Tribunal del Tolima otorga derechos a tres ríos y detiene la minería de oro
El alto tribunal ordenó reconocer a los ríos Coello, Combeima y Cocora como sujetos de derechos y cesar de manera inmediata la exploración y explotación minera en sus cuencas.
-Redacción Medio Ambiente
El Tribunal Administrativo del Tolima acaba de tomar una decisión histórica. En una sentencia de un poco más de 150 páginas ordenó detener la exploración y explotación minera en tres importantes ríos del departamento: el Coello, el Combeima y el Cocora, afluentes a los que también reconoció, junto a sus cuencas, como “sujetos de derechos a la protección, a la conservación, el mantenimiento y restauración”. (Lea La deforestación en la Amazonia brasileña alcanza récord histórico)
El fallo, con fecha del 30 de mayo de 2019, está firmado por los magistrados Luis Eduardo Collazos Olaya, José Andrés Rojas Villa y Ángel Ignacio Álvarez Silva, que presentó salvamento de voto. En el documento el tribunal emite una serie de órdenes cruciales para la protección de estos ríos. (Lea Radican demanda para que se anulen las concesiones mineras en Cajamarca)
Por un lado, declara la vulneración de los derechos colectivos a “gozar de un espacio público libre de contaminación, un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, a partir de la acción popular que interpuso Isaac Vargas Morales en 2011, en calidad de Personero municipal de Ibagué, contra el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ingeominas y la empresa AngloGold Ashanti Colombia S.A. (hoy Sociedad Kedahda S.A. - Continental Gold Ltda), Fernando Montoya, Alberto Murillo, Eugenio Gómez y Nancy Moreno (Oro Barracuda Ltda.)
Por otro lado, los magistrados ordenan varias cosas. Entre ellas que los ministerios de Minas y Ambiente, en compañía de la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA), la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Sociedad Kedahda S.A y el resto de accionados, realicen un estudio sobre el impacto que tiene la minería en el ambiente y en la salud de quienes residen en las cuencas de los ríos Combeima, Coello y Cocora. Dicho análisis debe estar hecho por la Universidad del Tolima.
Así mismo, los declara responsables de todos los perjuicios y daños causados como consecuencia de los contratos para realizar minería en las cuencas de los afluentes. Tanto las autoridades mineras como ambientales deberán abstenerse de tramitar concesiones en esos territorios y en los predios que hagan parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Tolima o que hayan sido adquiridos por Cortolima, Asocombeima y el IBAL y que hayan sido declarados como Reserva Forestal.
El fallo asegura que las partes demandadas están obligadas a adelantar “las actividades necesarias para restablecer la vida, el paisaje y el cauce natural de los ríos”, luego de que la U. del Tolima entregue el estudio ambiental, minero y socioeconómico.
De igual manera, el Tribunal Administrativo de ese departamento ordena la conformación de un Comité de Verificación de Cumplimiento que deberá estar integrado por, además de las autoridades mineras y ambientales, el director de Cortolima, el Alcalde de Ibagué, el Contralor departamental, entre otros.
Tal y como lo había ordenado la Corte Constitucional con el río Atrato, este tribunal también indica que deberá conformarse una comisión de guardianes en los tres meses siguientes para proteger el río. Deberá estar “integrada por los dos guardianes designados y un equipo asesor al que deberá invitarse al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y WWF Colombia”, se lee en el documento.
“El Gobierno nacional”, anotan los magistrados, “ejercerá la tutoría y representación legal de los derechos de los ríos (a través de la institución que el Presidente de la República designe, que bien podría ser el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en conjunto con las comunidades que habitan en las cuencas de los ríos Coello, Combeima y Cocora. De esta forma, los tres ríos y sus cuencas estarán cada uno representado por un miembro de las comunidades y un delegado del Gobierno colombiano, quienes serán los guardianes de los ríos”.
Los ministerios Ambiente y Salud, junto al Instituto Nacional de Salud y Cortolima, advierte el tribunal, tendrán que realizar estudios toxicológicos y epidemiológicos en los tres afluentes. Deberán empezarlos antes de tres meses y culminarlos en un plazo no mayor a nueve meses.
Igualmente, ese organismo ordena a los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, del Interior, de Hacienda y Crédito Público; al Departamento de Planeación Nacional; al Departamento para la Prosperidad Social; a la Gobernación del Tolima y al municipio de Ibagué, diseñar e implementar un plan en los próximos seis meses que “permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación en el marco del concepto de etnodesarrollo. Este plan también deberá estar dirigido a restablecer los derechos de las comunidades que habitan la cuenca de los ríos Coello, Combeima y Cocora”.
