En duda construcción de dos proyectos eólicos claves para la transición energética
La empresa al frente de dos proyectos que producirían un 2 % de energía adicional en el país, anunció su salida del país. La producción de energía eólica ha estado estancada desde hace varios años, pero es clave para los objetivos de transición energética.
La construcción de dos proyectos de energía eólica claves para el país no tiene un futuro claro. Se trata de Alpha y Beta, dos parques eólicos que se están construyendo desde 2019 en Maicao, La Guajira, y que prometían entregar 212 y 280 megavatios (MW), respectivamente.
EDP Renewables, la empresa propietaria de los proyectos, anunció su salida del país. Esto implica que dejará de invertir en la construcción de Alpha y Beta, que sumarían un 2 % a la capacidad de producción de electricidad del país.
“Tras una revisión exhaustiva del desarrollo de los proyectos, estos parques eólicos no cumplen los criterios de inversión y el perfil riesgo de la compañía. Por lo tanto, la compañía ha decidido no proceder con las inversiones restantes necesarias para construir los parques eólicos”, anunció la empresa por medio de un comunicado.
Los proyectos tenían previsto entrar en operación en 2023 (Alpha) y 2024 (Beta). Sin embargo, la empresa asegura que se han presentado retrasos en la construcción que han aplazado la puesta en marcha de los proyectos.
“El proceso de construcción ha sufrido retrasos y EDPR ha venido colaborando en diferentes iniciativas con el Gobierno y el regulador, en las que la compañía ha señalado la urgencia de las medidas necesarias para restablecer el equilibrio económico de los proyectos, que se encontraban afectados por un retraso en el permiso de la línea de transmisión”, dijo la empresa. Además, la devaluación del peso y el aumento en los costos de financiamiento de los proyectos también habrían influido en la decisión.
¿Qué pasará con los parques eólicos Alpha y Beta?
La empresa asegura que, a pesar de terminar con sus inversiones en el país, planean dejar todo listo para que otra empresa se pueda hacer cargo de la construcción. “Seguimos con el proceso de obtención de permisos para los proyectos eólicos y en esta etapa estamos evaluando las diferentes opciones para el futuro de Alpha y Beta que permitan la eventual construcción por terceros”, aseguró Duarte Bello, miembro del Management Team de EDPR que supervisa el mercado colombiano en el comunicado.
Desde la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), que agremia a varias empresas con este tipo de proyectos en el país, ven viable esta posibilidad. “Se requiere que haya una empresa que asuma, que compre estos proyectos, y se encargue de la construcción de ahora en adelante. Esto es importante porque Colombia necesita esa energía, necesita las plantas eólicas en La Guajira, necesita las plantas solares en el resto del país y necesita otro tipo de energías renovables no convencionales”, explicó a El Espectador Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la asociación.
Para ella, es necesario que haya un acompañamiento del Gobierno en ese proceso, pues aún hay pendientes permisos para seguir adelante con la construcción de ambos proyectos, así como la puesta en marcha de la línea de transmisión del proyecto Colectora, que se encuentra en su segunda fase de construcción.
“Las cifras del Gobierno son claras: para 2027, el país tiene que expandir su oferta de energía eléctrica para atender una demanda creciente en los hogares colombianos. De lo contrario, habría un déficit estructural”, señaló Hernández.
La entrada en operación oportuna de estos proyectos sería antes del cierre de esta década, hacia 2029. Pero, se requieren “señales regulatorias relacionadas con los mecanismos de contratación de las energías renovables a largo plazo y una revisión de la remuneración de renovables en las próximas subastas de cargo por confiabilidad, lo cual incluye replantear la norma que sacó el Gobierno recientemente, que interviene el precio de mercado de la bolsa a corto plazo”, según Hernández.
La decisión a la que se refiere, fue adoptada el 1 de diciembre por el Gobierno, como contamos en un artículo sobre esa medida. Expertos han puesto en duda si tendrá un efecto en la reducción del precio de la factura de electricidad en los hogares, como aseguró el Gobierno. Desde SER Colombia han pedido que se reconsidere la medida, pues consideran que puede afectar el cierre financiero de varios proyectos de energías renovables en el país.
¿Qué pasa con las energías renovables en Colombia?
La Guajira es uno de los puntos más importantes para la transición energética en Colombia. Las corrientes de viento que llegan a esta zona del país, únicas en el mundo, la convierten en una región apropiada para la instalación de parques eólicos.
Sin embargo, las construcciones se han estancado desde hace varios años, poniendo en duda la entrada en operación de varios proyectos eólicos. Como contamos en un artículo a inicios de 2024, es una situación que reúne a varias problemáticas.
Una de ellas es la fragmentación del territorio en cientos de autoridades indígenas wayuu, con las que es necesario concertar una a una para lograr la aprobación de consultas previas y de licencias ambientales para la construcción.
