A un año del atentado del Andino, persisten los dramas

Hace un año, en vísperas del Día del Padre, la tranquilidad de los bogotanos se vio interrumpida por un estallido en el centro comercial Andino. Eran las 4:54 de la tarde de aquel sábado cuando en uno de los baños de mujeres del segundo piso detonó un artefacto explosivo. El saldo fue de tres mujeres muertas y nueve heridos, uno de los actos terroristas de mayor calibre que han sacudido a la capital en los últimos años.

Los comicios presidenciales de segunda vuelta, así como los partidos del Mundial de Rusia, han hecho que se pase por alto la conmemoración de aquel fatídico atentado. Sin embargo, quienes no olvidan son las víctimas, ni quienes hoy son señalados de ser los presuntos responsables, que insisten en su inocencia.

Por un lado, los afectados del hecho aún están a la espera, no sólo de su reparación, sino de saber qué fue realmente lo que ocurrió. Por el otro, los señalados de participar en el atentado —quienes fueron vinculados al denominado el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP)— también confían que el proceso judicial avance y reclaman que aún no hay pruebas que demuestren su participación.

A la espera de un fallo

El atentado cambió la vida de quienes de alguna manera resultaron afectados. Pasado un año, las víctimas han tenido que acudir al acompañamiento médico y psicológico. El abogado Francisco Bernate, quien asumió la defensa de algunas de ellas, celebra hoy los avances en la investigación y destaca que el proceso se desarrolla en los tiempos adecuados.

“Estamos en la fase del juicio. La defensa está buscando cuáles son las evidencias que se van a utilizar y la percepción es que la justicia ha ido a su ritmo. No estamos en un proceso que esté frenado. Ha avanzado en los términos normales y creería que en 2019 ya podría haber un fallo de primera instancia. No ha habido mora judicial o descuido, todo lo contrario, ha sido un proceso que ha avanzado bastante bien”, manifestó Bernate, para quien el trabajo investigativo de la Fiscalía es “sólido y presenta avances”.

De acuerdo con el abogado, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación. El clamor es que se llegue hasta las últimas instancias y se logre determinar qué fue lo que ocurrió. “Pedimos que se llegue hasta el fondo de este asunto (…) Todos coinciden en que este fue un escenario traumático. Se han presentado los contratiempos normales de lo que supone un evento como este en la vida de una persona. Hoy no dejan de recibir atención médica y tratan de superar un proceso que verdaderamente fue traumático”, precisó Bernate.

¿Vencimiento de términos?

La otra cara de la moneda podría estar representada por Néstor Méndez, padre de Alejandra Méndez, una de las capturadas como sospechosa de haber participado en el atentado. La joven de 25 años cumple un año tras las rejas y, según su padre, aún no aparecen las pruebas ni avanza el proceso judicial. Reclama que, mientras ello ocurre, su hija sigue sufriendo tras las rejas a la espera de que se demuestre una inocencia de la que nunca ha dudado.

“Han aplazado audiencias y no hay pruebas contundentes. Es un proceso lento y no se ha determinado con claridad qué ocurrió. Ellos son inocentes y mi hija no tiene nada que ver. Todo esto es una lucha permanente de resistencia y paciencia hasta que se demuestre su inocencia. Tenemos comunicación permanente con ella, y como familia nos hemos fortalecido mental y físicamente. Sin embargo, todo esto no deja de ser inaguantable e inaceptable desde todo punto de vista”, sostiene Méndez.

Alejandra, al igual que otras siete personas que continúan recluidas, fue detenida horas después del hecho. La mayoría de ellos se conocieron en la Universidad Nacional, una circunstancia que, en opinión de Néstor Méndez, ha derivado en estigmatizaciones y señalamientos infundados por sus posturas críticas. “Todos ellos eran estudiantes o egresados de la Nacional. Por eso a veces se encontraban por cuestiones laborales o académicas. Todos eran críticos y eso no es un delito. Seguramente les venían haciendo seguimientos frente a su activismo por los derechos humanos y en defensa de la salud o la educación. Ese fue el argumento para asociarlos a determinados grupos y acusarlos de ser autores del hecho”.

