El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, criticó la postura del procurador General de la Nación frente al aborto, porque a pesar de la vigencia de parámetros legales en los que se funda su práctica en Colombia, dice, el jefe del Ministerio Público no las ha respaldado.
El organismo multilateral recordó que la Corte Constitucional avaló su práctica frente a casos excepcionales como la violación, el riesgo de muerte de la gestante con ocasión del embarazo o cuando sea el bebé quien presente malformaciones y que, a pesar de ello, hay profesionales de la salud que se siguen negando a efectuar intervenciones de esta naturaleza.
Indicó que es preocupante que "proveedores de servicios de salud se niegan a proporcionar abortos legales y que el Procurador General de la Nación no apoya la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional (C-355 de 2006) en esta materia".
La organización ofreció reconocimiento al Estado colombiano por haber dado vía libre a la aplicación del aborto en las descritas circunstancias, en tanto que advirtió la necesidad de ofrecer una estrategia clara y agresiva en la materia, con el fin de evitar que las mujeres sigan poniendo en riesgo sus vidas, recurriendo métodos poco ortodoxos para interrumpir voluntariamente sus embarazos.
"Al Comité le preocupa que la insuficiente educación sexual en el curriculum escolar, y de información pública sobre cómo acceder a un aborto legal, sigue causando la pérdida de la vida para mujeres que han recurrido a abortos inseguros", sostuvo la dependencia de la ONU.
En ese sentido, la Corte emitió una nueva sentencia, la T-388 de 2009, que conmina a los entes de control y al Gobierno Nacional a diseñar una agresiva plataforma que garantice la formación pedagógica a las adolescentes colombianas, en torno a los derechos sexuales femeninos, en lo que fue denominado como la cátedra del aborto; se trata de un fallo que fue apelado por el Procurador ante la Sala Plena de la Corporación.
Insistió, así mismo, en conminar al Estado a crear las herramientas del que sea necesario disponer para que ningún médico pueda negarse a practicar la intervención bajo las condiciones señaladas en la sentencia de la Corte Constitucional.
Para la abogada Mónica Roa, directora de programas de Women´s Link Wirldwide, este es un claro llamado al jefe del Ministerio Pública para que dimensione los derechos sexuales de las mujeres como una garantía central de su existencia.
"Es una exhortación también para que el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez reconozca que en efecto el aborto y los derechos sexuales y reproductivos hacen parte de los derechos humanos y por lo tanto entienda que su obligación es respetarlos y hacerlos garantizar", puntualizó.