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Aunque los meses pasaron, y el adagio popular dice que el tiempo lo cura todo, el dolor de 13 familias sigue intacto. Son los rostros de los que quedaron con una pregunta que ronda sus mentes desde la noche de horror del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá: ¿por qué a ellos? El Espectador reporteó nueve de las 13 muertes que se les atribuyen a miembros de la Policía, para verificar el avance de la justicia. Y en esa labor se encontró que un hecho tan fortuito como un proyectil incrustado en el cuerpo de la víctima es, por ahora, la única pista de la Fiscalía para acusar a algunos de los patrulleros que participaron en los operativos de esa noche, en tres puntos de Bogótá y en Soacha.
Fueron hijos, padres, hermanos y amigos que encontraron la muerte cuando la ciudad vivió una jornada que quedó en la retina de los colombianos: el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez a manos de los expatrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes primero lo agredieron con una pistola taser y luego lo llevaron al CAI de Villaluz, donde lo golpearon con sevicia. Tras su muerte estalló la ira popular.
El 9-S inició con plantones pacíficos en Suba, Usaquén, Engativá y hasta el municipio de Soacha; siguió con la vandalización de al menos 72 CAI (22 incinerados), 37 buses de Transmilenio (ocho en llamas) y 34 vehículos de la Policía, y terminó con un saldo trágico que deja mal paradas a las autoridades: 13 personas asesinadas, diez en Bogotá y tres en Soacha.
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Así mismo, esa noche, en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública y de los disturbios, se registraron 581 heridos en la capital, de los cuales 75 fueron por arma de fuego. Un año después, y con las heridas aún abiertas en la relación entre la ciudadanía y la Policía, los procesos judiciales de nueve casos consultados por este diario han avanzado así: cinco están en audiencia preparatoria de juicio, tras igual número de acusaciones, y cuatro no tienen resultado. Incluso en uno de ellos la familia denuncia que les han cambiado el fiscal en cinco oportunidades.
Al respecto, Alejandro Rodríguez, investigador de Temblores, dijo a este medio que en los casos de violencia policial “es muy lento el acceso a la justicia, pues muchas veces entran en un ping-pong entre la Fiscalía y la justicia penal militar”, lo que genera que “tomen mucho más tiempo y que la impunidad sea más prolongada”. Otro dato clave es referenciado por los abogados Alejandra Garzón, Nadia Triviño y Alirio Uribe, representantes de familiares de víctimas, quienes coinciden en que la justicia ha avanzado solo en los expedientes donde se recuperó la bala disparada. Los demás están bajo investigación, sin frutos que cosechar.
Este es el corte de cuentas del avance en el esclarecimiento de los homicidios de Jaider Fonseca Castillo, Cristian Camilo Hernández Yara y Andrés Felipe Rodríguez Ávila, ocurridos en el barrio Verbenal (Usaquén); de Germán Smith Puentes Valero, Julieth Ramírez Meza y Fredy Alexánder Mahecha, en Suba; de Angie Paola Baquero en Engativá, y Lorwan Estiwen Mendoza, Christian Andrés Hurtado Meneses y Anthony Gabriel Estrada Espinoza en Soacha.
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La arremetida en Verbenal: Andrés Rodríguez, Jaider Fonseca y Cristian Hernández
Por la muerte de Rodríguez, de 23 años, y la de Fonseca, de 17, hay un expediente contra el patrullero John Antonio Gutiérrez Rodríguez, adscrito para la época de los hechos al CAI de Toberín. Lo acusan por homicidio a título de dolo con agravación punitiva por poner a las víctimas en estado de indefensión. En este caso, este viernes 10 de septiembre se realizará la audiencia preparatoria de juicio y la de solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía lo señala de haber disparado contra la ciudadanía, entre la que estaban las dos víctimas, luego de analizar los proyectiles que hallaron en sus cuerpos. El uniformado se declaró inocente.
Según el abogado Juan Felipe Sánchez, apoderado de la familia de Andrés Rodríguez, la próxima semana radicará una solicitud de conciliación con el Ministerio de Defensa para buscar una reparación a la familia del joven cordobés, mediante una demanda al Estado. A pesar de los avances, para Eduardo Rodríguez, hermano de la víctima, y su familia el 9-S es una fecha que quisieran olvidar y esperan “que esos hechos no se vuelvan a repetir. Ellos saben quién disparó, quién no y quién dio la orden para que dispararan”.
Alejandra Garzón, abogada defensora de derechos humanos de DH Colombia, representa a la familia de Jaider Fonseca, un joven padre de una bebé recién nacida y quien estaba desempleado por la pandemia. Entre las pruebas que llegarán a juicio, según Garzón, está el cotejo balístico del proyectil encontrado en el cuerpo, que también coincide con el arma de dotación del patrullero Gutiérrez. La abogada también representa a la familia de Cristian Hernández Yara, proceso que, a diferencia de los anteriores, permanece suspendido, porque no se encontró el proyectil que segó la vida de este joven de 26 años.