Aunque Méndez no niega la existencia del denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo, rechaza que su hija tenga algún vínculo con ellos y por eso considera que está detenida injustamente y espera que pronto recupere su libertad. Agrega que, ante la larga incertidumbre y la falta de avances en el proceso, la defensa alegará vencimiento de términos para que ella pueda esperar el juicio en su casa.

“No se han individualizado los cargos, sino que están señalados como grupo. Se están tomando el tiempo, mirando pruebas y revisando lo que hay. Es un proceso supremamente lento porque no hay nada contundente. Los tienen como chivos expiatorios esperando y esperando, hasta que pasen dos años y, como pasa tantas veces, terminen diciendo que no eran, pero el daño ya está hecho”, indicó el padre de Alejandra Méndez.

¿En qué va el proceso?

Actualmente, el proceso judicial por lo ocurrido en el centro comercial Andino está en fase de juicio, en la que se presentan las pruebas y se escucha a las partes. El pleito concluye con la decisión de un juez absolviendo o condenando. La Fiscalía ha dicho que, tras su detención, en poder de los capturados encontraron material alusivo al MRP, sumado a un arma de fuego. También mapas y una bitácora en la que supuestamente algunos consignaban los movimientos de los lugares donde cometieron atentados.

Adicionalmente se ha conocido que la Policía adelanta la búsqueda de otros tres presuntos implicados en el atentado terrorista. Se trataría de más integrantes del MRP y sólo restaría una orden de captura para vincularlos al proceso. En paralelo, las autoridades no desfallecen en su objetivo de capturar a Violeta Arango Ramírez, conocida con el alias de Violeta, quien también habría participado en el hecho. Sobre ella pesa actualmente una circular azul emitida por la Interpol. La mujer sería procesada como persona ausente, teniendo en cuenta que para la Fiscalía se han agotado los medios y recursos para notificarla judicialmente del proceso.

Hace un año, en vísperas del Día del Padre, la tranquilidad de los bogotanos se vio interrumpida por un estallido en el centro comercial Andino. Eran las 4:54 de la tarde de aquel sábado cuando en uno de los baños de mujeres del segundo piso detonó un artefacto explosivo. El saldo fue de tres mujeres muertas y nueve heridos, uno de los actos terroristas de mayor calibre que han sacudido a la capital en los últimos años.

Los comicios presidenciales de segunda vuelta, así como los partidos del Mundial de Rusia, han hecho que se pase por alto la conmemoración de aquel fatídico atentado. Sin embargo, quienes no olvidan son las víctimas, ni quienes hoy son señalados de ser los presuntos responsables, que insisten en su inocencia.

Por un lado, los afectados del hecho aún están a la espera, no sólo de su reparación, sino de saber qué fue realmente lo que ocurrió. Por el otro, los señalados de participar en el atentado —quienes fueron vinculados al denominado el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP)— también confían que el proceso judicial avance y reclaman que aún no hay pruebas que demuestren su participación.

A la espera de un fallo

El atentado cambió la vida de quienes de alguna manera resultaron afectados. Pasado un año, las víctimas han tenido que acudir al acompañamiento médico y psicológico. El abogado Francisco Bernate, quien asumió la defensa de algunas de ellas, celebra hoy los avances en la investigación y destaca que el proceso se desarrolla en los tiempos adecuados.

“Estamos en la fase del juicio. La defensa está buscando cuáles son las evidencias que se van a utilizar y la percepción es que la justicia ha ido a su ritmo. No estamos en un proceso que esté frenado. Ha avanzado en los términos normales y creería que en 2019 ya podría haber un fallo de primera instancia. No ha habido mora judicial o descuido, todo lo contrario, ha sido un proceso que ha avanzado bastante bien”, manifestó Bernate, para quien el trabajo investigativo de la Fiscalía es “sólido y presenta avances”.

