Un nuevo capítulo de tensiones alrededor del páramo de Santurbán

“¡Atención! Nuestra agua está en riesgo de ser envenenada”. Ese fue el mensaje que recibieron los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana hace unos días, cuando les entregaron el recibo del agua. Dentro de la factura se encontraba una invitación a participar en una marcha este viernes, 18 de octubre, “por la defensa del agua y Santurbán”, el páramo del que se abastecen con este recurso al menos 2,5 millones de personas de 20 municipios, entre ellos Bucaramanga y Cúcuta.

“¡Atención! Nuestra agua está en riesgo de ser envenenada”. Ese fue el mensaje que recibieron los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana hace unos días, cuando les entregaron el recibo del agua. Dentro de la factura se encontraba una invitación a participar en una marcha este viernes, 18 de octubre, “por la defensa del agua y Santurbán”, el páramo del que se abastecen con este recurso al menos 2,5 millones de personas de 20 municipios, entre ellos Bucaramanga y Cúcuta.

La iniciativa reunió miles de personas en la capital santandereana. Incluso, la Alcaldía decretó la tarde cívica para los funcionarios de la administración local con el objetivo de que apoyaran las marchas. En la red social X (antes Twitter), la etiqueta  #MarchoXSanturban tuvo una gran acogida y llegó a ser tendencia nacional. Congresistas, concejales, diputados y cientos de colectivos sociales replicaron el mensaje. ¿Por qué la convocatoria llamó la atención de tantas personas?

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Las razones son básicamente dos: una licencia ambiental que está en trámite en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la autoridad ambiental que rige en 13 municipios, incluidos los del área metropolitana y los que tienen influencia en el páramo (Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta, Tona); y un decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre las Áreas de Reserva Temporal.

Empecemos con la licencia ambiental. La CDMB está estudiando una solicitud de licencia ambiental para el Proyecto Soto Norte, que busca la explotación de oro y cobre en zona cercana a Santurbán. Este es un proyecto que anteriormente se concibió por solicitud de la multinacional árabe Sociedad Minera de Santander S.A.S. (Minesa), una multinacional que recibía inversiones de un grupo empresarial de los Emiratos Árabes, el cual proponía extraer 9 millones de onzas de oro durante 25 años en los municipios de California y Suratá de la provincia de Soto Norte en Santander.

Tras estudiar la solicitud por varios años, en octubre de 2020 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), decidió archivar el trámite de Minesa luego de revisar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esto obligaba a Minesa a radicar una nueva solicitud de licencia ambiental.

Finalmente, el proyecto se reestructuró y se presentó como un proyecto de pequeña y mediana minería en asocio con los mineros tradicionales de la región. Esto se hizo de la mano con Calimineros, un grupo de 160 mineros del municipio de California, que está en proceso de formalización para cumplir con aspectos legales, técnicos, ambientales, económicos, sociales y laborales que les permitan ejercer su oficio. Quienes les ayudaron en todo este proceso fue la multinacional canadiense Air Mining, la que ahora tiene el 51 %  de la participación del Proyecto Soto Norte (el restante lo tienen los inversores de Mubadala, un holding del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, que también participó en el anterior proyecto propuesto por Minesa, que ya no figura).

La principal diferencia entre el proyecto anterior y el nuevo es que este se haría a una menor escala y solo en California. Esto implica una reducción de la planta de procesamiento de materiales propuesta, cuya capacidad se reduciría en un 60 %, según explicaba Air Mining.

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Pese a estos cambios, los defensores del páramo dicen que esta es solamente una estrategia para revivir el proyecto de Minesa, explotar el páramo y así afectar el suministro de agua que depende de este ecosistema. “La nueva estrategia de las multinacionales fue cambiar el nombre del proyecto y presentarse como pequeños y medianos mineros para que les otorguen la licencia. Por esto le exigimos a la CDMB que le niegue la licencia ambiental a Calimineros, una empresa asociada con Minesa y Aris Mining”, sostuvo Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, el colectivo que convocó las manifestaciones.

Desde Calimineros aclaran que están en proceso de formalización, y que el requisito que les hace falta es justamente la licencia ambiental que esta vez radicaron ante la CDMB. “Los procesos de formalización requieren de un soporte económico y técnico, que es lo que no tienen los pequeños mineros. Por esto, cuando iniciamos el proceso de juntar las condiciones para la formalización, solamente logramos el acompañamiento de una empresa privada”, explicó Jorge Maldonado, gerente de Calimineros.

Junto con Proyecto Soto Norte, —compuesta por Air Mining y Mudabala– firmaron el subcontrato de formalización y en 2022 radicaron el Plan de Trabajos y Obras Complementarias, (PTOC) ante la Agencia Nacional de Minería y el Estudio de Impacto Ambiental, ante la CDMB. Estos dos requisitos les permitirán seguir su proceso para construir la mina.