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En diálogo con El Espectador, la familia Hernández Yara asegura que por el homicidio del joven han pasado cinco fiscales. Lo último que se sabe es que la investigación pasó de la Unidad de Vida a una seccional especializada. “Van 12 meses y seguimos sufriendo la negligencia. Siempre hay un cambio de fiscal, nunca hay una respuesta y no queremos que sea uno de los casos que quedan archivados. Hay varios videos que confirman que hubo más personas implicadas, no solo el gatillero”, asegura un miembro de la familia, quien declaró que emisarios de la justicia penal militar los han intentado contactar.
Angie Paola Baquero: el costo de denunciar un crimen
Angie Paola Baquero, de 29 años, estaba vinculada con la Secretaría de Integración Social. La noche del 9-S fue baleada cerca del CAI de Aures, en Suba. No participaba de las protestas. Por su homicidio está a punto de iniciarse el juicio contra el patrullero Jorge Andrés Lasso, a quien citaron a audiencia preparatoria el 13 de septiembre. Mientras el policía se declara inocente, la Fiscalía tendría cómo probar que el proyectil que mató a la joven salió de su arma de dotación.
No obstante, este caso no se queda en el crimen. El 26 de agosto, como lo reveló este diario, Nury Rojas -madre de la víctima- denunció que ha recibido amenazas en su casa. La última vez encontró una carta, en la cual le avisaron que tendría que “alistarse para lo que le espera” y que le matarían a su familia. Ella fue contactada por la Fiscalía y la Unidad de Protección, pero dice que los ofrecimientos fueron insuficientes para protegerla.
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Julieth Ramírez y Germán Smith Puentes, cara y sello del 9-S
“En el caso de Germán Puentes está programada audiencia preparatoria de juicio para finales de septiembre. En ese caso la Fiscalía 415 de la Unidad de Vida hizo una labor investigativa más diligente. Hubo condiciones que favorecieron el proceso y permitieron la identificación del responsable, porque recuperaron el proyectil”. Así relata la abogada Nadia Gabriela Triviño, representante de la Fundación Lazos de Dignidad.
De acuerdo con Triviño, en el último año fue acusado el patrullero Andrés Eduardo Díaz, quien sería el responsable de disparar contra Puentes, en inmediaciones del CAI de Suba Rincón. Díaz se ha declarado inocente y, en juicio, deberá probar que no tiene nada que ver con el homicidio. Y mientras ese proceso avanza, el caso de Julieth Ramírez, de 18 años y estudiante de psicología, sigue estéril ¿La razón? La bala que terminó con su vida no quedó alojada en su cuerpo y, por lo tanto, no hay cómo determinar quién sería el responsable.
Ramírez murió cuando caminaba cerca del CAI de La Gaitana, en Suba. “Se han hecho muchas actividades probatorias, interrogatorios, reconstrucción de escenas, pero como no se recuperó la bala, todavía no se ha podido identificar al responsable. El caso está en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía”, explicó el abogado Alirio Uribe, representante del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar). Señala que la Fiscalía no ha investigado la sistematización de los crímenes, siendo que sucedieron en distintos puntos de Bogotá y Soacha, y se tendría registro de decenas de policías disparando armas de fuego.
Soacha: tres homicidios, mismos resultados investigativos
De acuerdo con la abogada Triviño, la Fiscalía agrupó bajo el mismo radicado la investigación por los homicidios de Lorwuan Stiwen Mendoza, Anthony Estrada y Cristian Hurtado, perpetrados el 9-S en Soacha. Triviño lleva el proceso de Lorwuan Mendoza, de 30 años y padre de un adolescente, quien murió frente a la estación de Policía de Soacha. Es un caso excepcional, pues a pesar de que en su cuerpo quedó alojado el proyectil que acabó con su vida, la prueba se dañó y no es apta para cotejo. No se ha podido identificar quién disparó y el expediente sigue suspendido.
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Por el crimen contra el venezolano Anthony Estrada, el abogado Alirio Uribe señala que el caso avanza. El patrullero Óscar Alexánder Márquez está formalmente acusado por homicidio y pronto se hará la audiencia preparatoria de juicio. Es el único uniformado con medida de aseguramiento con prisión domiciliaria. Sobre Cristian Hurtado, de 27 años, se sabe que también fue baleado cerca de la estación de Soacha, pero su caso sigue en investigación.
La abogada Nadia Triviño, haciendo un balance general del 9-S, cree que se debe avanzar en una responsabilidad grupal. “La Fiscalía se ha centrado en ubicar a quién disparó, pero es demasiada coincidencia que, en distintos puntos de Bogotá, sobre la misma hora, funcionarios públicos hayan decidido disparar, causando la muerte de varios de ellos, cuando hay protocolos”. Alirio Uribe, por su parte, coincide en que la Fiscalía no se ha centrado en buscar el porqué de las muertes. Además, al parecer, se dio una directiva para que los fiscales no solicitaran medidas de aseguramiento en las audiencias contra los investigados.
Sobre el avance del esclarecimiento de estos asesinatos, así como de las personas que resultaron heridas esa noche, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, le contó a este medio que “frente a los casos de heridos con arma de fuego, donde posiblemente está involucrado algún miembro de la Fuerza Pública, los tiempos de la justicia no son satisfactorios, para las víctimas y para nosotros, como Alcaldía Mayor de Bogotá”. El Espectador trató de conocer la versión de la Policía, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.