Una política de buen vecino para los pueblos aislados colombianos
En las selvas más remotas del sur de Colombia, se está impulsando una estrategia para construir la primera política pública para la protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario o estado natural. ¿Cómo defender lo que no se puede ver?
Helena Calle
En la bocana del río Bernardo, que marca el límite entre del Resguardo Curare-Los Ingleses y el Parque Nacional Natural Cahuinarí, en el margen sur del Río Caquetá, hay una cabaña solitaria. El nombre de ambos honra a “Bernardo Caraballo”, o así le llamaron al indígena del pueblo Yuri que el ejército arrastró hasta el poblado de La Pedrera, Amazonas, en 1969, después de incursionar en búsqueda del extraviado comerciante de pieles Julián Gil Torres. La historia cuenta que los soldados masacraron un número indeterminado de Yuris, y se llevaron a Bernardo, una mujer adulta y tres menores de edad.
Le decían Caraballo, por su parecido con el famoso boxeador de la época. Después de 2 meses en La Pedrera, y comunicándose como pudo, “Bernardo” pidió que los dejaran ir. Los llevaron dentro del río que lleva su nombre, se desnudaron y se sumergieron en la espesura de la selva.
48 años después del episodio, este territorio es ahora la zona que las comunidades del Resguardo Curare los Ingleses que regentan ese territorio, destinaron como intangible para la protección de los Yuri- Passé, o ¨caraballos¨, los primeros pueblos en aislamiento voluntario confirmados en Colombia. La intangibilidad hace parte de una estrategia coordinada entre las comunidades que habitan ese territorio, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales Naturales, la Asociación de Autoridades Indígenas de la Pedrera-Amazonas (AIPEA) y la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas (PANI), la ONG Amazon Conservation Team para crear un cordón que proteja el derecho de los pueblos en aislamiento a permanecer ocultos, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación.
Durante los últimos 3 años, el Ministerio del Interior y las comunidades indígenas vecinas a estos pueblos y otras entidades gubernamentales y de la sociedad civil vienen formulando la primera política pública para la protección de pueblos en aislamiento de Colombia, la primera en el mundo de esta índole que se consulta previamente y que incluye a las comunidades vecinas como actores principales de protección.
Este decreto protegería el derecho de permanecer en estado natural no solo de los pueblos en aislamiento voluntario confirmados (como los Yuri – Passé) sino que se aplicaría a los lugares en donde se cree que hay grupos que, huyendo de la esclavitud, la muerte, la enfermedad y la evangelización, se adentraron en la selva hace ya años, y que van dejando indicios de su existencia.
Como escribió Roberto Franco, uno de los investigadores sobre pueblos en aislamiento más activos y respetados en Colombia, fallecido hace tres años, “el aislamiento es una estrategia de supervivencia”.
La estrategia es sencilla: si se incluye la protección de los aislados en los planes de manejo territorial de los pueblos indígenas colindantes, o vecinos de los aislados, se asegura su supervivencia y se les garantiza el derecho a no contactarse con blancos o indígenas.
En Colombia hay 2 pueblos confirmados y 17 indicios. Gracias a información satelital se sabe que los Yuri (quienes cuentan con reconocimiento gubernamental) tienen malocas, construidas de dos formas diferentes. Estos hallazgos hacen pensar que hay otro grupo aislado vecino, los Passés.
El empujón que falta
El proceso de consulta previa ha tardado 3 años y costado casi 900 millones de pesos, que se han gastado sobre todo en transporte que sortee la inmensa geografía amazónica. Otra de las tardanzas es que las agendas de los actores implicados se copan por varias razones. El primer semestre de este año, la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC) y la Mesa Regional Amazónica (MRA) se concentraron en la revisión de los decretos producto del acuerdo de paz en el denominado fast track, y ahora, la Minga por la Vida instalada hace 4 días tiene ocupados a los negociadores indígenas y al Ministerio del Interior.
