A primer debate en Concejo el proyecto que daría vivienda a población vulnerable
Los ponentes del proyecto coinciden en que debe ser un plan de incentivos y no de extinción de deudas, y en que se implemente una caracterización de los deudores para otorgar los respectivos beneficios.
A lo largo de este jueves 6 de octubre se lleva a cabo en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá el primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 463 de 2022, por el cual se autoriza a la Caja de la Vivienda Popular “la implementación de acciones afirmativas en favor de población vulnerable, para garantizar el goce del derecho fundamental a la vivienda en condiciones dignas en aplicación al principio de igualdad material, se otorgan unos incentivos a beneficiarios de créditos y se dictan otras disposiciones”, agregó el Distrito.
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En general, el proyecto tuvo una ponencia positiva, asimismo, algunas modificaciones de los concejales Germán García del Partido Liberal y César García de Cambio Radical; también una ponencia positiva modificatoria del concejal Libardo Asprilla de Alianza Verde.
Por su parte, el concejal García (Liberal) resaltó que “la iniciativa cumple una labor social muy importante al contener un plan de alivios para las deudas de vivienda de cerca de 685 personas en la pobreza extrema, que no han podido cancelar sus créditos, que en algunos casos datan de hace 30 años y son considerados como cartera de difícil recuperación”.
Sin embargo, para él es necesario revisar lo jurídico con lupa para no exceder las competencias del Concejo de Bogotá, “ya que estas corporaciones no están autorizadas para extinguir obligaciones crediticias”.
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El concejal García (Cambio Radical) señaló que esto es urgente y necesario, “pero que no existe antecedente en dónde el Concejo haya aprobado un plan de incentivos y que es la Caja de Vivienda Popular la que debe implementar los beneficios, con la autorización del Concejo”.
En cuanto a Asprilla, resaltó que la extinción de deudas no es una competencia que le otorgue la ley al Concejo de Bogotá, “pero la corporación sí puede establecer medidas para que la caja garantice la función que le compete de brindar alternativas de vivienda digna para las personas más vulnerables y no dedicarse a cobrar deudas crediticias”.
Asimismo, pidió crear una Comisión Accidental que se encargue de conciliar el texto, ya que las dos ponencias coinciden en varios temas. Por su parte, el director de la Caja de Vivienda Popular, Juan Carlos López, solicitó unificar las dos ponencias positivas, ya que coinciden en que “debe ser un plan de incentivos y no de extinción de deudas, y que se debe implementar una caracterización de los deudores para otorgar los beneficios”.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
A lo largo de este jueves 6 de octubre se lleva a cabo en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá el primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 463 de 2022, por el cual se autoriza a la Caja de la Vivienda Popular “la implementación de acciones afirmativas en favor de población vulnerable, para garantizar el goce del derecho fundamental a la vivienda en condiciones dignas en aplicación al principio de igualdad material, se otorgan unos incentivos a beneficiarios de créditos y se dictan otras disposiciones”, agregó el Distrito.
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En general, el proyecto tuvo una ponencia positiva, asimismo, algunas modificaciones de los concejales Germán García del Partido Liberal y César García de Cambio Radical; también una ponencia positiva modificatoria del concejal Libardo Asprilla de Alianza Verde.
Por su parte, el concejal García (Liberal) resaltó que “la iniciativa cumple una labor social muy importante al contener un plan de alivios para las deudas de vivienda de cerca de 685 personas en la pobreza extrema, que no han podido cancelar sus créditos, que en algunos casos datan de hace 30 años y son considerados como cartera de difícil recuperación”.
Sin embargo, para él es necesario revisar lo jurídico con lupa para no exceder las competencias del Concejo de Bogotá, “ya que estas corporaciones no están autorizadas para extinguir obligaciones crediticias”.
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El concejal García (Cambio Radical) señaló que esto es urgente y necesario, “pero que no existe antecedente en dónde el Concejo haya aprobado un plan de incentivos y que es la Caja de Vivienda Popular la que debe implementar los beneficios, con la autorización del Concejo”.
En cuanto a Asprilla, resaltó que la extinción de deudas no es una competencia que le otorgue la ley al Concejo de Bogotá, “pero la corporación sí puede establecer medidas para que la caja garantice la función que le compete de brindar alternativas de vivienda digna para las personas más vulnerables y no dedicarse a cobrar deudas crediticias”.
Asimismo, pidió crear una Comisión Accidental que se encargue de conciliar el texto, ya que las dos ponencias coinciden en varios temas. Por su parte, el director de la Caja de Vivienda Popular, Juan Carlos López, solicitó unificar las dos ponencias positivas, ya que coinciden en que “debe ser un plan de incentivos y no de extinción de deudas, y que se debe implementar una caracterización de los deudores para otorgar los beneficios”.
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