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En las últimas horas, la Contraloría Distrital obtuvo el hallazgo fiscal de 5.400 millones de pesos por irregularidades en un contrato, el cual caduco en abril de 2024, para la conservación de malla vial en seis localidades, las cuales son: Usme, San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar, Candelaria y Santa Fe.
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¿Qué fue lo que ocurrió?
En un inicio, el contrato fue suscrito en diciembre del 2021 entre el IDU e INFERCAL S.A.S. por un valor total de 35.000 millones de pesos. En su momento, el IDU desembolsó a una Fiducia, creada para administrar el contrato, un anticipo del 20%, es decir, de 7.000 millones de pesos.
🚨 #Atención | Configuramos hallazgos por $5⃣.4⃣0⃣0⃣ millones, por irregularidades en un contrato por $3⃣5⃣.0⃣0⃣0⃣ millones para el mantenimiento de vías en seis localidades de #Bogotá, el cual fue caducado por retrasos.
— Contraloría de Bogotá D.C (@ContraloriaBta) December 26, 2024
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Después de las investigaciones realizadas por la Contraloría, dentro de una Actuación Especial de Fiscalización al IDU, se estableció que de los 7.000 millones de pesos desembolsados por el IDU como anticipo, solo se tenía el soporte de 1.600 millones de pesos. Sin embargo, de los 5.400 millones de pesos restantes, no se encontraron soportes.
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Lo anterior, llevó a la conclusión de que esos recursos no estaban soportados y tampoco se han recuperado, por lo que el contratista se declaró en insolvencia. Adicionalmente, en abril de 2024, se le declaró la caducidad del contrato por razones como: retrasos en el cronograma de obra, o el no pago de prestaciones sociales y salarios de sus trabajadores.
Este caso fue trasladado desde la Dirección del Sector Movilidad hacia la Dirección de Responsabilidad Fiscal, con el fin de que se inicie el correspondiente Proceso de Responsabilidad Fiscal.
¿Qué respuesta dio el IDU ante el hallazgo de la Contraloría?
Con referente al hallazgo de la Contraloría de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano, dio declaración de que el contrato entre el IDU y el contratista no se terminó unilateralmente por falta de pagos del contratista a los trabajadores. Adicionalmente, la actual administración, caducó el contrato por incumplimiento del Plan Detallado de Trabajo, PDT, del más del 50%, incumplimiento que afectó de manera grave y directa la ejecución del contrato.
El director del IDU, Orlando Molano, afirmó frente a las acusaciones que, “cuando llegamos nosotros, esta administración, fuimos los que iniciamos los procesos sancionatorios. De hecho, esa caducidad tuvo un daño colateral, nos afectó el proyecto de la 127 con Boyacá. Pero fuimos nosotros quienes iniciamos las sanciones como la caducidad. Así que nosotros estamos absolutamente tranquilos” señaló el director.
La entidad añadió que impuso la caducidad y la consecuente cláusula penal (máxima sanción posible en vía administrativa) por el 20 %. “El IDU está revisando si ese 20 % cubre la totalidad de los perjuicios incluidos los valores relacionados con anticipo, de lo contrario se procederá a demandar”.
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