A esto se suman problemas de transparencia en la información, que generan desconfianza de las comunidades hacia las empresas, y la incapacidad del Estado para llegar efectivamente a todo el territorio.
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La construcción de dos proyectos de energía eólica claves para el país no tiene un futuro claro. Se trata de Alpha y Beta, dos parques eólicos que se están construyendo desde 2019 en Maicao, La Guajira, y que prometían entregar 212 y 280 megavatios (MW), respectivamente.
EDP Renewables, la empresa propietaria de los proyectos, anunció su salida del país. Esto implica que dejará de invertir en la construcción de Alpha y Beta, que sumarían un 2 % a la capacidad de producción de electricidad del país.
“Tras una revisión exhaustiva del desarrollo de los proyectos, estos parques eólicos no cumplen los criterios de inversión y el perfil riesgo de la compañía. Por lo tanto, la compañía ha decidido no proceder con las inversiones restantes necesarias para construir los parques eólicos”, anunció la empresa por medio de un comunicado.
Los proyectos tenían previsto entrar en operación en 2023 (Alpha) y 2024 (Beta). Sin embargo, la empresa asegura que se han presentado retrasos en la construcción que han aplazado la puesta en marcha de los proyectos.
“El proceso de construcción ha sufrido retrasos y EDPR ha venido colaborando en diferentes iniciativas con el Gobierno y el regulador, en las que la compañía ha señalado la urgencia de las medidas necesarias para restablecer el equilibrio económico de los proyectos, que se encontraban afectados por un retraso en el permiso de la línea de transmisión”, dijo la empresa. Además, la devaluación del peso y el aumento en los costos de financiamiento de los proyectos también habrían influido en la decisión.
¿Qué pasará con los parques eólicos Alpha y Beta?
La empresa asegura que, a pesar de terminar con sus inversiones en el país, planean dejar todo listo para que otra empresa se pueda hacer cargo de la construcción. “Seguimos con el proceso de obtención de permisos para los proyectos eólicos y en esta etapa estamos evaluando las diferentes opciones para el futuro de Alpha y Beta que permitan la eventual construcción por terceros”, aseguró Duarte Bello, miembro del Management Team de EDPR que supervisa el mercado colombiano en el comunicado.
Desde la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), que agremia a varias empresas con este tipo de proyectos en el país, ven viable esta posibilidad. “Se requiere que haya una empresa que asuma, que compre estos proyectos, y se encargue de la construcción de ahora en adelante. Esto es importante porque Colombia necesita esa energía, necesita las plantas eólicas en La Guajira, necesita las plantas solares en el resto del país y necesita otro tipo de energías renovables no convencionales”, explicó a El Espectador Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la asociación.
Para ella, es necesario que haya un acompañamiento del Gobierno en ese proceso, pues aún hay pendientes permisos para seguir adelante con la construcción de ambos proyectos, así como la puesta en marcha de la línea de transmisión del proyecto Colectora, que se encuentra en su segunda fase de construcción.
“Las cifras del Gobierno son claras: para 2027, el país tiene que expandir su oferta de energía eléctrica para atender una demanda creciente en los hogares colombianos. De lo contrario, habría un déficit estructural”, señaló Hernández.
La entrada en operación oportuna de estos proyectos sería antes del cierre de esta década, hacia 2029. Pero, se requieren “señales regulatorias relacionadas con los mecanismos de contratación de las energías renovables a largo plazo y una revisión de la remuneración de renovables en las próximas subastas de cargo por confiabilidad, lo cual incluye replantear la norma que sacó el Gobierno recientemente, que interviene el precio de mercado de la bolsa a corto plazo”, según Hernández.
La decisión a la que se refiere, fue adoptada el 1 de diciembre por el Gobierno, como contamos en un artículo sobre esa medida. Expertos han puesto en duda si tendrá un efecto en la reducción del precio de la factura de electricidad en los hogares, como aseguró el Gobierno. Desde SER Colombia han pedido que se reconsidere la medida, pues consideran que puede afectar el cierre financiero de varios proyectos de energías renovables en el país.
¿Qué pasa con las energías renovables en Colombia?
La Guajira es uno de los puntos más importantes para la transición energética en Colombia. Las corrientes de viento que llegan a esta zona del país, únicas en el mundo, la convierten en una región apropiada para la instalación de parques eólicos.
Sin embargo, las construcciones se han estancado desde hace varios años, poniendo en duda la entrada en operación de varios proyectos eólicos. Como contamos en un artículo a inicios de 2024, es una situación que reúne a varias problemáticas.
Una de ellas es la fragmentación del territorio en cientos de autoridades indígenas wayuu, con las que es necesario concertar una a una para lograr la aprobación de consultas previas y de licencias ambientales para la construcción.
A esto se suman problemas de transparencia en la información, que generan desconfianza de las comunidades hacia las empresas, y la incapacidad del Estado para llegar efectivamente a todo el territorio.
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