Una crítica a la seguridad vehicular

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que para 2020 los habitantes de países latinoamericanos serán tres veces más susceptibles a morir en accidentes viales que los de países desarrollados. Esto quiere decir que, para ese año, 31 personas por cada 100.000 habitantes fallecerían en incidentes de tránsito.

Las cifras son alarmantes, pero lo es aún más la falta de voluntad de algunas de las marcas por importar autos más seguros. A eso se suma la ausencia de leyes que exijan a las compañías incluir en los modelos vendidos elementos de seguridad esenciales, como más de dos airbags, frenos ABS y control de estabilidad.

Según Ignacio Juárez, gerente de Cesvimap (Centro de Experimentación y Seguridad Vial Mapfre), a falta de iniciativa del sector privado, debe ser el Estado quien promueva la seguridad, pues este tiene el deber de proteger a los ciudadanos mediante la implementación de leyes que hagan que los carros que ruedan sean lo menos nocivos para sus usuarios.

El problema central radica en que algunas marcas se enfocan en ofrecer carros que sean asequibles para el consumidor. Esto quiere decir que buscan hacer máquinas con un bajo precio de producción. En este sentido, para reducir costos, se sacrifican elementos de seguridad. Es por esto, que el programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), ha otorgado a varios de los carros más populares en el mercado una calificación de cero estrellas.

Alejandro Furas, secretario general de esta organización, dice que “es una gran desilusión que fabricantes líderes sigan ofreciendo autos de cero estrellas en América Latina”. Agrega que los consumidores “no merecen este tipo de vehículos por parte de empresas que saben perfectamente producir autos mucho más seguros”.

Para Furas, “resultados tan poco convincentes deberían servir de lección a los gobiernos de la región para dejar claro que los niveles mínimos de seguridad no se pueden dejar en manos de fabricantes”.

Y es que muchos de estos carros son producidos por algunos de los fabricantes más grandes del mundo; compañías que en otros mercados ofrecen autos con los últimos avances en materia de seguridad como equipamiento básico. Marcas que en una misma planta en México producen carros para el mercado latino y el estadounidense. Los primeros reciben cero estrellas y los segundos hasta cinco.

Es por esto que, ante la falta de iniciativa privada por proveer autos más seguros, la intervención de los gobiernos es urgente.

El año pasado, en Colombia, 6.800 personas fallecieron en accidentes de tránsito. Un promedio de 18 diarias. El Banco Mundial calcula que dichos accidentes traen consigo un costo social que representa hasta el 3 % del PIB. Ante la evidente problemática, el Gobierno Nacional se convirtió en uno de los pioneros en la región en establecer políticas que obligan a los fabricantes automotores a vender vehículos más seguros. Dictó que, desde el inicio de este año, todos los automóviles nuevos deben tener como mínimo, dos airbags y frenos antibloqueo. Aunque éste ha sido un gran paso en materia de seguridad vehicular, se espera que cada vez haya regulaciones más exigentes.

Para una movilidad que proteja a todos los actores viales no basta con que los fabricantes hagan automóviles más seguros. También es necesario que el parque automotor del país se modernice, pues de nada servirían carros nuevos y seguros si en las calles sólo ruedan autos antiguos que no protegen a los ocupantes. Además es necesario invertir en una red vial que adopte las últimas regulaciones en materia de seguridad.

Al respecto, Oliverio García, presidente de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos), señala que no tiene sentido que la política pública incentive el uso de automóviles viejos al adjudicarles una menor carga tributaria que a los nuevos. Según el directivo, estos carros, que son los más inseguros y contaminantes, y por tanto los más perjudiciales, deberían tener un impuesto mayor, de manera que se motive a los colombianos a renovar vehículos frecuentemente.

Con las condiciones actuales, la realidad es que queda mucho por hacer. Si bien algunos gobiernos de la región han dado un paso adelante, instaurando políticas de seguridad más exigentes, no son pocos los fabricantes que, en su búsqueda de ofrecer autos más económicos, siguen y seguirán ofreciendo lo mínimo requerido. Para una movilidad más segura, es necesario, además, un cambio de chip en la mentalidad de los habitantes de la región, una que no sacrifique la seguridad por el bolsillo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que para 2020 los habitantes de países latinoamericanos serán tres veces más susceptibles a morir en accidentes viales que los de países desarrollados. Esto quiere decir que, para ese año, 31 personas por cada 100.000 habitantes fallecerían en incidentes de tránsito.