De acuerdo con el abogado, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación. El clamor es que se llegue hasta las últimas instancias y se logre determinar qué fue lo que ocurrió. “Pedimos que se llegue hasta el fondo de este asunto (…) Todos coinciden en que este fue un escenario traumático. Se han presentado los contratiempos normales de lo que supone un evento como este en la vida de una persona. Hoy no dejan de recibir atención médica y tratan de superar un proceso que verdaderamente fue traumático”, precisó Bernate.

¿Vencimiento de términos?

La otra cara de la moneda podría estar representada por Néstor Méndez, padre de Alejandra Méndez, una de las capturadas como sospechosa de haber participado en el atentado. La joven de 25 años cumple un año tras las rejas y, según su padre, aún no aparecen las pruebas ni avanza el proceso judicial. Reclama que, mientras ello ocurre, su hija sigue sufriendo tras las rejas a la espera de que se demuestre una inocencia de la que nunca ha dudado.

“Han aplazado audiencias y no hay pruebas contundentes. Es un proceso lento y no se ha determinado con claridad qué ocurrió. Ellos son inocentes y mi hija no tiene nada que ver. Todo esto es una lucha permanente de resistencia y paciencia hasta que se demuestre su inocencia. Tenemos comunicación permanente con ella, y como familia nos hemos fortalecido mental y físicamente. Sin embargo, todo esto no deja de ser inaguantable e inaceptable desde todo punto de vista”, sostiene Méndez.

Alejandra, al igual que otras siete personas que continúan recluidas, fue detenida horas después del hecho. La mayoría de ellos se conocieron en la Universidad Nacional, una circunstancia que, en opinión de Néstor Méndez, ha derivado en estigmatizaciones y señalamientos infundados por sus posturas críticas. “Todos ellos eran estudiantes o egresados de la Nacional. Por eso a veces se encontraban por cuestiones laborales o académicas. Todos eran críticos y eso no es un delito. Seguramente les venían haciendo seguimientos frente a su activismo por los derechos humanos y en defensa de la salud o la educación. Ese fue el argumento para asociarlos a determinados grupos y acusarlos de ser autores del hecho”.

Aunque Méndez no niega la existencia del denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo, rechaza que su hija tenga algún vínculo con ellos y por eso considera que está detenida injustamente y espera que pronto recupere su libertad. Agrega que, ante la larga incertidumbre y la falta de avances en el proceso, la defensa alegará vencimiento de términos para que ella pueda esperar el juicio en su casa.

“No se han individualizado los cargos, sino que están señalados como grupo. Se están tomando el tiempo, mirando pruebas y revisando lo que hay. Es un proceso supremamente lento porque no hay nada contundente. Los tienen como chivos expiatorios esperando y esperando, hasta que pasen dos años y, como pasa tantas veces, terminen diciendo que no eran, pero el daño ya está hecho”, indicó el padre de Alejandra Méndez.

¿En qué va el proceso?

Actualmente, el proceso judicial por lo ocurrido en el centro comercial Andino está en fase de juicio, en la que se presentan las pruebas y se escucha a las partes. El pleito concluye con la decisión de un juez absolviendo o condenando. La Fiscalía ha dicho que, tras su detención, en poder de los capturados encontraron material alusivo al MRP, sumado a un arma de fuego. También mapas y una bitácora en la que supuestamente algunos consignaban los movimientos de los lugares donde cometieron atentados.

Adicionalmente se ha conocido que la Policía adelanta la búsqueda de otros tres presuntos implicados en el atentado terrorista. Se trataría de más integrantes del MRP y sólo restaría una orden de captura para vincularlos al proceso. En paralelo, las autoridades no desfallecen en su objetivo de capturar a Violeta Arango Ramírez, conocida con el alias de Violeta, quien también habría participado en el hecho. Sobre ella pesa actualmente una circular azul emitida por la Interpol. La mujer sería procesada como persona ausente, teniendo en cuenta que para la Fiscalía se han agotado los medios y recursos para notificarla judicialmente del proceso.