La dificultad más obvia para el diseño de esta política es cómo llegar a un consenso entre las perspectivas culturales de las 10 regiones consultadas y la visión del Estado para proteger algo que es en esencia, intocable, pues para algunas comunidades es cosa común y para otras, tabú.
Este es el tipo de retos complejos a los que se refiere Amelia Chalapud, abogada de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, una de las que ha seguido el proceso de consulta desde que arrancó, en 2014. A pesar de estas diferencias, todos los actores están de acuerdo en dos principios: no contacto y prevención, o como dicen los indígenas de la zona, “garantizar el no molestar”. Lo anterior exige un plan de protección que evite la entrada de amenazas a los territorios de los pueblos en aislamiento, algo así como una barrera alrededor de los territorios que, se presume, usan y habitan. Para ello se requiere una voluntad política tanto de gobiernos como de comunidades indígenas para que, si se reportan indicios de que un pueblo en aislamiento voluntario habita un territorio, la zona sea considerada como intangible y se establezca una estrategia de protección en coordinación con las autoridades locales. Bien sea una maloca de 150 metros cuadrados, como la que se avistó en imágenes de satélite, o una olla y un fogón consumido. Seguramente la población de los Pueblos Aislados no es de “15 o 20 personas” como le hizo saber a este diario el Director de Asuntos Indígenas de la Gobernación del Amazonas, Reinaldo Muca. Son muchísimos más, y debemos respetar su decisión de no mantener contacto alguno con nuestra sociedad.
Por testimonios de sabedores indígenas se sabe que puede haber otros grupos en aislamiento quienes, huyendo del terror de las caucherías, se refugiaron en las cuencas altas y cabeceras de muchos ríos amazónicos. Según Amazon Conservation Team, a pesar de contar con información y coordenadas, este tema en Colombia se maneja en voz baja, pues si se revela demasiada información sensible, podrían repetirse episodios como los de 2015 y 2016, en donde evangélicos estadounidenses entraron por el río Putumayo en una misión religiosa y anacrónica para “civilizar” pueblos en aislamiento. El avance de la cruz en tierra sagrada fue impedido por el esfuerzo coordinado entre las comunidades indígenas, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales, Amazon Conservation Team y la Policía Nacional y es evidencia de que estas relaciones van por buen camino, así el decreto esté demorado.
Ilustración de un yurupixuna con tatuaje facial en el libro "Cariba Malo". Alexandre Rodrigues Ferreira (1974) citado por Roberto Franco (2012)
Una cuestión amazónica
La presencia de pueblos aislados es una realidad extraordinaria que le corresponde a algunos países amazónicos y otro tanto de naciones en el mundo. La urgencia de una política de este tipo fue ratificada por el informe que Colombia presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para discutir la situación de derechos humanos de pueblos en aislamiento voluntario. Es una muestra de que a pesar de que el tema se haya incluido en los dos planes de desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos, en los planes de desarrollo del Amazonas y Caquetá, en la Ley de Víctimas, en el Decreto 2333 de 2014 de territorios ancestrales indígenas, que se haya creado el Parque Nacional Natural Río Puré en 2002, con 999.880 hectáreas exclusivamente para proteger a pueblos en aislamiento y que se haya ampliado el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete para un total de casi 3 millones de hectáreas que colindan con los resguardos Puerto Zábalo Los Monos y Monochoa (en donde hay indicios de presencia de pueblos en aislamiento voluntario), aún queda mucho río por navegar.
Colombia, a diferencia de otros países como Ecuador, Brasil y Perú, aún no cuenta con una política pública que reconozca los derechos de estos pueblos y dicte disposiciones para su protección.