El Tribunal Administrativo del Tolima acaba de tomar una decisión histórica. En una sentencia de un poco más de 150 páginas ordenó detener la exploración y explotación minera en tres importantes ríos del departamento: el Coello, el Combeima y el Cocora, afluentes a los que también reconoció, junto a sus cuencas, como “sujetos de derechos a la protección, a la conservación, el mantenimiento y restauración”. (Lea La deforestación en la Amazonia brasileña alcanza récord histórico)
El fallo, con fecha del 30 de mayo de 2019, está firmado por los magistrados Luis Eduardo Collazos Olaya, José Andrés Rojas Villa y Ángel Ignacio Álvarez Silva, que presentó salvamento de voto. En el documento el tribunal emite una serie de órdenes cruciales para la protección de estos ríos. (Lea Radican demanda para que se anulen las concesiones mineras en Cajamarca)
Por un lado, declara la vulneración de los derechos colectivos a “gozar de un espacio público libre de contaminación, un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, a partir de la acción popular que interpuso Isaac Vargas Morales en 2011, en calidad de Personero municipal de Ibagué, contra el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ingeominas y la empresa AngloGold Ashanti Colombia S.A. (hoy Sociedad Kedahda S.A. - Continental Gold Ltda), Fernando Montoya, Alberto Murillo, Eugenio Gómez y Nancy Moreno (Oro Barracuda Ltda.)
Por otro lado, los magistrados ordenan varias cosas. Entre ellas que los ministerios de Minas y Ambiente, en compañía de la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA), la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Sociedad Kedahda S.A y el resto de accionados, realicen un estudio sobre el impacto que tiene la minería en el ambiente y en la salud de quienes residen en las cuencas de los ríos Combeima, Coello y Cocora. Dicho análisis debe estar hecho por la Universidad del Tolima.
Así mismo, los declara responsables de todos los perjuicios y daños causados como consecuencia de los contratos para realizar minería en las cuencas de los afluentes. Tanto las autoridades mineras como ambientales deberán abstenerse de tramitar concesiones en esos territorios y en los predios que hagan parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Tolima o que hayan sido adquiridos por Cortolima, Asocombeima y el IBAL y que hayan sido declarados como Reserva Forestal.
El fallo asegura que las partes demandadas están obligadas a adelantar “las actividades necesarias para restablecer la vida, el paisaje y el cauce natural de los ríos”, luego de que la U. del Tolima entregue el estudio ambiental, minero y socioeconómico.
De igual manera, el Tribunal Administrativo de ese departamento ordena la conformación de un Comité de Verificación de Cumplimiento que deberá estar integrado por, además de las autoridades mineras y ambientales, el director de Cortolima, el Alcalde de Ibagué, el Contralor departamental, entre otros.
Tal y como lo había ordenado la Corte Constitucional con el río Atrato, este tribunal también indica que deberá conformarse una comisión de guardianes en los tres meses siguientes para proteger el río. Deberá estar “integrada por los dos guardianes designados y un equipo asesor al que deberá invitarse al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y WWF Colombia”, se lee en el documento.
“El Gobierno nacional”, anotan los magistrados, “ejercerá la tutoría y representación legal de los derechos de los ríos (a través de la institución que el Presidente de la República designe, que bien podría ser el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en conjunto con las comunidades que habitan en las cuencas de los ríos Coello, Combeima y Cocora. De esta forma, los tres ríos y sus cuencas estarán cada uno representado por un miembro de las comunidades y un delegado del Gobierno colombiano, quienes serán los guardianes de los ríos”.
Los ministerios Ambiente y Salud, junto al Instituto Nacional de Salud y Cortolima, advierte el tribunal, tendrán que realizar estudios toxicológicos y epidemiológicos en los tres afluentes. Deberán empezarlos antes de tres meses y culminarlos en un plazo no mayor a nueve meses.
Igualmente, ese organismo ordena a los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, del Interior, de Hacienda y Crédito Público; al Departamento de Planeación Nacional; al Departamento para la Prosperidad Social; a la Gobernación del Tolima y al municipio de Ibagué, diseñar e implementar un plan en los próximos seis meses que “permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación en el marco del concepto de etnodesarrollo. Este plan también deberá estar dirigido a restablecer los derechos de las comunidades que habitan la cuenca de los ríos Coello, Combeima y Cocora”.