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Si sigue lloviendo con la intensidad de los últimos días y no se toman medidas a tiempo, la emergencia que se vivió por la ola invernal en la vía a La Calera podría repetirse en cualquiera de los 247 puntos de Bogotá que, según el mapa del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -Idiger-, están actualmente en riesgo de remoción de tierra.
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Hay zonas vulnerables en la mitad de las localidades de Bogotá y, en mayor o menor magnitud, hay peligro de que se viva una tragedia similar a la de este fin de semana, en la que murieron dos personas, una sigue desaparecida y varias viviendas resultaron con afectaciones estructurales.
Desde que se registraron los primeros deslizamientos en la tarde del pasado sábado, y hasta el cierre de esta edición, en cercanías a los barrios San Luis, San Isidro y La Sureña (en la vía a La Calera), han estado trabajando cerca de 200 integrantes de grupos de emergencias.
Su objetivo es recuperar la movilidad; ubicar a una persona desaparecida, y atender los predios que siguen reportando inundaciones. A pesar de su labor, el panorama en la zona no es alentador: de las montañas sigue brotando agua y varias calles están llenas de lodo.
A raíz de esta emergencia y por las condiciones climáticas que atraviesa el país, se declaró calamidad pública en la capital. Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam- se activó alerta roja en 16 municipios de Cundinamarca y naranja en otros seis, incluida Bogotá.
En cuanto a localidades, desde la entidad se aseguró que Usaquén y Usme son los puntos en donde hay especial atención debido a que superaron el promedio de lluvias de noviembre, a pesar de que apenas van 15 días del mes.
Con el ejemplo de La Calera, lo cierto es que la situación del fin de semana se podría evitar en las otras localidades en riesgo. De acuerdo con las autoridades, esto solo sería posible si se detiene la expansión de las invasiones en las zonas rurales de la ciudad; se reestructuran los predios que ya están allí, y, no menos importante, se monitorean los puntos en peligro, para que las entidades procedan con adecuaciones que anticipen deslizamientos o avalanchas. No obstante, no se pueden desconocer situaciones como el cambio climático.
De acuerdo con la alcaldesa Claudia López, tras las afectaciones en la ciudad, el Distrito tendrá que aprobar el Plan Distrital de Calamidad Publica en Bogotá, con el objetivo de establecer las inversiones específicas adicionales, para reforzar la operación de las entidades que atienden emergencias.
Intervenciones que deben apuntar también a la evacuación de las familias que viven en las zonas de amenaza alta, como medida de prevención, partiendo de que se estima que cerca de 245.000 bogotanos y bogotanas (3,2 % de la población) viven en estos lugares, según el aproximado del Idiger.
Cabe señalar que las cifras de esta entidad arrojan que las localidades con mayor riesgo son Ciudad Bolívar, con 56 sitios de peligro; le sigue Sumapaz, con 43, y San Cristóbal, con 39. El listado lo continúan Rafael Uribe Uribe (33), Usme (22), Santa Fe (16), Usaquén (16), Chapinero (10), Suba (10) y La Candelaria (2).
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No obstante, López ha reconocido también que existen puntos calientes en esta materia como la Unidad de Planeamiento Zonal -UPZ- 89, ubicada en la localidad de Chapinero e integrada por los barrios Chicó Reservado, Bellavista, Chicó Alto, El Nogal, El Refugio, La Cabrera, Los Rosales, Seminario, Toscana, La Esperanza Nororiental, La Sureña, San Isidro y San Luis Altos del Cabo.
“La UPZ 89 es de carácter rural, no es urbana. No tiene perímetro de servicios públicos y, sin embargo, mucha gente vive acá sobre la quebrada”, señaló la alcaldesa, agregando que es clave que se piense en las emergencias a futuro. Por ello, se instalará una mesa de trabajo, para avanzar en obras de mitigación y de reubicación de quienes están asentados en este punto.
El reporte, hasta el 13 de noviembre, arroja que en Bogotá se han registrado 170 situaciones relacionadas con eventos de remoción en masa, que se suman a 1.963 afectaciones por precipitaciones, 397 daños al servicio de alcantarillado, 128 encharcamientos y 5 granizadas, que han dejado a cerca de 1.357 familias afectadas en diferentes localidades.
Las ayudas
A la fecha el Distrito, en articulación con las secretarías de Hábitat, Ambiente, Gobierno, Seguridad y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -Idipron- avanzan en el perfilamiento de los hogares que están en zonas de alto riesgo.
Entre los auxilios ofrecidos para la evacuación, la Administración Distrital garantiza tres meses de ayuda humanitaria de carácter pecuniario y la Secretaría de Integración Social les ofrece un bono canjeable, por $150 mil, para alimentos y mercados.
La Secretaría de Hábitat, por su parte, entrega un Aporte Temporal Solidario, por dos meses, con un valor de $270 mil, para quienes dejen sus hogares ubicados en las zonas con mayor afectación. Adicionalmente, las alcaldías locales deberán apoyar con el transporte, para las personas y sus bienes.
Todo esto se activa, solo después de que el Distrito notifica a las familias, de manera oficial y personalizada, sobre el riesgo en el que se encuentran; las invita a acatar las recomendaciones de evacuación y aceptan. De esta manera, pueden acceder a las ayudas humanitarias que ofrece la administración, que apuntan a que se reubiquen en lugares seguros, en especial, en época de lluvias.
El panorama en el departamento
El balance que deja, hasta ahora, la ola invernal en Cundinamarca es de 72 municipios afectados, 24 víctimas fatales, 1.093 familias damnificadas, 13 viviendas destruidas, 188 viviendas afectadas y 304 vías cerradas, así como daños en 31 puentes vehiculares, en nueve alcantarillados, 12 colegios y 21 centros comunitarios.
Adicionalmente, el Ideam afirmó que el panorama actual continuará en las siguientes semanas. De acuerdo con Yolanda González, directora del instituto, el departamento se encuentra con amenazas en niveles de alerta roja. “Los suelos se encuentran saturados, lo que significa que cualquier precipitación, sin importar su magnitud, puede generar deslizamientos”.
Por posibles crecientes súbitas en el río Bogotá, 14 pueblos cuentan con alerta roja: Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Zipaquirá, Tocancipá, San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios y Girardot. A su vez, siete municipios tienen alerta naranja: Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Bogotá y Soacha.
Para hacerle frente a la emergencia, la Gobernación de Cundinamarca asignó $8.000 millones con los que se espera “atender con maquinaria las vías, dragar ríos y generar ayudas humanitarias directas, inmediatas, a cada uno de los municipios que están presentando afectaciones”, sostuvo el gobernador Nicolás García.
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