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Un juez del Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué negó las pretensiones de una demanda que buscaba tumbar el acuerdo que adoptó la consulta popular en Cajamarca (Tolima), votada en 2017, contra el proyecto de megaminería de oro La Colosa, de la multinacional Anglogold Ashanti.
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De acuerdo con un comunicado de La Coalición Jurídica para la defensa de Cajamarca, la decisión es un hito que “protege una participación democrática efectiva en asuntos ambientales, con capacidad de incidencia directa, como lo ordena el derecho internacional y esperamos se mantenga la decisión en segunda instancia”.
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Las razones que soportan la decisión del juez, explica la Coalición jurídica, son que el acuerdo fue expedido en debida forma y sigue los requisitos legales y constitucionales, además de que se ajusta a la normatividad vigente sobre la consulta popular.
El juez, citado por la Comisión Colombiana de Juristas, señaló que no solo las normas constitucionales y legales daban la autonomía al municipio para adelantar la consulta popular, “sino que las sentencias dictadas en la materia, hasta entonces, constituían un precedente pacífico y reiterado frente a la protección del medio ambiente y las garantías de la descentralización territorial, así como de las competencias frente al uso del suelo y subsuelo, y las decisiones frente a la vocación extractivista de los territorios, como decisión propia dentro del ejercicio de la participación ciudadana”.
Por parte del Comité Promotor de la Consulta Popular de Cajamarca agregaron que “este fallo garantiza que la decisión tomada el 26 de marzo de 2017 en las urnas —que defendió los derechos colectivos al ambiente sano, la alimentación, la vida y el agua— sea respetada. También es un hecho de vital importancia debido a los múltiples procesos judiciales iniciados por la empresa minera Anglogold que tienen como objetivo reactivar La Colosa. Este fallo truncará varias de sus pretensiones”.
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Según explica Sara Sofía Moreno, abogada del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, organización que representa judicialmente al Comité, lo que sigue es un periodo de diez días para apelar y, en caso de que el demandante presente la apelación, el caso pasaría a tribunal.
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