Las cifras son alarmantes, pero lo es aún más la falta de voluntad de algunas de las marcas por importar autos más seguros. A eso se suma la ausencia de leyes que exijan a las compañías incluir en los modelos vendidos elementos de seguridad esenciales, como más de dos airbags, frenos ABS y control de estabilidad.

Según Ignacio Juárez, gerente de Cesvimap (Centro de Experimentación y Seguridad Vial Mapfre), a falta de iniciativa del sector privado, debe ser el Estado quien promueva la seguridad, pues este tiene el deber de proteger a los ciudadanos mediante la implementación de leyes que hagan que los carros que ruedan sean lo menos nocivos para sus usuarios.

El problema central radica en que algunas marcas se enfocan en ofrecer carros que sean asequibles para el consumidor. Esto quiere decir que buscan hacer máquinas con un bajo precio de producción. En este sentido, para reducir costos, se sacrifican elementos de seguridad. Es por esto, que el programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), ha otorgado a varios de los carros más populares en el mercado una calificación de cero estrellas.

Alejandro Furas, secretario general de esta organización, dice que “es una gran desilusión que fabricantes líderes sigan ofreciendo autos de cero estrellas en América Latina”. Agrega que los consumidores “no merecen este tipo de vehículos por parte de empresas que saben perfectamente producir autos mucho más seguros”.

Para Furas, “resultados tan poco convincentes deberían servir de lección a los gobiernos de la región para dejar claro que los niveles mínimos de seguridad no se pueden dejar en manos de fabricantes”.

Y es que muchos de estos carros son producidos por algunos de los fabricantes más grandes del mundo; compañías que en otros mercados ofrecen autos con los últimos avances en materia de seguridad como equipamiento básico. Marcas que en una misma planta en México producen carros para el mercado latino y el estadounidense. Los primeros reciben cero estrellas y los segundos hasta cinco.

Es por esto que, ante la falta de iniciativa privada por proveer autos más seguros, la intervención de los gobiernos es urgente.

El año pasado, en Colombia, 6.800 personas fallecieron en accidentes de tránsito. Un promedio de 18 diarias. El Banco Mundial calcula que dichos accidentes traen consigo un costo social que representa hasta el 3 % del PIB. Ante la evidente problemática, el Gobierno Nacional se convirtió en uno de los pioneros en la región en establecer políticas que obligan a los fabricantes automotores a vender vehículos más seguros. Dictó que, desde el inicio de este año, todos los automóviles nuevos deben tener como mínimo, dos airbags y frenos antibloqueo. Aunque éste ha sido un gran paso en materia de seguridad vehicular, se espera que cada vez haya regulaciones más exigentes.

Para una movilidad que proteja a todos los actores viales no basta con que los fabricantes hagan automóviles más seguros. También es necesario que el parque automotor del país se modernice, pues de nada servirían carros nuevos y seguros si en las calles sólo ruedan autos antiguos que no protegen a los ocupantes. Además es necesario invertir en una red vial que adopte las últimas regulaciones en materia de seguridad.

Al respecto, Oliverio García, presidente de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos), señala que no tiene sentido que la política pública incentive el uso de automóviles viejos al adjudicarles una menor carga tributaria que a los nuevos. Según el directivo, estos carros, que son los más inseguros y contaminantes, y por tanto los más perjudiciales, deberían tener un impuesto mayor, de manera que se motive a los colombianos a renovar vehículos frecuentemente.

Con las condiciones actuales, la realidad es que queda mucho por hacer. Si bien algunos gobiernos de la región han dado un paso adelante, instaurando políticas de seguridad más exigentes, no son pocos los fabricantes que, en su búsqueda de ofrecer autos más económicos, siguen y seguirán ofreciendo lo mínimo requerido. Para una movilidad más segura, es necesario, además, un cambio de chip en la mentalidad de los habitantes de la región, una que no sacrifique la seguridad por el bolsillo.