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En el Congreso sigue avanzando un proyecto de ley cuyo objetivo es fortalecer los instrumentos de trazabilidad de la cadena de ganado para lograr una producción de carne bovina libre de deforestación. Al respecto, una de las regulaciones sobre la cual persisten dudas tiene que ver con la implementación de un sello o certificación de “carne bovina libre deforestación”, como mecanismo complementario al seguimiento del ganado. (Puede ver: Fenómeno de El Niño: Gobierno activa plan estratégico para la Amazonia)
La trazabilidad de carácter ambiental en este contexto, hace referencia al almacenamiento y cruce de datos que permite seguir el rastro del ganado a través de todas las etapas de producción, transformación, distribución y comercialización con el propósito de determinar que los animales no hayan ocupado zonas total o parcialmente deforestadas. El sello, por su parte, es descrito por el proyecto de Ley como una distinción que otorga el Estado, en cabeza del ICA, al productor y distribuidor de carne bovina cuando se haya constatado en los registros de seguimiento que cumple con la condición de no deforestación. Y aunque todavía no hay claridad sobre cómo se va implementar, se espera que esta certificación constituya un elemento visible que pueda ser verificado en cada una de las fases del proceso hasta llegar al consumidor final en un etiquetado.
Aunque el debate pareciera un asunto meramente técnico, por el contrario, es una decisión política, que implicaría el reconocimiento de las responsabilidades ambientales que el sector debe asumir para realizar su actividad económica. Pero también, es una oportunidad para reflexionar frente a las disparidades entre pequeños productores campesinos y grandes grupos empresariales presentes en la producción ganadera, en donde los primeros no cuentan con las capacidades para la rápida reconversión productiva que podría implicar esta decisión.
Entre la autorregulación y la obligatoriedad
Respecto a la responsabilidad, el debate se ha centrado en la discusión sobre la obligatoriedad o no del certificado. Para algunos, la implementación del sello está condicionada por los incentivos: “¿Qué voy a ganar de más si lo aplico?”. Mientras que otros han rechazado de plano la iniciativa, argumentando que genera “demasiadas cargas económicas al sector ganadero” y es suficiente con las iniciativas voluntarias que actualmente han adoptado algunas empresas que venden productos cárnicos donde publicitan su compromiso ambiental.
Puede ver: Por qué no es buena idea ir a sembrar árboles de inmediato a las áreas quemadas
Al respecto, es importante destacar que desde el 2017 existen en Colombia los “acuerdos cero deforestación”, los cuales constituyen un pacto donde productores y distribuidores del gremio ganadero se comprometen voluntariamente a eliminar la huella de deforestación en sus procesos productivos. Sin embargo, tal como lo evidenció Dejusticia en su libro “¿Carne Deforestadora? Cuellos de botella en el control de las cadenas de suministro de carne bovina en Colombia”, actualmente estos acuerdos tienen varias limitantes en la participación amplia del gremio ganadero y poca claridad respecto a la sanción que recibirán quienes los incumplen.
La experiencia fue similar en Brasil. Aunque llevan varios años de adelanto en la discusión pública sobre trazabilidad del ganado y deforestación de la Amazonía, la enorme incidencia que tiene este gremio en este país, llevó a que en su momento se decidiera también por un modelo de autorregulación empresarial que en el mediano plazo no tuvo resultados significativos frente a la dimensión del problema de la deforestación amazónica. Según lo explicaron los especialistas brasileños en el Foro Binacional: sobre experiencias en la regulación para el control de las cadenas de suministro de carne bovina de la región Amazónica, las estrategias voluntarias pueden reportar logros significativos en una primera fase, sin embargo, para contener la pérdida de bosque de manera eficaz es necesario adoptar medidas más estrictas con intervención estatal y una implementación gradual que comienza en las regiones más vulnerables a la deforestación.
