízamo, Putumayo. El reporte de 2016 sobre deforestación, que emitió el Ideam, advierte que el 73 % de los cultivos que se registran en las zonas protegidas está concentrado en tres parques naturales: La Macarena, Nukak y la Paya. Perú es aliado de Colombia para hacer vigilancia comunitaria para frenar la ganadería, para la generación de un cinturón verde y para la producción de alimentos fuera de las áreas protegidas, limitados al consumo doméstico, y concentrados en los frutos del bosque como el arazá o el copoazú más que en los granos, que exigen tumbar para plantar.

El reporte unificado de deforestación en Colombia que emita el IDEAM a finales de este año dirá si La Paya ha podido reemplazar su economía de tala ilegal con una más amigable con el pulmón del planeta, y si, como sospecha Zambrano, una economía basada en los productos del bosque y que no represente grandes ingresos, sea suficiente para las personas que habitan en las inmediaciones de La Paya.

El caso Chiribiquete

Este desarrollo sustentable en áreas protegidas está siendo puesto a prueba en los 8.344.411 hectáreas protegidas del país (sin contar los resguardos indígenas), sin embargo, será decisivo en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, la zona protegida más extensa de Colombia, que según prometió el presidente Juan Manuel Santos –justo antes de que estallara el escándalo de los incendios en el Guaviare– quedaría ampliado en 4 millones 300.000 hectáreas. (Lea: Se encienden las armas por incendios en el Guaviare).

Esta semana, la Agencia Nacional de Tierras dio luz verde para reubicar a las familias que habitan ese millón 500.000 hectáreas que se ampliarían, para poder continuar conservando uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial, y uno de los sitios de valor arqueológico más importantes del continente.

“Este convenio que se logra con las familias campesinas que habitan en el área de ampliación del Parque Nacional Natural Chiribiquete, busca generar un acuerdo de conservación para que ellos dejen la zona que hasta ahora han venido ocupando, y donde tenían cultivos de subsistencia básica, y pasen a una zona donde puedan recibir la atención del estado, tierra y un proyecto de desarrollo productivo”, dijo la subdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Carolina Jarro.

El reto, según casi todos los ponentes del Encuentro, es cómo hacer para que el Estado pueda dedicarse a proteger las áreas estratégicas, mientras que los proyectos productivos de las personas a su alrededor echen a andar por sí solos, conservando el medio ambiente.

Faltan 2 años, 2 meses y 20 días para que la meta de cero deforestación en la Amazonía se cumpa. Aunque el Ministro de Medio Ambiente de Colombia ya haya declarado que esa meta no será posible para ese año, sí es posible empezar a buscar alternativas económicas para continuar protegiendo el pulmón del mundo.

El Encuentro Regional de Programas y Proyectos del Bioma Amazónico fue liderado por el Proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico, IAPA – Visión Amazónica. Esta iniciativa es financiada por la Unión Europea, coordinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) e implementada en conjunto con WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) y Redparques.