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El magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió a la solicitud de medida cautelar de urgencia que buscaba suspender la adjudicación de dos títulos mineros en Cesar a los que renunció Prodeco -subsidiaria de la multinacional Glencore- en septiembre de 2021. La decisión va en la misma línea del anunció que hizo hace algunos días la Agencia Nacional de Minería (ANM).
El magistrado Mazabel ordenó la suspensión inmediata y transitoria de la convocatoria que el 19 de mayo realizó la ANM para adjudicar los contratos de explotación de las áreas que correspondían a los títulos mineros a los que renunció Prodeco, las cuales se encontraban sobre los municipios de El Paso, Becerril y La Jagua de Ibirico, todos en Cesar. (Puede leer: Regular los pasivos ambientales, una deuda histórica de Colombia)
En la decisión también se le solicitó a los ministerios de Ambiente y Minas y Energía, a la ANM y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que en un plazo de cinco días informen sobre el estado y trámite de las decisiones adoptadas dentro de la convocatoria del 19 de mayo. Así mismo, el magistrado le pidió a estas entidades que informen sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales pendientes que hay sobre estas áreas, así como “sobre la asunción de pasivos ambientales tanto de quienes efectuaron la explotación de estos títulos (Prodeco), como de los eventuales nuevos adjudicatarios”.
El contexto de la decisión, como contamos a inicios de junio, tiene que ver con el debate que comenzó en el país a raíz de la renuncia de Prodeco a tres títulos de minas en donde explotaba carbón. Si bien la empresa podía hacerlo, la comunidad aledaña a las minas, los trabajadores de la empresa y ambientalistas prendieron las alarmas pues este proceso no tiene todas las reglas claras. (Le puede interesar: Más de 40 organizaciones piden a Petro suspender cierre parcial de minas de Prodeco)
¿Cómo compensará los pasivos ambientales una vez se vaya de las minas?, ¿cómo asegurará la estabilidad de los trabajadores?, ¿responderá a la orden de hace 12 años del Ministerio de Ambiente que la obligó a reasentar a la comunidad de El Hatillo (Cesar)?, fueron algunas de las preguntas que surgieron. Y son algunas de las dudas que deberá responderle Prodeco al magistrado.
Sin embargo, es importante mencionar que el 22 de julio, la ANM suspendió la etapa de evaluación de ofertas de las empresas que se habían presentado en el proceso de adjudicación de los dos títulos mineros a los que renunció Prodeco. (También puede leer: Una gran minera en Cesar renuncia a sus títulos. Inicia un gran debate)
A finales de julio, 42 organizaciones entre sindicales, comunitarias y centros de pensamiento nacionales e internacionales, le enviaron una carta al presidente electo, Gustavo Petro, solicitando la suspensión de la aprobación del documento de plan de cierre parcial de Prodeco hasta que no se cumplan dos puntos: exista participación comunitaria y se revisen posibles irregularidades.
En la carta, señalaron que “todavía no se conoce ni por las comunidades, sindicatos, víctimas y autoridades de control regional y nacional este documento de plan de cierre parcial de las obligaciones sociales y ambientales como lo afirmó y corroboró la Contraloría General de la República en su auditoría realizada en Junio de 2022; siendo improcedente su aprobación por parte del actual gobierno dado que no se ha surtido el proceso de consulta y participación efectiva y oportunidad para ser aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA”.