“Los blancos se llevan la selva por delante”
De acuerdo con el mismo documento, las situaciones que amenazan la región tienen un agravante para el caso de los pueblos en aislamiento voluntario. Se ha visto un incremento en actividades de minería ilegal en ríos colindantes al oriente del Parque Nacional Natural Río Puré, en donde están los Yuri – Passé, y se teme que correspondan a estructuras criminales asociadas al narcotráfico. Al sur, por los afluentes del río Putumayo, que hace parte de la Reserva Forestal de la Amazonia, es posible explotar maderas finas con permiso de Corpoamazonía, sin embargo, se hace de manera indiscriminada. Los evangélicos, turistas y aventureros también son una amenaza. Solo el año pasado, un par de polacos se perdieron en el Parque Nacional Natural Chiribiquete y llamaron desde un teléfono satelital hasta Alemania, donde se coordinó la entrada de helicópteros al parque para rescatarlos.
Los armados no se quedan atrás: disidencias del proceso de paz están haciendo presencia en zonas donde antes no estaba, y que en algunos casos ha entrado a zonas intangibles, en donde se cree que habitan pueblos en aislamiento voluntario.
Dada la difícil geografía, el seguimiento de las autoridades a estos temas se complica. Alexander Alfonso, jefe del Parque Nacional Natural Río Puré, cuenta: “Como autoridad ambiental podemos decomisar las balsas mineras que estén dentro del Parque. Sin embargo, tenemos 36 horas para entregarla a las autoridades, y la cabaña dentro del Río Puré queda a 4 días de la base militar más cercana. Además, somos 3 patrulleros en un bote, sin armas, en medio de la nada”. El desafío de las autoridades ambientales es otro tema, pero dado que el Parque Nacional Natural Río Puré está destinado a proteger estos pueblos, es muestra del desafíos que se debe sortear para ejercer la autoridad ambiental en lugares tan apartados de nuestra geografía.
Ante este panorama, la regulación de los territorios de los aislados y los protocolos para atender un posible contacto urgen. Parte de la amarga experiencia colombiana con la protección de los pueblos aislados se aprendió a costillas de los Nükak, que hicieron contacto permanente en 1988 cuando salieron a la cabecera municipal de Miraflores (Guaviare), asediados por los enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y el Ejército. En los siguientes 3 años, el 40 por ciento de la población cayó por gripes y brotes de sarampión que sus sistemas inmunológicos no pudieron resistir. Aunque al siguiente año se creó el PNN Natural Nükak, no corresponde con su territorio ancestral, y lo que sí es su territorio está cundido de minas antipersonales. Hoy, 200 familias agrupadas bajo una incipiente organización política se preguntan cómo carajos volver a su tierra.
Sin ley de origen no hay un buen manejo del territorio
Por ahora, el borrador del decreto ya se consultó en 10 localidades, pasó por las manos de las Mesas Permanentes de Concertación Indígena (MPC) y la Mesa Regional Amazónica (MRA), y ahora está en las de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), quien está delegada para dar la revisión final antes de una última gran reunión entre delegados de las 10 comunidades localidades que fueron consultadas, Ministerio del Interior, Parques Nacionales y las Mesas de Concertación.
La aguja en el pajar
¿Cuál es la prueba definitiva para confirmar un pueblo en aislamiento voluntario? Daniel Aristizábal, uno de los encargados del tema de pueblos aislados en ACT, cuenta cómo la metodología que ideó Roberto Franco se ha pulido con los años. Con la intención de ser lo menos invasivo posible, Franco identificó similitudes en testimonios de caucheros, exploradores, esclavistas portugueses y españoles, misioneros y militares a partir del siglo XVII. Se dio cuenta de que el nombre yurís, yurias, yuripixunas, yurúes, curúis, jurus se repetía. De repente, en 1900, desaparece de los registros. ¿Los mataron, se extinguieron, se escondieron? Puso los puntos en un mapa y se dio cuenta de que cada vez se movían más hacia el centro del bosque. Luego hizo entrevistas con indígenas, chámanes, guerrilleros, misioneros, aventureros y narcos, preguntando si alguien los ha visto o sabe si los vieron. Un análisis biogeográfico le mostró qué parte de la zona que mapeó era habitable. “Una vez triangulado el perímetro, se compró una imagen satelital y se empezó a buscar con paciencia”, dice Aristizábal.
