Vaca de US$100 millones para proteger los bosques colombianos

Uno de los peores enemigos del Amazonas es la ganadería. Así que la solución que encontraron Noruega, el Reino Unido y Alemania para ayudar a proteger la selva colombiana fue crear una “vaca” de US$100 millones que se entregará sólo si el país logra reducir a cero la tasa de deforestación neta en ese inmenso territorio que abarca casi la mitad de nuestro territorio. Se trata de una bolsa de dinero equivalente a cuatro veces el presupuesto que cada año se destina a cuidar los parques nacionales.

Hoy en París, donde se lleva a cabo la Cumbre de Cambio Climático, representantes de los cuatro gobiernos presentarán oficialmente los detalles de una negociación que se ha extendido por dos años. No ha sido fácil acordar la letra menuda del acuerdo. Desde la forma en que se medirá y verificará el monitoreo de los bosques, hasta las condiciones de los pagos.

“Colombia está totalmente comprometida en aumentar sus esfuerzos para promover el uso sostenible de los bosques y trabajar sobre las causas de la deforestación mediante la transformación del sector ganadero. Asimismo, trabajamos de forma contundente para enfrentar la minería criminal, la tala ilegal y los cultivos ilícitos en zonas forestales”, comentó el presidente Juan Manuel Santos, quien participa en la reunión de mandatarios que buscan impulsar un acuerdo global para frenar el cambio climático.

Erna Solberg, la primera ministra de Noruega, comentó que “las ambiciones de Colombia para proteger sus bosques y hacer crecer su economía rural en paralelo son admirables. Su alianza con Alemania, el Reino Unido y Noruega es innovadora. Seremos un socio que demuestre consistencia y dedicación para Colombia con base en el principio de pago por resultados”.

Pese a las buenas intenciones y el optimismo, no será una tarea fácil para Colombia cumplir con el compromiso. Aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la deforestación, la degradación de los bosques y el sector agrícola. Hace menos de quince días, el Ideam presentó los resultados anuales de deforestación con una mala noticia: esta aumentó 16 % en el último año.

Según el Gobierno, la única región del país en que disminuyó la tala fue precisamente el Amazonas, aunque al mismo tiempo es la zona con la mayor tasa. Mientras en 2013 se perdieron 68.725 hectáreas, este último año la cifra bajó a 63.280 hectáreas. La diferencia, que podría parecer un signo positivo, en realidad se encuentra dentro del margen de error del sistema de monitoreo. Es decir, que matemáticamente todo sigue igual. Y si hubo una reducción real, es difícil atribuirla a un verdadero programa y una política contra la deforestación.

“Colombia no tiene una política de deforestación consistente”, explicó a El Espectador una persona involucrada en el proceso. “Si la hubiera, tendría que crear una política agropecuaria distinta”. De hecho, por estos días varios líderes del sector ambiental, como Julio Carrizosa, Manuel Rodríguez Becerra y Juan Pablo Ruiz, han lanzado duras críticas al proyecto de ley 223 que hace curso en el Congreso y que busca crear las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). De acuerdo con el proyecto, que cuenta con un fuerte respaldo del sector agroindustrial, permitiría extraer zonas de reserva forestal sin que puedan intervenir ni las autoridades locales ni el Sistema Nacional Ambiental.

“Los espectadores que se conmueven contemplando los bosques y los animales que se muestran con tanta efectividad en el documental Colombia: magia salvaje no se imaginan que en estos mismos días el Congreso está a punto de aprobar una ley que pondrá en peligro esa naturaleza”, escribió Julio Carrizosa.

Una crítica a la que Juan Pablo Ruiz sumó otra: “el futuro de los bosques se compromete en el texto del Acuerdo de La Habana sobre Reforma Rural Integral, que se basa en la titulación de baldíos nacionales (reservas forestales) a campesinos sin tierra. La propuesta de intervención no garantiza sostenibilidad económica ni ambiental en ecosistemas frágiles”.

De cara a la lucha global para frenar el calentamiento global, Colombia se comprometió a reducir 20 % sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a lo que produciría en 2030 si no tomara ninguna medida. Los dos convenios para luchar contra la deforestación, si se ejecutaran de manera correcta, pondrían a Colombia cerca de esa meta.

¿Qué ganan los europeos en este convenio? Muchos ya comenzaron a buscar el gato encerrado. La respuesta quizás la dio años atrás el economista Nicholas Stern en su famoso informe sobre cambio climático encargado por el gobierno del Reino Unido: se necesita tan sólo una inversión equivalente al 1 % del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático, pero de no hacerse dicha inversión, el mundo se expondría a una recesión que podría alcanzar el 20 % del PIB global. Los bosques al final de cuentas no conocen fronteras políticas, le prestan sus servicios a todo el planeta. Y eso parece que lo entendieron mejor los políticos europeos.

Uno de los peores enemigos del Amazonas es la ganadería. Así que la solución que encontraron Noruega, el Reino Unido y Alemania para ayudar a proteger la selva colombiana fue crear una “vaca” de US$100 millones que se entregará sólo si el país logra reducir a cero la tasa de deforestación neta en ese inmenso territorio que abarca casi la mitad de nuestro territorio. Se trata de una bolsa de dinero equivalente a cuatro veces el presupuesto que cada año se destina a cuidar los parques nacionales.

Hoy en París, donde se lleva a cabo la Cumbre de Cambio Climático, representantes de los cuatro gobiernos presentarán oficialmente los detalles de una negociación que se ha extendido por dos años. No ha sido fácil acordar la letra menuda del acuerdo. Desde la forma en que se medirá y verificará el monitoreo de los bosques, hasta las condiciones de los pagos.

“Colombia está totalmente comprometida en aumentar sus esfuerzos para promover el uso sostenible de los bosques y trabajar sobre las causas de la deforestación mediante la transformación del sector ganadero. Asimismo, trabajamos de forma contundente para enfrentar la minería criminal, la tala ilegal y los cultivos ilícitos en zonas forestales”, comentó el presidente Juan Manuel Santos, quien participa en la reunión de mandatarios que buscan impulsar un acuerdo global para frenar el cambio climático.

Erna Solberg, la primera ministra de Noruega, comentó que “las ambiciones de Colombia para proteger sus bosques y hacer crecer su economía rural en paralelo son admirables. Su alianza con Alemania, el Reino Unido y Noruega es innovadora. Seremos un socio que demuestre consistencia y dedicación para Colombia con base en el principio de pago por resultados”.

Pese a las buenas intenciones y el optimismo, no será una tarea fácil para Colombia cumplir con el compromiso. Aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la deforestación, la degradación de los bosques y el sector agrícola. Hace menos de quince días, el Ideam presentó los resultados anuales de deforestación con una mala noticia: esta aumentó 16 % en el último año.

Según el Gobierno, la única región del país en que disminuyó la tala fue precisamente el Amazonas, aunque al mismo tiempo es la zona con la mayor tasa. Mientras en 2013 se perdieron 68.725 hectáreas, este último año la cifra bajó a 63.280 hectáreas. La diferencia, que podría parecer un signo positivo, en realidad se encuentra dentro del margen de error del sistema de monitoreo. Es decir, que matemáticamente todo sigue igual. Y si hubo una reducción real, es difícil atribuirla a un verdadero programa y una política contra la deforestación.

“Colombia no tiene una política de deforestación consistente”, explicó a El Espectador una persona involucrada en el proceso. “Si la hubiera, tendría que crear una política agropecuaria distinta”. De hecho, por estos días varios líderes del sector ambiental, como Julio Carrizosa, Manuel Rodríguez Becerra y Juan Pablo Ruiz, han lanzado duras críticas al proyecto de ley 223 que hace curso en el Congreso y que busca crear las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). De acuerdo con el proyecto, que cuenta con un fuerte respaldo del sector agroindustrial, permitiría extraer zonas de reserva forestal sin que puedan intervenir ni las autoridades locales ni el Sistema Nacional Ambiental.

“Los espectadores que se conmueven contemplando los bosques y los animales que se muestran con tanta efectividad en el documental Colombia: magia salvaje no se imaginan que en estos mismos días el Congreso está a punto de aprobar una ley que pondrá en peligro esa naturaleza”, escribió Julio Carrizosa.

Una crítica a la que Juan Pablo Ruiz sumó otra: “el futuro de los bosques se compromete en el texto del Acuerdo de La Habana sobre Reforma Rural Integral, que se basa en la titulación de baldíos nacionales (reservas forestales) a campesinos sin tierra. La propuesta de intervención no garantiza sostenibilidad económica ni ambiental en ecosistemas frágiles”.

De cara a la lucha global para frenar el calentamiento global, Colombia se comprometió a reducir 20 % sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a lo que produciría en 2030 si no tomara ninguna medida. Los dos convenios para luchar contra la deforestación, si se ejecutaran de manera correcta, pondrían a Colombia cerca de esa meta.

¿Qué ganan los europeos en este convenio? Muchos ya comenzaron a buscar el gato encerrado. La respuesta quizás la dio años atrás el economista Nicholas Stern en su famoso informe sobre cambio climático encargado por el gobierno del Reino Unido: se necesita tan sólo una inversión equivalente al 1 % del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático, pero de no hacerse dicha inversión, el mundo se expondría a una recesión que podría alcanzar el 20 % del PIB global. Los bosques al final de cuentas no conocen fronteras políticas, le prestan sus servicios a todo el planeta. Y eso parece que lo entendieron mejor los políticos europeos.