Finalmente, en términos de comercio internacional, la adopción de la trazabilidad parece un avance inevitable. Así lo muestra por lo menos, la regulación adoptada recientemente por el Parlamento de la Unión Europa, la cual fortalece los controles para la exportación y comercialización de productos provenientes de países con deforestación y degradación forestal como Colombia. La medida plantea establecer un marco jurídico con requisitos obligatorios de trazabilidad y debida diligencia para las empresas que comercialicen materias primas y productos derivados que entrañen riesgos para los bosques y los ecosistemas.
Sin embargo, y reconociendo que uno de los vacíos implícitos en la presente propuesta es quiénes y cómo se asumirán los costos del sello, lo cierto es que, sin certificación, se terminaría aprobando un proyecto de ley cojo, con un nuevo y robustecido sistema de que, a parte de los entes de control, nadie use. Se pierde de vista entonces, que la importancia en generar esta información es suministrar a las entidades estatales, actores de la cadena y consumidores mecanismos de transparencia que permitan el control activo y decisión informada que anticipe los daños ambientales, así como visibilice las responsabilidades diferenciadas de cada eslabón de la cadena. Es decir, la trazabilidad es un medio y no un fin.
Más allá de lo técnico: ¿dónde están las personas?
Desde una perspectiva de derechos, la otra cara de la moneda en la discusión está vinculada a las cargas y beneficios que podría implicar esta medida para los diferentes actores de la cadena, siendo importante preguntarse sobre cuáles son las actuaciones que desde el Estado deben preverse dentro del proyecto de Ley para la salvaguarda de los derechos de los campesinos, consumidores y los actores más vulnerables de la cadena. (Puede ver: ¿Qué medidas de prevención tomó el Gobierno para el fenómeno de El Niño?)
Para los consumidores, la implementación de un sello que certifique que la carne comprada no procede de áreas deforestadas es un avance en el reconocimiento de su rol como actores activos dentro de la cadena de suministro. Con ello, se fortalece su derecho a escoger productos de manera informada y con conocimiento de los riesgos ambientales, como la pérdida de bosque natural o degradación forestal, que puedan derivarse de su consumo.
Además, esta clase de instrumentos deben estar acompañados de mecanismos, también regulados, que permitan la publicidad abierta y de fácil acceso a la información sobre los procesos de trazabilidad y debida diligencia que ha surtido el ganado desde el levante hasta la comercialización final. Al respecto, la experiencia de Dejusticia y algunos medios periodísticos que han investigado el tema de ganadería y deforestación, muestran como el acceso público a esta información es una “pesadilla ciudadana”, en donde empresas e incluso el Estado, acuden al argumento de la confidencialidad de estos datos limitando cualquier posibilidad de veeduría sobre el proceso productivo que permita alertar una ilegalidad.
Respecto a los productores, la discusión del proyecto de Ley permitió evidenciar también que, a pesar de la heterogeneidad de los productores rurales, se está asumiendo que todos son iguales. Dentro del sector se encuentran también campesinos reconocidos constitucionalmente como sujetos de especial protección, que no cuentan con la misma capacidad económica de otras empresas ganaderas e históricamente han estado al margen de los mercados competitivos por localizarse en zonas de frontera agrícola.
En este caso, si la implementación del etiquetado “carne cero deforestación” no contempla criterios diferenciales, podría convertirse en un factor multiplicador de estas inequidades estructurales y quizás promover la vinculación de pequeños productores al mercado negro de carne que no logra ser certificada. Conduciendo una vez más, a la estigmatización y empobrecimiento del campesinado, sin afectar de manera significativa el avance de la deforestación. (Puede ver: La “ciudad perdida” en Tolima)
Es por lo anterior, que la apuesta por la implementación de la certificación obligatoria debe incorporar al debate técnico, el principio de protección de derechos que no se agota en la perspectiva de incentivos del mercado. Esto es, la definición de un certificado gratuito o con esquema de subsidios que permita el cumplimiento progresivo de todos los actores sin importar su condición, la incorporación de criterios de comercio justo que contenga posibles efectos adversos del mercado, además del fortalecimiento de los programas de extensión agropecuaria y financiación de proyectos de reconversión productiva en los núcleos de deforestación con dedicación a la ganadería.
*Investigadores de la línea de justicia ambiental (Dejusticia)