Aunque la burocracia lleva paso de tortuga, las comunidades colindantes a los aislados ya están en marcha. Su estrategia de protección gira en torno al ordenamiento ambiental con autoridades y comunidades vecinas a los pueblos en aislamiento. En resumen, si las comunidades tienen organizado, vigilado y controlado su territorio, de manera autónoma y en parcería con entidades del Estado como Parques Nacionales, van a generar acuerdos de uso y manejo de recursos naturales, y acuerdos de no ingreso a zonas declaradas intangibles. Todo lo anterior parte de la denominada “ley de origen” o mando ancestral que para este tema es clara: “no molestar”, que incluso Parque Río Puré ha adoptado en su trabajo.
Por eso, uno de los retos más bravos para el decreto es cómo incorporar la guianza espiritual: “sin ley de origen no hay manejo del territorio”. Por ejemplo, ¿si un líder indígena tradicional piensa y dice que en determinada zona hay aislados, debería declararse una zona intangible? ¿Esa prueba sería suficiente para que el gobierno colombiano reconozca la existencia de un pueblo en aislamiento? Esta es solo una de las preguntas que se están debatiendo en el valeroso ejercicio de formular un decreto en coordinación con las comunidades indígenas.
Aunque el decreto aún no está firmado, las comunidades llevan 7 años avanzando en esta materia. Sería lamentable para las comunidades indígenas que a pesar de ser la única política de esta índole formulada con su participación y de posicionar a Colombia como referente del tema ante los demás países amazónicos no se culmine con la expedición del decreto.
*InfoAmazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador que cubre el sur de Colombia.
*Fe de errata: Pido excusas a la señora Amelia Chalapud, cuyo nombre quedó mal escrito en la versión impresa de este artículo. También el intertítulo "El empujón que falta" se imprimió como "Una piedra en el zapato", lo que sugiere erróneamente que las consultas previas son un obstáculo, posición que no comparto ni defiendo. (Helena Calle).
En la bocana del río Bernardo, que marca el límite entre del Resguardo Curare-Los Ingleses y el Parque Nacional Natural Cahuinarí, en el margen sur del Río Caquetá, hay una cabaña solitaria. El nombre de ambos honra a “Bernardo Caraballo”, o así le llamaron al indígena del pueblo Yuri que el ejército arrastró hasta el poblado de La Pedrera, Amazonas, en 1969, después de incursionar en búsqueda del extraviado comerciante de pieles Julián Gil Torres. La historia cuenta que los soldados masacraron un número indeterminado de Yuris, y se llevaron a Bernardo, una mujer adulta y tres menores de edad.
Le decían Caraballo, por su parecido con el famoso boxeador de la época. Después de 2 meses en La Pedrera, y comunicándose como pudo, “Bernardo” pidió que los dejaran ir. Los llevaron dentro del río que lleva su nombre, se desnudaron y se sumergieron en la espesura de la selva.
48 años después del episodio, este territorio es ahora la zona que las comunidades del Resguardo Curare los Ingleses que regentan ese territorio, destinaron como intangible para la protección de los Yuri- Passé, o ¨caraballos¨, los primeros pueblos en aislamiento voluntario confirmados en Colombia. La intangibilidad hace parte de una estrategia coordinada entre las comunidades que habitan ese territorio, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales Naturales, la Asociación de Autoridades Indígenas de la Pedrera-Amazonas (AIPEA) y la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas (PANI), la ONG Amazon Conservation Team para crear un cordón que proteja el derecho de los pueblos en aislamiento a permanecer ocultos, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación.
Durante los últimos 3 años, el Ministerio del Interior y las comunidades indígenas vecinas a estos pueblos y otras entidades gubernamentales y de la sociedad civil vienen formulando la primera política pública para la protección de pueblos en aislamiento de Colombia, la primera en el mundo de esta índole que se consulta previamente y que incluye a las comunidades vecinas como actores principales de protección.
