En el 2013 los Colombianos nos llenamos de orgullo por la noticia de que el Parque Nacional Chiribiquete, llamado también la Maloca del Jaguar, iba a ser ampliado a 27,808 km², convirtiéndose así en la reserva más grande del Amazonas continental. El orgullo no era solo por la extensión que alcanzaría dicho parque (5 millones y medio de canchas de futbol), sino por su inmensurable valor natural y antropológico y su estado de conservación, con un 90% de su área libre de presiones humanas.
Sin embargo, desde un punto de vista práctico, el impacto que esta ampliación tendría en términos de preservación de la biodiversidad es difícil de determinar. El establecimiento de áreas protegidas no es un fin en sí mismo. Más bien, su valor surge de su contribución a objetivos de conservación más amplios para paisajes, regiones o jurisdicciones enteras. Esta contribución de cualquier área protegida se relaciona solo, en parte, con el tipo y la cantidad de biota que contiene. De primordial importancia es la diferencia que el establecimiento de dicha área hace para esa biota, en contraposición con un escenario en donde no se hubiera establecido un área protegida en esa zona. En otras palabras, determinar cuál es el beneficio en términos de conservación de declarar un área protegida.
Las estrategias de expansión de áreas protegidas que dan prioridad a lugares que corren un riesgo de pérdida de biodiversidad más inmediato, usualmente incurren en costos por hectárea más altos que las estrategias que dan prioridad a áreas con menores amenazas. Reservar áreas para la conservación limita las oportunidades de expandir algunos tipos de actividades económicas en el futuro, y los lugares naturales más amenazados tienden a ser aquellos con mayor potencial para actividades económicas y, por lo tanto, de mayor valor económico. Como tal, una estrategia de ampliación de áreas protegidas que dé prioridad a lugares con mayor riesgo de deforestación podría ser más eficaz para prevenir la pérdida de biodiversidad, pero al mismo tiempo ser más costosa y, por lo tanto, no ser rentable.
En este sentido, es necesario preguntarse: ¿Cuál es el costo y qué beneficios de conservación trae el establecimiento de un área protegida en una zona donde hay poca o ninguna presión humana? ¿Es más efectivo establecer áreas protegidas en zonas donde hay altas presiones de deforestación para de esta manera evitar que estas sean deforestadas a corto y mediano plazo? ¿Es esto más costoso?
Estas preguntas fueron las que intentamos resolver en un nuevo estudio publicado esta semana en la revista Global Change Biology. En este estudio generamos dos escenarios futuros de expansión de áreas protegidas en el país. En uno, expandimos las áreas protegidas en zonas con baja presión de deforestación y, en otro, expandimos las áreas protegidas primordialmente a áreas con alto riesgo de deforestación. Después, estimamos la cantidad y distribución de la deforestación que ocurriría en el año 2050 bajo esos escenarios de expansión de áreas protegidas y analizamos cómo esto influiría en la preservación del hábitat de las especies de aves del país.
Nuestros resultados mostraron que expandir las áreas protegidas en zonas con mayor presión humana en Colombia costaría más por área de tierra conservada que invertir en áreas con menor riesgo de deforestación. Las áreas con mayores presiones humanas son por lo general más costosas en el país. Sin embargo, nuestros resultados mostraron que, aun considerando el alto costo de estas áreas, sería más rentable invertir en ellas si la finalidad de la expansión no fuera únicamente aumentar el área de ecosistemas naturales dentro de las áreas protegidas sino también maximizar el área de bosque en pie en el país a futuro. Nuestros resultados muestran que habría entre un 50% y un 70% menos costo por área de bosque no deforestada a futuro si se invierte en conservar áreas con mayores presiones humanas.
Por ejemplo, estimamos que para lograr una retención forestal del 90% del bosque en Colombia para 2050, expandiendo el sistema de áreas protegidas en zonas con alta presión de deforestación, costaría 11,8 billones de dólares. Por otro lado, para retener la misma cantidad de bosque, pero expandiendo las áreas protegidas en zonas con bajo riesgo de deforestación, se incurriría en un costo estimado de 36,1 billones de dólares, una inversión más de tres veces mayor. La expansión de las áreas protegidas en el país deberían, entonces, tener en cuenta las contribuciones que estas hacen a evitar la pérdida de ecosistemas en riesgo dentro y fuera de las áreas protegidas y no solo en cuáles ecosistemas deberían ser incluidos dentro de la red de áreas protegidas del país.
En el estudio también calculamos el costo que implicaría ampliar las áreas protegidas para evitar la pérdida de hábitat de las aves dependientes de bosque en el país, usando estos dos escenarios de expansión del sistema de áreas protegidas. Colombia es el país con mayor número de aves en el mundo y el aviturismo es una actividad que genera empleo para muchas familias en las zonas rurales y periurbanas. Ampliar la red de áreas protegidas para proteger el 25% del bosque del país, utilizando el enfoque que prioriza áreas de alta deforestación, permitiría que la pérdida promedio de hábitat de las especies dependientes de bosque se limite al 17% para 2050. Por otro lado, si se enfoca la expansión de las áreas protegidas en el país en áreas de bajo riesgo de deforestación, se requeriría una expansión de la red de áreas protegidas al 59% del bosque del país para reducir la pérdida promedio de hábitat de las aves a un nivel similar. Adicionalmente, esto implicaría un costo tres veces mayor en comparación con el enfoque de expansión en áreas de alta deforestación.
Es importante resaltar que en ciertos lugares, el establecimiento de áreas protegidas podría no ser posible o apropiado debido a las características de la tenencia de la tierra. En estas áreas, la implementación de soluciones de conservación co-diseñadas con los propietarios de la tierra a través de una consulta previa informada puede ser una alternativa. Los territorios indígenas, por ejemplo, tienen una gran superposición con áreas protegidas y ocupan un área considerable de la selva amazónica colombiana. Se ha visto que el manejo de la tierra por las comunidades indígenas en estos territorios puede reducir la deforestación bajo ciertas circunstancias. Proyectos de conservación similares liderados por comunidades afrocolombianas también han sido exitosos.
Hoy en día la frontera de deforestación amazónica está llegando a los límites del Parque Nacional Chiribiquete. Esto, tal vez, se hubiera podido evitar si parte de los fondos que se invirtieron en la expansión del parque en 2013 se hubieran invertido en la generación de acciones de conservación y el establecimiento de múltiples áreas protegidas pequeñas, privadas y públicas, en zonas claves de la frontera de deforestación de ese entonces. Tal vez no tendríamos un Parque Chiribiquete tan extenso como el de hoy, pero el bosque en esas áreas, que hoy son parque nacional, pero que estamos perdiendo, probablemente todavía seguiría en pie.
Necesitamos entonces reevaluar el rol de las áreas protegidas en Colombia y buscar que su expansión, la creación de reservas privadas y la ejecución de acciones de conservación con comunidades locales se enfoque cuando sea posible, hacia áreas y especies que corran mayor riesgo de desaparecer, y no solo hacia áreas que tengan un valor de conservación alto, las cuales no siempre tienen riesgos inminentes de desaparecer. La principal frontera de deforestación amazónica en Colombia, que está en el piedemonte andino-amazónico, se está extendiendo cada vez más hacia el corazón de la Amazonia, amenazando áreas poco intervenidas y con un inmensurable valor ecológico y antropológico. Estamos a tiempo de intervenir y prevenir que pierdan sus características ecológicas y su estado de preservación. Para esto, sin embargo, tenemos que enfocarnos en generar acciones de conservación en la frontera de deforestación.
*Investigador postdoctoral de la Universidad de Berna, Suiza.
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