Soya, palma africana, cacao y ganadería: entre los culpables de la pérdida de bosques

El desmonte de los bosques tropicales del mundo está aumentando de manera inminente. Un nuevo informe, publicado por la ONG Forest Trends, titulado Cosecha ilícita, bienes cómplices, reveló que el 60 % de la pérdida de bosques tropicales en todo el mundo fue impulsada por la agricultura comercial entre 2013 y 2019. Casi tres cuartos (69 %) de esa agricultura se realizaron en violación de las leyes y regulaciones de cada país, y de hecho, la tasa de deforestación ilegal durante este período aumentó en un 28 %: de 3,5 millones de hectáreas en el año 2000, pasamos a 4,5 millones de hectáreas en 2012. (Lea El posconflicto implicó la pérdida del 40 % de los bosques en la región andino-amazónica)

El estudio utilizó la base de datos de Global Forest Watch y realizó 23 estudios de países en donde hay bosques tropicales, como Brasil, Colombia, Congo e Indonesia. En particular, se centraron en el papel de la agricultura comercial, que incluye todos los principales cultivos, ganado y productos forestales de las plantaciones de árboles.

En total se perdieron 77 millones de hectáreas de bosque en los últimos siete años, el equivalente a cinco islas Manhattan.

Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo (RDC) juntos representaron el 51 % de toda la pérdida de bosques tropicales entre 2013 y 2019. El 69 % de esta deforestación viene de cultivos de soya, palma africana, cacao y ganadería (productor de carne de res y cuero). La proporción media de ilegalidad de aceite de palma es del 59 %, pero esta cifra puede estar limitada por disponibilidad de datos en Malasia.

La tala ilegal para la agricultura comercial representa al menos el 41 % de todas las emisiones provenientes de la deforestación tropical, lo que equivale a 2,7 gigatoneladas de carbono cada año, un total de 19 gigatoneladas en el período de siete años. Más del 70 % de estas emisiones, según consta, proviene de bosques ilegalmente talados en América Latina, principalmente Brasil, debido a su rol desproporcionado en la tala ilegal de bosques.

“El impulsor directo de la mayor parte de la conversión de bosques en América del Sur y Central fue la expansión de los pastos para ganado. De los pastos en las áreas taladas de bosques, se consideró que el 95 por ciento de todos los productos de carne y cuero brasileños y el 97 por ciento de los mexicanos estaban en riesgo de haber sido producidos en tierras agrícolas convertidas ilegalmente”, escriben los investigadores.

Uno de los problemas para el análisis en Colombia de este informe es que definen como “deforestación ilegal” a “la tala de bosques en violación del marco legislativo de un país productor (por ejemplo, sus leyes y reglamentos) en el momento en que tuvo lugar la deforestación. Se centró solo en las violaciones materiales, específicamente en ilegalidades en la concesión de licencias (por ejemplo, no obtener permisos o permisos de los propietarios, realizar evaluaciones de impacto ambiental, autorizaciones corruptas y fraudulentas, etc.) y en la tala de bosques (sobreexplotación, fuera de los límites, impuestos evasión, etc.). Las infracciones del derecho internacional o del derecho consuetudinario no se incluyen a menos que estén integradas en la legislación nacional”.

Justamente, la deforestación no es un delito como tal en Colombia, sin embargo, y desde marzo, el Ministerio de Ambiente adelanta una reforma a los delitos ambientales consignados en el Código Penal. Según el ministro Carlos Correa, "la ley busca aumentar las penas, crear nuevos delitos y la no excarcelación. Creemos que hay actividades que son delictivas y realmente no están enmarcadas como delitos. Por eso estamos trabajando con la Fiscalía, Procuraduría y el Ministerio de Defensa en la estructuración de esta legislación que es necesaria para frenar la deforestación y promover la conservación”. El problema es que la mayoría de capturados y judicializados por delitos contra el medio ambiente son campesinos y labriegos a quienes les pagan por deforestar.

“Es probable que estas estimaciones de deforestación ilegal estén subestimadas, porque muchos países solo tienen datos limitados sobre los cuales evaluar la ilegalidad. Rara vez se realizan auditorías exhaustivas. Por lo tanto, la ausencia de pruebas de ilegalidad no debe tomarse como prueba del cumplimiento de las leyes y reglamentos”, reconocen los investigadores.

Para el caso colombiano, los investigadores de Forest Trends dicen que la calidad de los datos es buena (tomados en su mayoría del Ideam). En Colombia, el acaparamiento de tierras con el pretexto de la ganadería es el principal impulsor (responsable del 60 al 65 por ciento de la deforestación, según el Ministerio de Medio Ambiente) y el cultivo ilegal de coca representa otro 20 al 22%). “Los altos niveles de ilegalidad reflejan un Estado de derecho débil, corrupción, falta de implementación del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) e intimidación de los defensores del medio ambiente. La tendencia probable es que la agricultura comercial aumente como motor de la deforestación en estos países, dadas las estrategias nacionales para promover la ganadería (Bolivia) o el aceite de palma (Perú), los incentivos para que los agricultores adelanten cultivos comerciales como el cacao y el café, el aumento vertiginoso de los precios de la tierra, y el crecimiento del cultivo ilícito de coca (Colombia)”.