Este decreto protegería el derecho de permanecer en estado natural no solo de los pueblos en aislamiento voluntario confirmados (como los Yuri – Passé) sino que se aplicaría a los lugares en donde se cree que hay grupos que, huyendo de la esclavitud, la muerte, la enfermedad y la evangelización, se adentraron en la selva hace ya años, y que van dejando indicios de su existencia.
Como escribió Roberto Franco, uno de los investigadores sobre pueblos en aislamiento más activos y respetados en Colombia, fallecido hace tres años, “el aislamiento es una estrategia de supervivencia”.
La estrategia es sencilla: si se incluye la protección de los aislados en los planes de manejo territorial de los pueblos indígenas colindantes, o vecinos de los aislados, se asegura su supervivencia y se les garantiza el derecho a no contactarse con blancos o indígenas.
En Colombia hay 2 pueblos confirmados y 17 indicios. Gracias a información satelital se sabe que los Yuri (quienes cuentan con reconocimiento gubernamental) tienen malocas, construidas de dos formas diferentes. Estos hallazgos hacen pensar que hay otro grupo aislado vecino, los Passés.
El empujón que falta
El proceso de consulta previa ha tardado 3 años y costado casi 900 millones de pesos, que se han gastado sobre todo en transporte que sortee la inmensa geografía amazónica. Otra de las tardanzas es que las agendas de los actores implicados se copan por varias razones. El primer semestre de este año, la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC) y la Mesa Regional Amazónica (MRA) se concentraron en la revisión de los decretos producto del acuerdo de paz en el denominado fast track, y ahora, la Minga por la Vida instalada hace 4 días tiene ocupados a los negociadores indígenas y al Ministerio del Interior.
La dificultad más obvia para el diseño de esta política es cómo llegar a un consenso entre las perspectivas culturales de las 10 regiones consultadas y la visión del Estado para proteger algo que es en esencia, intocable, pues para algunas comunidades es cosa común y para otras, tabú.
Este es el tipo de retos complejos a los que se refiere Amelia Chalapud, abogada de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, una de las que ha seguido el proceso de consulta desde que arrancó, en 2014. A pesar de estas diferencias, todos los actores están de acuerdo en dos principios: no contacto y prevención, o como dicen los indígenas de la zona, “garantizar el no molestar”. Lo anterior exige un plan de protección que evite la entrada de amenazas a los territorios de los pueblos en aislamiento, algo así como una barrera alrededor de los territorios que, se presume, usan y habitan. Para ello se requiere una voluntad política tanto de gobiernos como de comunidades indígenas para que, si se reportan indicios de que un pueblo en aislamiento voluntario habita un territorio, la zona sea considerada como intangible y se establezca una estrategia de protección en coordinación con las autoridades locales. Bien sea una maloca de 150 metros cuadrados, como la que se avistó en imágenes de satélite, o una olla y un fogón consumido. Seguramente la población de los Pueblos Aislados no es de “15 o 20 personas” como le hizo saber a este diario el Director de Asuntos Indígenas de la Gobernación del Amazonas, Reinaldo Muca. Son muchísimos más, y debemos respetar su decisión de no mantener contacto alguno con nuestra sociedad.
Por testimonios de sabedores indígenas se sabe que puede haber otros grupos en aislamiento quienes, huyendo del terror de las caucherías, se refugiaron en las cuencas altas y cabeceras de muchos ríos amazónicos. Según Amazon Conservation Team, a pesar de contar con información y coordenadas, este tema en Colombia se maneja en voz baja, pues si se revela demasiada información sensible, podrían repetirse episodios como los de 2015 y 2016, en donde evangélicos estadounidenses entraron por el río Putumayo en una misión religiosa y anacrónica para “civilizar” pueblos en aislamiento. El avance de la cruz en tierra sagrada fue impedido por el esfuerzo coordinado entre las comunidades indígenas, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales, Amazon Conservation Team y la Policía Nacional y es evidencia de que estas relaciones van por buen camino, así el decreto esté demorado.
