La Comisión Europea sigue adelante con los aranceles al coche de batería eléctrica importado desde China para compensar los subsidios ilegales de Pekín a sus productores, después de que este jueves concluyera sin éxito una reunión en Bruselas entre el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y el ministro de Comercio del gigante asiático, Wang Wentao, con la que buscaron resolver la crisis abierta entre las dos regiones.
“Las dos partes acordamos intensificar los esfuerzos para encontrar una solución efectiva, aplicable y compatible con la OMC (Organización Mundial del Comercio) en el caso de los coches eléctricos”, ha dicho Dombrovskis en un breve comunicado difundido en redes sociales.
El negociador comunitario ha dejado claro en su declaración que la voluntad de alcanzar un acuerdo se produce “sin perjuicio de la investigación de la Unión Europea y sus plazos”.
Bruselas aplica desde principios de julio pasado tarifas de hasta el 38,1% al automóvil de batería eléctrica importado desde China, una medida de defensa comercial que es provisional, pero que puede convertirse en definitiva si no se forma una mayoría suficiente en contra de países de la Unión Europea que la bloqueen en una próxima votación.
El gravamen, que se suma al 10% que la UE ya aplica a las importaciones de vehículos, será permanente salvo que una mayoría cualificada de Estados miembro (15 países que sumen como mínimo al 65% de la población total de la UE) vote en contra en una reunión técnica que debía celebrarse la próxima semana pero que, fuentes europeas consultadas por Europa Press, sitúan más adelante, en torno al 30 de septiembre. Y es que según el reglamento comunitario, hay margen hasta finales de octubre para celebrar la votación.
Francia e Italia lideran los países favorables a la aplicación de los aranceles, mientras que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se unió la semana a su homólogo alemán, Olaf Scholz, cuando durante un viaje oficial a China pidió a Bruselas que reconsidere su posición.
En una primera votación no vinculante a mediados de julio, España votó a favor de la medida junto a París y Roma y otros nueve países, mientras que Berlín y otros diez se abstuvieron y Hungría, Eslovaquia, Malta y Chipre votaron en contra. La petición de Sánchez se produjo en el contexto de la investigación que en contrapartida ha iniciado China a las importaciones de carne de cerdo y productos lácteos de la UE, que para España representan una factura de exportaciones de casi 1.900 millones de euros en el primer caso y de 91 millones en el segundo.
Si Bruselas y Pekín no llegan a un acuerdo antes de que los Veintisiete se pronuncien, los aranceles entrarán definitivamente en vigor durante un máximo de cinco años, a no ser que se opongan 15 países que representen al menos al 65 % de la población de la UE.