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En 2020 la organización Global Witness registró 227 defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados, convirtiéndose una vez en el año más peligroso para los líderes y lideresas ambientales. Y Colombia, de nuevo, con 65 asesinatos fue el territorio más peligroso. “Un tercio de estos ataques se dirigieron a personas indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron contra pequeños agricultores”, señala el informe que se publicó este lunes 13 de septiembre.
De acuerdo con Laura Furones, integrante de Global Witness, una de las razones del incremento de casos en Colombia podría estar relacionado con la falta de implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. “Hay muchas zonas en las que incrementó el control de los grupos paramilitares y criminales a través de la violencia”, dice Furones. Otro de los datos que resalta el informe es que el 71% de los líderes asesinados estaban trabajando para defender los bosques.
Y a pesar de que Colombia es el país más letal para los líderes y lideresas ambientales, el caso de África es alarmante. Pasó de siete a 18 muertes en un solo año. “La mayoría de casos se reportaron en el Parque Nacional de Virunga, que es una de las zonas boscosas más importante y no es coincidencia que se dé en zonas naturalmente muy ricas”, añade Furones, quien, además, analiza a qué se deben las cifras récords, explica cómo se define si los mataron por defender la tierra y el medio ambiente y señala que la impunidad sigue primando en todos los casos. (Colombia es el país más peligroso para defender el mebio ambiente, otro año más)
Desde 2017 se han registrado cifras récords de asesinatos a líderes ambientales. Este año se reportaron 227 ¿Esto se debe a que se han presentado un mayor número de asesinatos?
Nosotros solamente reportamos los asesinatos, que es el punto más extremo del espectro de agresiones a personas defensoras, y aun así las cifras suben cada año. Nuestra metodología se basa en la disponibilidad de fuentes creíbles públicas, pero este acceso a información no es igual en todos los países. En Colombia, por ejemplo, se recopila bastante información pública y hay varias organizaciones a nivel local trabajando en el tema de los defensores y, por lo tanto, todos los casos reportados son bien documentados. Para este año Colombia vuelve a ocupar el primer puesto y, de hecho, es casi un 30% de todos los casos de 2020. Es realmente dramática la situación. Este incremento se debe a que se está recrudeciendo muchísimo la violencia.
Colombia, por segundo año consecutivo, ocupó el primer lugar. Esta vez, con 65 líderes asesinados. ¿Ve como una mala señal que, a pesar de esta cifra, no se haya implementado el Acuerdo de Escazú?
Una de las razones que nosotros vemos, sobre todo analizando la evolución de los casos, tiene que ver con la falta de implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Este acuerdo tuvo sus bondades porque puso fin a la guerra, pero hay muchas zonas, en las que todavía no han conseguido esta paz, en las que incrementó el control de los grupos paramilitares y criminales a través de la violencia. Con respecto al Acuerdo de Escazú, creo que es pronto para sacar conclusiones sobre su implementación. Es cierto que Colombia está muy rezagada en implementarlo, pero también se ha visto un incremento de casos en los países en los que ya se ratificó. Estamos muy deseosos de ver este acuerdo en práctica y de analizar sus aportes, porque es una herramienta que potencialmente traería mucha más defensa y protección a las personas defensoras.
¿Cómo definir que los mataron por defender la tierra y el medio ambiente y no por otra causa? Teniendo en cuenta que en Colombia, por ejemplo, la guerra volvió recrudecida.
En una pregunta que es un poco difícil de contestar en Colombia precisamente por el tema de la guerra. A nivel global, en otros países, es mucho más claro establecer las causas, porque el contexto político y social no es tan complejo como lo es en Colombia, donde vemos otras situaciones en las cuales no es muy claro si la persona es defensora del ambiente o no. Nuestro criterio es basarnos en fuentes públicas y tratar de tener contactos en el país, de trabajar con grupos que conocen más en profundidad las causas que puede haber detrás del asesinato porque se puede mezclar otros temas. De hecho, pasa en muchas ocasiones que vemos que lo que inicialmente puede parecer un asesinato de una persona defensora y, al indagar un poco más, vemos que estaba ligada a un grupo criminal o merodeaba en el ambiente del narcotráfico. Entonces no es una tarea sencilla. Otro ejemplo son los feminicidios. Muchas veces mujeres defensoras han sido asesinadas, no por ser defensoras, sino que se da por un tema de feminicidio o incluso conflictos familiares.
¿Cuáles son esos casos que se registraron por la falta de implementación del Acuerdo de Paz?
La ausencia del estado en estas regiones que se han vuelto tan violentas se ha traducido en un incremento de los asesinatos. Uno de esos ejemplos es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en el que se promueve iniciativas de sustitución voluntarias de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito. Y a pesar de que una parte esencial del Acuerdo de Paz, para 2020 se registraron 17 asesinatos de personas que estaban trabajando para apoyar esta sustitución. Otro tema muy importante es el asesinato de las personas de comunidades indígenas que parece que están, a nivel mundial, particularmente expuestas y son vulnerables a estas agresiones.
De cada siete muertes reportadas, cinco son en comunidades indígenas. ¿Por qué vuelven a ser tan vulnerables?
Desde 1993 cuando empezamos a registrar los asesinatos de los líderes ambientales hemos notado que el número de ataques a personas indígenas es absolutamente desproporcionado. Para 2020 fueron más de un tercio en países como Colombia, México y en Filipinas, y el tema es que la población indígena a nivel global realmente es una proporción muy pequeña, es un 4% de la población total. Esto es una situación muy compleja que también se debe a la falta de justicia y a la vulnerabilidad de estas comunidades que, muchas veces, no son protegidas. Generalmente estas poblaciones se encuentran en territorios que están en disputa para proyectos agroindustriales, de deforestación o mineros. Y es paradójico que se encuentren desprotegidas, sobre todo porque está demostrado a nivel científico que son los mejores protectores de los bosques. Son los que mejor conservan los territorios y, sin embargo, son al final los que más sufren las consecuencias de hacerlo.
La principal causa de muerte de líderes ambientales, con un 71%, es la protección de los bosques. ¿Qué genera que maten a estos protectores de bosques en medio de compromisos climáticos como el de Colombia de llegar a deforestación neta cero para 2050?
Ahora sabemos dos cosas. Una es que la crisis climática está llegando a un punto de no retorno y que se necesitan acciones drásticas y urgentes. Y la otra es que los bosques son fuentes de absorción de carbono naturales y son realmente la tecnología más potente que tiene el planeta para absorber carbono. Una cosa cotejada con la otra lleva a una conclusión y es que la protección de los bosques es esencial en la lucha contra el cambio climático y el hecho de que se registren tantas personas asesinadas por la defensa de los bosques, yo pienso, que no es casual. Existe una presión enorme sobre estos ecosistemas para desbocar y para establecer, sobre todo, terrenos agrícolas y ganaderos, entonces hay una competencia por la tierra muy fuerte. Es importante resaltar que los defensores de los bosques están haciendo una labor que nos corresponde a todos, incluidos los gobiernos, que es legislar para salvaguardar el territorio que más nos va a proteger de la crisis climática a nosotros como especie y a la vida sobre la tierra.
Tres de cada cuatro de los ataques registrados fueron en América, sobre todo en la región Amazónica. ¿A qué se debe este incremento?
Tenemos que mirar lo que está pasando a nivel político, que es muy dramático y que ha llevado a una destrucción absoluta de los avances que ha habido en protección de tierras boscosas y protección de derechos indígenas. El gobierno de Bolsonaro está arrasando con todos estos avances que se habían conseguido. Todos los días vemos cómo se está destruyendo el servicio gubernamental que protege los bosques y se están tomando una serie de medidas que lo que hace es dejar a esta gente en una situación de mayor vulnerabilidad. Los dejan solos. Todo esto ha llevado que, una vez más, en América es donde más información encontramos sobre asesinatos.
El caso de África es alarmante. Tuvo un incremento muy grande, pasó de siete a 18 muertes en un solo año, teniendo en cuenta que hubo cuarentena obligatoria. ¿Cómo explicar este incremento?
Somos muy conscientes de que seguramente estamos reportando menos casos en África porque no siempre llegan a fuentes públicas, que es desde donde partimos. En este caso, la mayoría de estos 18 ataques que hemos registrado en 2020 ocurrieron en la República Democrática del Congo y fueron una masacre. En un solo evento murió mucha gente. Luego hubo otros casos en Sudáfrica y en Uganda. La mayoría de casos se reportaron en el Parque Nacional de Virunga, que es una de las zonas boscosas de la cuenca del Congo más importante y no es coincidencia que estos asesinatos tengan lugar en zonas naturalmente muy ricas.
El Parque Nacional Virunga es clave en la protección de varias especies. ¿Cómo se podría contrarrestar la violencia en estas zonas que son estratégicas ecológicamente?
Es un tema muy importante y muy urgente de abordar porque realmente lo que vemos muchas veces es, lo que por ahí han llamado, las reservas de papel. Se establecen áreas protegidas y se les asigna una reglamentación, una limitación de usos, una regulación en general, pero luego su financiación es muy pobre. Virunga es un ejemplo claro, porque es un área bastante grande y con una falta de recursos que es imposible que puedan ser protegidas de forma oficial. Entonces, para mí el mayor problema radica en la ausencia del estado y de la priorización de estas áreas con sus presupuestos para que puedan ser funcionales y se logren proteger de forma efectiva.
La organización da una serie de recomendaciones. Para usted, ¿cuál es la más urgente para poner en marcha?
Las recomendaciones para los gobiernos de los países, en este caso de Colombia, sería sobre todo en que tienen la obligación de proteger a todos sus ciudadanos, las personas defensoras son ciudadanos del país y como tal tienen el mismo derecho a protección que todos los demás y yo diría que tienen un derecho prioritario porque están en mayor riesgo. Una de las recomendaciones más importantes es que los estados tienen que dedicarse a tres cosas: solucionar las causas subyacentes a la violencia, proteger a los defensores de forma efectiva para que puedan hacer su trabajo, y si todo ha fallado y la persona ha sido asesinada, poner en marcha todo un sistema jurídico que permita que los perpetradores se les castigue adecuadamente. La impunidad es un tema que sigue latente.