Ilustración de un yurupixuna con tatuaje facial en el libro "Cariba Malo". Alexandre Rodrigues Ferreira (1974) citado por Roberto Franco (2012)
Una cuestión amazónica
La presencia de pueblos aislados es una realidad extraordinaria que le corresponde a algunos países amazónicos y otro tanto de naciones en el mundo. La urgencia de una política de este tipo fue ratificada por el informe que Colombia presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para discutir la situación de derechos humanos de pueblos en aislamiento voluntario. Es una muestra de que a pesar de que el tema se haya incluido en los dos planes de desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos, en los planes de desarrollo del Amazonas y Caquetá, en la Ley de Víctimas, en el Decreto 2333 de 2014 de territorios ancestrales indígenas, que se haya creado el Parque Nacional Natural Río Puré en 2002, con 999.880 hectáreas exclusivamente para proteger a pueblos en aislamiento y que se haya ampliado el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete para un total de casi 3 millones de hectáreas que colindan con los resguardos Puerto Zábalo Los Monos y Monochoa (en donde hay indicios de presencia de pueblos en aislamiento voluntario), aún queda mucho río por navegar.
Colombia, a diferencia de otros países como Ecuador, Brasil y Perú, aún no cuenta con una política pública que reconozca los derechos de estos pueblos y dicte disposiciones para su protección.
“Los blancos se llevan la selva por delante”
De acuerdo con el mismo documento, las situaciones que amenazan la región tienen un agravante para el caso de los pueblos en aislamiento voluntario. Se ha visto un incremento en actividades de minería ilegal en ríos colindantes al oriente del Parque Nacional Natural Río Puré, en donde están los Yuri – Passé, y se teme que correspondan a estructuras criminales asociadas al narcotráfico. Al sur, por los afluentes del río Putumayo, que hace parte de la Reserva Forestal de la Amazonia, es posible explotar maderas finas con permiso de Corpoamazonía, sin embargo, se hace de manera indiscriminada. Los evangélicos, turistas y aventureros también son una amenaza. Solo el año pasado, un par de polacos se perdieron en el Parque Nacional Natural Chiribiquete y llamaron desde un teléfono satelital hasta Alemania, donde se coordinó la entrada de helicópteros al parque para rescatarlos.
Los armados no se quedan atrás: disidencias del proceso de paz están haciendo presencia en zonas donde antes no estaba, y que en algunos casos ha entrado a zonas intangibles, en donde se cree que habitan pueblos en aislamiento voluntario.
Dada la difícil geografía, el seguimiento de las autoridades a estos temas se complica. Alexander Alfonso, jefe del Parque Nacional Natural Río Puré, cuenta: “Como autoridad ambiental podemos decomisar las balsas mineras que estén dentro del Parque. Sin embargo, tenemos 36 horas para entregarla a las autoridades, y la cabaña dentro del Río Puré queda a 4 días de la base militar más cercana. Además, somos 3 patrulleros en un bote, sin armas, en medio de la nada”. El desafío de las autoridades ambientales es otro tema, pero dado que el Parque Nacional Natural Río Puré está destinado a proteger estos pueblos, es muestra del desafíos que se debe sortear para ejercer la autoridad ambiental en lugares tan apartados de nuestra geografía.
Ante este panorama, la regulación de los territorios de los aislados y los protocolos para atender un posible contacto urgen. Parte de la amarga experiencia colombiana con la protección de los pueblos aislados se aprendió a costillas de los Nükak, que hicieron contacto permanente en 1988 cuando salieron a la cabecera municipal de Miraflores (Guaviare), asediados por los enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y el Ejército. En los siguientes 3 años, el 40 por ciento de la población cayó por gripes y brotes de sarampión que sus sistemas inmunológicos no pudieron resistir. Aunque al siguiente año se creó el PNN Natural Nükak, no corresponde con su territorio ancestral, y lo que sí es su territorio está cundido de minas antipersonales. Hoy, 200 familias agrupadas bajo una incipiente organización política se preguntan cómo carajos volver a su tierra.