Para combatir la pérdida de bosques, la Comisión Europea (CE), el Reino Unido y los Estados Unidos están considerando medidas comerciales que prohibirían la importación de productos cultivados en tierras deforestadas, pero si van a funcionar es otro asunto, dado que el 30 % de los productos derivados de esta tala de bosques ilegal se exporta.

“Existe un gran interés en saber en qué medida la legislación basada en la legalidad de los productos agrícolas importados abordaría una deforestación más amplia. También es importante aclarar cómo las naciones donantes y consumidoras pueden apoyar mejor a los países productores, la industria y otras partes interesadas para respetar las leyes y regulaciones nacionales cuando se trata de la conversión de tierras boscosas para la agricultura”, escriben los investigadores.

En países como Colombia o México, que no son exportadores de carne como sí lo son Argentina y Brasil, las medidas del lado de la demanda, como las políticas de compras corporativas o las regulaciones de importación, serán menos efectivas que los programas que fortalecen la gobernanza del país y de los pueblos que habitan y cuidan los bosques.

“Debería conmocionarnos que la tala ilegal para la agricultura comercial sea el mayor factor impulsor de la deforestación, y que esté creciendo. Si no detenemos en forma urgente esta deforestación ilegítima, no tendremos ninguna oportunidad de vencer las tres crisis que enfrenta la humanidad: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el surgimiento de pandemias”, dijo Art Blundell, coautor principal del estudio.

Hay otro tipo de soluciones en la mira. En los Estados Unidos, Brian Schatz, senador demócrata por Hawái, y Earl Blumenauer, representante por Oregón, han anunciado planes de presentar un proyecto de ley que prohibiría las importaciones de productos agrícolas producidas en tierras deforestadas ilegalmente. El enfoque sigue el modelo de la exitosa enmienda de 2008 a la Ley Lacey, que prohibió el comercio de madera obtenida ilegalmente.

La Unión Europea y el Reino Unido también están desarrollando regulaciones al comercio destinadas a reducir la deforestación impulsada por productos agrícolas.

El desmonte de los bosques tropicales del mundo está aumentando de manera inminente. Un nuevo informe, publicado por la ONG Forest Trends, titulado Cosecha ilícita, bienes cómplices, reveló que el 60 % de la pérdida de bosques tropicales en todo el mundo fue impulsada por la agricultura comercial entre 2013 y 2019. Casi tres cuartos (69 %) de esa agricultura se realizaron en violación de las leyes y regulaciones de cada país, y de hecho, la tasa de deforestación ilegal durante este período aumentó en un 28 %: de 3,5 millones de hectáreas en el año 2000, pasamos a 4,5 millones de hectáreas en 2012. (Lea El posconflicto implicó la pérdida del 40 % de los bosques en la región andino-amazónica)

El estudio utilizó la base de datos de Global Forest Watch y realizó 23 estudios de países en donde hay bosques tropicales, como Brasil, Colombia, Congo e Indonesia. En particular, se centraron en el papel de la agricultura comercial, que incluye todos los principales cultivos, ganado y productos forestales de las plantaciones de árboles.

En total se perdieron 77 millones de hectáreas de bosque en los últimos siete años, el equivalente a cinco islas Manhattan.

Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo (RDC) juntos representaron el 51 % de toda la pérdida de bosques tropicales entre 2013 y 2019. El 69 % de esta deforestación viene de cultivos de soya, palma africana, cacao y ganadería (productor de carne de res y cuero). La proporción media de ilegalidad de aceite de palma es del 59 %, pero esta cifra puede estar limitada por disponibilidad de datos en Malasia.

La tala ilegal para la agricultura comercial representa al menos el 41 % de todas las emisiones provenientes de la deforestación tropical, lo que equivale a 2,7 gigatoneladas de carbono cada año, un total de 19 gigatoneladas en el período de siete años. Más del 70 % de estas emisiones, según consta, proviene de bosques ilegalmente talados en América Latina, principalmente Brasil, debido a su rol desproporcionado en la tala ilegal de bosques.

“El impulsor directo de la mayor parte de la conversión de bosques en América del Sur y Central fue la expansión de los pastos para ganado. De los pastos en las áreas taladas de bosques, se consideró que el 95 por ciento de todos los productos de carne y cuero brasileños y el 97 por ciento de los mexicanos estaban en riesgo de haber sido producidos en tierras agrícolas convertidas ilegalmente”, escriben los investigadores.