Maldonado asegura que cuando iniciaron su proceso de formalización buscaron al Gobierno Nacional, a entidades privadas, al sector financiero, pero no recibieron apoyo. “No sabemos de qué manera el Gobierno va a formalizar a los mineros, si no brinda los dos soportes esenciales: el técnico y el económico”, agrega el gerente.

Sobre el proyecto Soto Norte, explica que este busca en términos generales rescatar la tradición minera en California, municipio donde se estima que el 53,4 % de la población se dedica a esta actividad, lo que la convierte en su principal actividad económica, según la Alcaldía. “La mayoría de los mineros acá superan los 45 años de edad, es decir, difícilmente les podríamos cambiar la actividad económica. La realidad es que no estamos en condiciones para realizar otro tipo de actividad”, manifiesta Maldonado.

También asegura que el proyecto contempla realizar prácticas de minería sostenibles, libres de mercurio y cianuro. “Hoy podemos decir que contamos con todas las condiciones técnicas para hacerlo, ya hay suficiente tecnología y experiencias para implementarlo; además, el precio del oro nos permite hacer todo este proceso de una manera más limpia”, explica el gerente de Calimineros.

Por su parte, Yaneth Mantilla, vicepresidenta de asuntos estratégicos de Soto Norte, le explicó al medio regional Vanguardia que el proyecto no se desarrollará dentro del Páramo de Santurbán, sino por fuera de los límites de este ecosistema. “Nosotros queremos proponer un proyecto de pequeña y mediana minería en asocio con los mineros tradicionales de la región, como lo ha planteado el propio Gobierno Nacional en sus políticas de redistribución equitativa de los beneficios de la minería”, dijo.

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El lío con las áreas de reserva temporal

La licencia no es el único punto de discusión. En enero de este año, el Ministerio de Ambiente expidió el Decreto 044 en el que se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal. El decreto tiene como objetivo, en parte, determinar en qué áreas del país es permitida, restringida y excluida la minería para la protección del medio ambiente.

Esta herramienta le permite al Ministerio establecer reservas ambientales temporales (por un máximo de cinco años) para desarrollar un ordenamiento minero-ambiental y establece los criterios para declarar estas zonas en el territorio, que implicarían, potencialmente, la exclusión de la actividad minera en ciertas áreas.

En palabras de la ministra Susana Muhamad, con el Decreto 044 buscan arreglar “el gran desorden minero que nos dejaron por una política minera que entregaba títulos a diestra y siniestra, sin contemplar el ordenamiento territorial ni ambiental del país”.

Durante la declaratoria de reserva temporal, las autoridades ambientales no pueden otorgar permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales. Por esto, los colectivos que buscan que en Santurbán no se desarrolle minería piden con urgencia a Minambiente que declare esta figura para Santurbán. Pero no solo los colectivos de conservación están detrás de esto: el miércoles de esta semana, 30 congresistas radicaron una petición ante el Consejo de Estado para declarar legal este decreto y que se pueda materializar.

Ante este mismo Tribunal, diferentes empresas mineras radicaron una demanda con la que buscan que se declare nulo este decreto. Estas personas alegan que esta medida causa perjuicios irremediables a su actividad económica y que no fueron tenidos en cuenta durante la construcción del decreto.

Sin embargo, los ministerios de Minas y Ambiente aseguraron que se garantizó la participación de la ciudadanía con la publicación del decreto antes de su expedición y que la normativa no afecta la situación jurídica de los demandantes. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aclaró que “el decreto tiene una finalidad superior, como lo es la protección del medio ambiente”.

Las tres tutelas interpuestas por los mineros fueron negadas por la sección quinta del Consejo de Estado el pasado 12 de septiembre. De acuerdo con esta dependencia del alto tribunal, al tratarse de una normativa general no queda demostrado el perjuicio a los demandantes.

Como respuesta a la inconformidad frente al decreto, más de 800 mineros, campesinos y agricultores se reunieron en Bogotá esta semana. Estas personas llegaron desde siete departamentos para manifestarse frente a las instalaciones del Ministerio de Ambiente el pasado miércoles (16 de octubre).

“Nosotros somos los primeros cuidadores del Páramo de Santurbán, el cual ya está protegido en su totalidad por la Ley, pero ahora la ministra quiere extralimitarse en sus funciones y prohibir prácticamente todas las actividades económicas por fuera del Páramo, incluso llegando a un amplio sector del norte de Bucaramanga. Nos van a dejar sin tierra para trabajar”, afirmó Daniel Maldonado, vocero de los pequeños mineros de Suratá (Santander).

Por su parte, la vocera del Comité por la Defensa del Páramo aclaró que “las áreas de reserva para Santurbán no van a afectar las actividades agropecuarias. El decreto alienta a adelantar los distintos estudios técnicos para que en ese plazo de cinco años se pueda tomar una decisión de fondo frente a la actividad minera”. El Espectador consultó al Ministerio de Ambiente para conocer si tiene pensado declarar áreas de reserva temporal en Santurbán, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta.