Voces del debate del documental 970

Agricultor en campos de arroz en el Tolima. / Neil Palmer- CIAT

Las imágenes de funcionarios del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), escoltados por el Esmad, incautando 62 toneladas de semillas de arroz a un grupo de campesinos de Campoalegre, Huila, para más adelante destruirlas, generaron controversia en el país.

Los hechos, divulgados en un documental de la realizadora Victoria Solano, se atribuyen a la resolución 970 (número que corresponde además al nombre de la pieza audiovisual), la cual fue expedida en 2010 y pretende regular el uso fitosanitario de las semillas en Colombia.

A su vez, según narra la documentalista, la norma pone en práctica los conceptos de propiedad intelectual sobre estos recursos genéticos, que fueron requisito para la aprobación del TLC entre Colombia y Estados Unidos.

En respuesta a esto, el documental cuestiona por qué a los campesinos de Campoalegre se les prohíbe guardar la mejor parte de su cosecha para sembrarla de nuevo y obtener mejor rendimiento de su cultivo, tradición que han practicado por décadas.

Sin embargo, según el ICA, la entidad realizó el decomiso y destrucción porque gran parte de las semillas de arroz (producto de semilla modificada y no nativa) estaban contaminadas y empacadas en costales de harina y fertilizantes, y esto, según ellos, podría significar un riesgo fitosanitario.

 Además, el ICA dejó claro que la 970 no tiene relación alguna con el TLC, que la normativa en esta materia se expide desde el año 1976 y que se ha modificado según avances científicos y legislativos. Incluso, el organismo prepara en la actualidad una nueva modificación de la resolución en la que aclara que la norma no aplica para semillas criollas y la hace mucho más comprensible para el campesino.

Pese a esto, Victoria Solano relaciona la 970 con el UPOV, un convenio internacional para la unión de protección de los sectores vegetales. Aunque el convenio regía desde antes de la firma del TLC, Colombia lo renovó como un garante para el tratado.

Ana Luisa Díaz, directora técnica de Semillas del ICA, aclara que la 970 no ataca las semillas nativas, aunque sí admite que las semillas certificadas (las modificadas genéticamente) sólo podrán ser resembradas por pequeños agricultores en áreas que no superen las cinco hectáreas y cuyos frutos sean para consumo personal, sin fines comerciales.

Las alarmas sobre cómo se legisla en materia de semillas en el país se encendieron con la divulgación del documental y la publicación de una columna en El Espectador titulada “Tener una semilla es un delito: la nueva dictadura alimentaria”, de Dharmadeva. De otro lado, las imágenes llegaron en un momento álgido para el país: un paro agrario que se ha extendido por 14 días.

A propósito, el ICA, un representante de los campesinos de Campoalegre, la directora del documental y expertos en semillas y TLC con EE.UU. descifran los pormenores de esta discusión.

Victoria Solano

“El documental, más allá de enfatizar en si los campesinos utilizaban semillas criollas o certificadas, pone en el ojo y cuestiona sobre la forma en la que se legisla acerca de las semillas y patentes en Colombia. Por ejemplo, el ICA dice que sí pueden resembrar los campesinos que tengan cinco o menos hectáreas, y claro, pero después de que ellos hagan un montón de papeleo. Yo me pregunto qué pasa con los de 6, 7 y 8 hectáreas, ¿son considerados iguales que los que tienen 200? Eso es un poco injusto.

Cuando llegué a Campoalegre, lo primero que hallé fue que existía la 970, luego encontré que dicha resolución se daba en el contexto del TLC con Estados Unidos y luego que en ese tratado se pedían prerrequisitos. Entonces Colombia suscribía un tratado internacional que se denomina el UPOV, el cual coincide con lo que empieza a legislar el ICA con semillas.

He insistido en que mi punto con el documental era mostrar el drama y la cara de los campesinos. Lo que se hace en el documental es narrar el resultado de una investigación a través de una propuesta estética. Quiero decir que a un documentalista lo que se le exige es la verdad, no se le exige objetividad. A un documentalista no se le pide lo que a un periodista: una neutralidad a ‘rajatabla’. He explicado muchas veces que soy realizadora audiovisual, también soy periodista, y que eso me dio la oportunidad de escoger un formato que refleja mi posición frente al asunto, con datos sustentados y una información verificada.

Me mantengo en el hecho de que no es casualidad que todos los países que tengan TLC tengan leyes gemelas sobre semillas, no es casualidad el concepto de semilla que tiene Colombia y que sea el mismo que tienen todos los países con este tratado. La pregunta es clara: ¿no existen otras maneras de aplicar esa resolución, formas que no afecten tanto al agricultor, quien no conoce claramente la norma?”.

Teresita Beltrán 

“La 970 no le está prohibiendo a ningún agricultor en el país que siga haciendo su producción tradicional y su guardado de semilla nativa o natural. La resolución de nosotros está dirigida a los materiales mejorados, no a los nativos, porque esa no es nuestra competencia. Nosotros tomamos la determinación de destruir las semillas (modificadas) que se ven en el video porque, desde el punto de vista sanitario, encontramos que no eran aptas para el consumo humano e igual solicitamos un concepto al Invima para esto.

Sentimos que el documental 970 le está haciendo daño a la opinión pública, menciona transgénicos, multinacionales, Obama, TLC, muchas cosas que en realidad no son ciertas. Por ejemplo, es imposible que esto tenga algo que ver con el TLC, porque desde el año 1976 venimos legislando en semillas y modificando en distintos años esta normativa, conforme a avances en la ciencia.