Uno de los problemas para el análisis en Colombia de este informe es que definen como “deforestación ilegal” a “la tala de bosques en violación del marco legislativo de un país productor (por ejemplo, sus leyes y reglamentos) en el momento en que tuvo lugar la deforestación. Se centró solo en las violaciones materiales, específicamente en ilegalidades en la concesión de licencias (por ejemplo, no obtener permisos o permisos de los propietarios, realizar evaluaciones de impacto ambiental, autorizaciones corruptas y fraudulentas, etc.) y en la tala de bosques (sobreexplotación, fuera de los límites, impuestos evasión, etc.). Las infracciones del derecho internacional o del derecho consuetudinario no se incluyen a menos que estén integradas en la legislación nacional”.

Justamente, la deforestación no es un delito como tal en Colombia, sin embargo, y desde marzo, el Ministerio de Ambiente adelanta una reforma a los delitos ambientales consignados en el Código Penal. Según el ministro Carlos Correa, "la ley busca aumentar las penas, crear nuevos delitos y la no excarcelación. Creemos que hay actividades que son delictivas y realmente no están enmarcadas como delitos. Por eso estamos trabajando con la Fiscalía, Procuraduría y el Ministerio de Defensa en la estructuración de esta legislación que es necesaria para frenar la deforestación y promover la conservación”. El problema es que la mayoría de capturados y judicializados por delitos contra el medio ambiente son campesinos y labriegos a quienes les pagan por deforestar.

“Es probable que estas estimaciones de deforestación ilegal estén subestimadas, porque muchos países solo tienen datos limitados sobre los cuales evaluar la ilegalidad. Rara vez se realizan auditorías exhaustivas. Por lo tanto, la ausencia de pruebas de ilegalidad no debe tomarse como prueba del cumplimiento de las leyes y reglamentos”, reconocen los investigadores.

Para el caso colombiano, los investigadores de Forest Trends dicen que la calidad de los datos es buena (tomados en su mayoría del Ideam). En Colombia, el acaparamiento de tierras con el pretexto de la ganadería es el principal impulsor (responsable del 60 al 65 por ciento de la deforestación, según el Ministerio de Medio Ambiente) y el cultivo ilegal de coca representa otro 20 al 22%). “Los altos niveles de ilegalidad reflejan un Estado de derecho débil, corrupción, falta de implementación del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) e intimidación de los defensores del medio ambiente. La tendencia probable es que la agricultura comercial aumente como motor de la deforestación en estos países, dadas las estrategias nacionales para promover la ganadería (Bolivia) o el aceite de palma (Perú), los incentivos para que los agricultores adelanten cultivos comerciales como el cacao y el café, el aumento vertiginoso de los precios de la tierra, y el crecimiento del cultivo ilícito de coca (Colombia)”.

Para combatir la pérdida de bosques, la Comisión Europea (CE), el Reino Unido y los Estados Unidos están considerando medidas comerciales que prohibirían la importación de productos cultivados en tierras deforestadas, pero si van a funcionar es otro asunto, dado que el 30 % de los productos derivados de esta tala de bosques ilegal se exporta.

“Existe un gran interés en saber en qué medida la legislación basada en la legalidad de los productos agrícolas importados abordaría una deforestación más amplia. También es importante aclarar cómo las naciones donantes y consumidoras pueden apoyar mejor a los países productores, la industria y otras partes interesadas para respetar las leyes y regulaciones nacionales cuando se trata de la conversión de tierras boscosas para la agricultura”, escriben los investigadores.

En países como Colombia o México, que no son exportadores de carne como sí lo son Argentina y Brasil, las medidas del lado de la demanda, como las políticas de compras corporativas o las regulaciones de importación, serán menos efectivas que los programas que fortalecen la gobernanza del país y de los pueblos que habitan y cuidan los bosques.

“Debería conmocionarnos que la tala ilegal para la agricultura comercial sea el mayor factor impulsor de la deforestación, y que esté creciendo. Si no detenemos en forma urgente esta deforestación ilegítima, no tendremos ninguna oportunidad de vencer las tres crisis que enfrenta la humanidad: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el surgimiento de pandemias”, dijo Art Blundell, coautor principal del estudio.

Hay otro tipo de soluciones en la mira. En los Estados Unidos, Brian Schatz, senador demócrata por Hawái, y Earl Blumenauer, representante por Oregón, han anunciado planes de presentar un proyecto de ley que prohibiría las importaciones de productos agrícolas producidas en tierras deforestadas ilegalmente. El enfoque sigue el modelo de la exitosa enmienda de 2008 a la Ley Lacey, que prohibió el comercio de madera obtenida ilegalmente.

La Unión Europea y el Reino Unido también están desarrollando regulaciones al comercio destinadas a reducir la deforestación impulsada por productos agrícolas.