Sin ley de origen no hay un buen manejo del territorio
Por ahora, el borrador del decreto ya se consultó en 10 localidades, pasó por las manos de las Mesas Permanentes de Concertación Indígena (MPC) y la Mesa Regional Amazónica (MRA), y ahora está en las de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), quien está delegada para dar la revisión final antes de una última gran reunión entre delegados de las 10 comunidades localidades que fueron consultadas, Ministerio del Interior, Parques Nacionales y las Mesas de Concertación.
La aguja en el pajar
¿Cuál es la prueba definitiva para confirmar un pueblo en aislamiento voluntario? Daniel Aristizábal, uno de los encargados del tema de pueblos aislados en ACT, cuenta cómo la metodología que ideó Roberto Franco se ha pulido con los años. Con la intención de ser lo menos invasivo posible, Franco identificó similitudes en testimonios de caucheros, exploradores, esclavistas portugueses y españoles, misioneros y militares a partir del siglo XVII. Se dio cuenta de que el nombre yurís, yurias, yuripixunas, yurúes, curúis, jurus se repetía. De repente, en 1900, desaparece de los registros. ¿Los mataron, se extinguieron, se escondieron? Puso los puntos en un mapa y se dio cuenta de que cada vez se movían más hacia el centro del bosque. Luego hizo entrevistas con indígenas, chámanes, guerrilleros, misioneros, aventureros y narcos, preguntando si alguien los ha visto o sabe si los vieron. Un análisis biogeográfico le mostró qué parte de la zona que mapeó era habitable. “Una vez triangulado el perímetro, se compró una imagen satelital y se empezó a buscar con paciencia”, dice Aristizábal.
Aunque la burocracia lleva paso de tortuga, las comunidades colindantes a los aislados ya están en marcha. Su estrategia de protección gira en torno al ordenamiento ambiental con autoridades y comunidades vecinas a los pueblos en aislamiento. En resumen, si las comunidades tienen organizado, vigilado y controlado su territorio, de manera autónoma y en parcería con entidades del Estado como Parques Nacionales, van a generar acuerdos de uso y manejo de recursos naturales, y acuerdos de no ingreso a zonas declaradas intangibles. Todo lo anterior parte de la denominada “ley de origen” o mando ancestral que para este tema es clara: “no molestar”, que incluso Parque Río Puré ha adoptado en su trabajo.
Por eso, uno de los retos más bravos para el decreto es cómo incorporar la guianza espiritual: “sin ley de origen no hay manejo del territorio”. Por ejemplo, ¿si un líder indígena tradicional piensa y dice que en determinada zona hay aislados, debería declararse una zona intangible? ¿Esa prueba sería suficiente para que el gobierno colombiano reconozca la existencia de un pueblo en aislamiento? Esta es solo una de las preguntas que se están debatiendo en el valeroso ejercicio de formular un decreto en coordinación con las comunidades indígenas.
Aunque el decreto aún no está firmado, las comunidades llevan 7 años avanzando en esta materia. Sería lamentable para las comunidades indígenas que a pesar de ser la única política de esta índole formulada con su participación y de posicionar a Colombia como referente del tema ante los demás países amazónicos no se culmine con la expedición del decreto.
*InfoAmazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador que cubre el sur de Colombia.
*Fe de errata: Pido excusas a la señora Amelia Chalapud, cuyo nombre quedó mal escrito en la versión impresa de este artículo. También el intertítulo "El empujón que falta" se imprimió como "Una piedra en el zapato", lo que sugiere erróneamente que las consultas previas son un obstáculo, posición que no comparto ni defiendo. (Helena Calle).