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En Colombia, las ciclovías están diseñadas como espacios exclusivos para el tránsito seguro de personas en bicicleta, un medio de transporte que contribuye a la movilidad sostenible y la reducción de la contaminación. Sin embargo, la presencia de vehículos motorizados en estas vías representa un riesgo significativo tanto para los usuarios de bicicletas como para los peatones, lo que ha llevado a la implementación de sanciones específicas. En este contexto, se busca regular de manera estricta el uso de las ciclovías, reforzando así el respeto por estas zonas y promoviendo una cultura vial que priorice la seguridad de todos los actores en la vía.
Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad vial y director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, destaca que Bogotá, con sus 630 kilómetros de ciclorutas, se posiciona como una de las ciudades líderes en infraestructura para ciclistas en América Latina.
“Este sistema, compuesto por carriles exclusivos, ofrece a los ciclistas una opción práctica y segura para moverse, extendiéndose también para el uso de patinetas y patinetas eléctricas. Además, la red de ciclorutas se integra con el sistema de transporte público, permitiendo una movilidad sostenible y conectada en la capital colombiana, lo cual contribuye a un modelo de ciudad más amigable con el medio ambiente y accesible para quienes optan por medios de transporte alternativos”, señala.
Nieto subraya, además, la diferencia entre las ciclorutas y las ciclovías. Mientras las ciclorutas son carriles permanentes dedicados al transporte de bicicletas y otros medios de movilidad no motorizada, las ciclovías cumplen un rol recreativo, abriéndose al público principalmente los fines de semana.
Bogotá fue pionera en inaugurar la ciclovía el 15 de diciembre de 1974, un modelo que ha sido replicado en 53 ciudades de Colombia y en varias ciudades del continente americano e incluso en Europa, gracias a su efectividad en términos de inversión estatal y el alto número de personas que participan en esta actividad semanal.
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¿Cuál es la multa por manejar carro en una ciclovía?
De acuerdo con el experto, la normativa de tránsito en Colombia establece sanciones específicas para quienes transiten en ciclovías y ciclorutas, espacios diseñados para peatones, ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados.
Aunque el código de tránsito colombiano no menciona explícitamente ciclorutas o ciclovías, clasifica estas áreas dentro de las “zonas con restricción particular de las autoridades competentes”. De esta forma, conducir un vehículo en ciclovías o ciclorutas constituye una infracción que se equipara con transitar en aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas y zonas verdes, lugares donde se prohíbe el acceso a vehículos motorizados sin excepción.
Esta infracción, tipificada con el código D5 en la normativa de tránsito, conlleva una multa que puede alcanzar los 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que equivale a aproximadamente a 1.300.000 en 2024.
Además de la sanción económica, la infracción acarrea la inmovilización del vehículo por el periodo que determine la autoridad. Durante este tiempo, el propietario del vehículo deberá asumir no solo el valor de la multa, sino también los costos asociados al procedimiento de inmovilización, tales como el parqueadero y el servicio de grúa, lo que incrementa significativamente el gasto para el infractor.
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La normativa es clara y no contempla excepciones o permisos especiales para permitir la circulación de vehículos motorizados en ciclovías o ciclorutas. A diferencia de medidas como el “pico y placa solidario”, que permiten ciertas exenciones mediante un pago adicional, en el caso de las ciclovías y ciclorutas no existe ninguna modalidad de extensión o trámite que autorice el uso de estos espacios por parte de automóviles o motocicletas. Este enfoque refleja una política de protección estricta hacia ciclistas y peatones, usuarios que suelen ser los más vulnerables en las vías y enfrentan un mayor riesgo de sufrir accidentes graves o fatales.
Diversos organismos, incluidas la Corte Constitucional y el gobierno nacional, han emitido lineamientos que refuerzan la necesidad de garantizar la seguridad de ciclistas y peatones. Ambos grupos son especialmente susceptibles a lesiones graves o a fatalidades en accidentes de tránsito debido a la exposición directa de sus cuerpos al impacto con vehículos motorizados. “Estas medidas buscan promover un ambiente vial más seguro y reducir el índice de accidentalidad, así como proteger la integridad de quienes eligen medios de transporte sostenibles o disfrutan de actividades recreativas en las ciclovías”, destaca Nieto.
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