Como país ninguno negocia su parte sanitaria y quisiera retar a alguien que me diga en qué artículo del TLC está el punto en el que el ICA debe hacer uso de semillas certificadas extranjeras. Eso es una calumnia. Si hablamos de arroz, el 100% de las semillas del país son nacionales.

El ICA no es agresor de los campesinos, de hecho, nosotros sí permitimos que los pequeños agricultores que tengan cinco o menos hectáreas guarden lo mejor de su cosecha y hagan su resiembra. Reconocemos que aunque al leer la norma es claro que se habla de semillas certificadas, de todas formas en una nueva modificación de la 970, en la que venimos trabajando hace más de un año, vamos a tratar de hacer la norma más amigable para el campesino y de aclarar en un parágrafo que dicha resolución no aplica para las especies nativas ni criollas”.

Juan Lucas Restrepo

En 2002, jefe negociador de las medidas fitosanitarias para la firma del TLC.

“Hay dos cosas por decir. Por un lado, el documental ‘9,70’ está cargado de desinformación, está hecho con mala intención para atacar las políticas públicas. De otro lado, es positivo porque puso a hablar del tema de las semillas, un eje fundamental para el desarrollo del agricultor.

Con la firma del TLC con EE.UU. no se llegó a ningún acuerdo con relación al manejo de las semillas, sólo se negociaron aranceles y normas de origen de productos. En ningún lugar del acuerdo existe alguna indicación sobre lo que Colombia debe hacer con las semillas: ahí tenemos total soberanía.

Es falso que sea ilegal guardar semillas para futuros cultivos. Es más, en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) existe una ‘copia de seguridad’ con más de 43.000 semillas destinadas para los agricultores.

En la mesa que yo lideré, en ningún momento se puso como requisito que Colombia tenía que adherirse a la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV, por sus siglas en inglés) para llegar a la firma del tratado. La discusión se centró en el origen de la propiedad intelectual y se buscaba mirar las políticas de cada país en términos de derechos de autor, patentes y otros temas.

En los últimos 30 años, el país abandonó los temas de innovación, ciencia y tecnología. Falta mucho trabajo con los agricultores para mejorar la productividad del agro”.

Esaín Calderón

Abogado defensor de los campesinos de Campoalegre, protagonistas del documental.

“Aquí existe una comunidad que tiene unas prácticas agrícolas adquiridas por los mismos campesinos, quienes nunca se han beneficiado de una política de educación agraria. Más que desconocimiento de la 970, está el hecho de que, por un lado, va la resolución a la luz de las adecuaciones normativas y, por el otro, va la justicia material, lo que los campesinos hacen a diario.

Si bien es cierto lo que el documental muestra, que los campesinos reservan lo mejor de su cosecha (producto de semilla certificada) para volver a sembrar y que a la luz de la 970 esto es un delito, en el caso de los campesinos de Campoalegre ellos no guardaban estos bultos para siembra, sino que secaban su arroz para ponerlo a la venta. Fue allí donde el ICA realizó una mala práctica normativa y donde nosotros respondemos con elementos como una prueba de absorción atómica que revela que el arroz sí era apto para el consumo.

Cuando el ICA dice que el 100% de sus semillas son comercializadas por compañías nacionales, hay que cuestionarse dónde se produce la patente. Claro que las semillas son 100% producidas en lotes nacionales, pero el 50% de estas tienen derechos de obtentor de transnacionales.

Debe realizarse una discusión sobre si a la propiedad intelectual en los derechos para producir alimentos se le debe dar el mismo tratamiento que a los bienes materiales. Creo que debería dársele un trato diferente. La humanidad no está en disposición de quedar sujeta a que cinco casas comerciales del mundo le indiquen qué comer y a qué costo”.

Daniel Debouck

Director del Programa de Recursos Genéticos del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

“Los campesinos tienen un sistema tradicional de producción de semillas que existe desde hace siglos y cuyo papel sigue siendo clave en asuntos de seguridad alimentaria. Sin embargo, estos mecanismos propios no están en sintonía con las dinámicas del comercio agrario actual, y de allí provienen los malos entendidos.

Aunque las variedades tradicionales de semilla han permitido el éxito de variedades mejoradas, éstas han abierto la puerta para la competencia y la consecuente desaparición de las especies locales, porque las últimas generan una productividad hasta tres veces mayor.

En otros países esta situación no se presenta porque existe un solo sistema establecido que busca la conservación de semillas. Pero en países andinos como Colombia hay dos sistemas paralelos, el comercial y el de los campesinos, sin mucha interacción.

Como CIAT podemos decir que ahí hay un problema potencial. La preservación de este patrimonio biológico surge de la curiosidad de científicos y no de una acción concertada del Estado que tiene soberanía sobre sus recursos genéticos. ¿Quién está observando qué se negocia con las variedades mejoradas en el momento de acuerdos de libre comercio?, ¿quién está observando que existe un fenómeno de extinción de las semillas?

 Por lo pronto necesitamos una cadena de semillas que sea fuerte, robusta, que sirva a los agricultores y que pueda respaldar la necesidad de alimentar a una población cada vez mayor. Pero el contexto agrícola cambia cada vez más con las aperturas comerciales.