Abuso de la fuerza: ¿qué pasó en pandemia?

En el 2020 las protestas se duplicaron. Además de las condiciones de la cuarentena y situaciones de orden nacional, el asesinato de Javier Ordóñez marcó los hechos de tres días en los que no solamente murieron once personas, sino que además otras 581 resultaron heridas, según cifras del Distrito. Pero la violencia no solo estuvo presente en manifestaciones, pues los desalojos y el fortalecimiento de estructuras criminales en localidades como Bosa y Kennedy llaman la atención de las organizaciones que presentaron el informe “El derecho a defender”.

Se trata de un trabajo conjunto entre las organizaciones defensoras de derechos humanos Fundación Lazos de Dignidad, la Red Popular de Derechos Humanos Bogotá (Redhus) y el Movimiento Alternativa, en el que se evidencian las tensiones con la Policía, pero además el riesgo que representa el resurgimiento de grupos que denominan posdesmovilización del paramilitarismo y los frentes de seguridad, que en algunas zonas han realizado acciones de persecución a jóvenes y poblaciones excluidas.

¿Cómo se llegó a esto? El informe identifica varios patrones de vulneración, entre los que resalta la crisis social y económica que agudizó la cuarentena por cuenta del COVID-19. Esto provocó un gran impacto en las familias más vulnerables, que fueron las primeras en manifestarse. Junto a esto se evidenció la invasión de terrenos y violaciones a los derechos humanos en medio de procesos de desalojo.

Pero el momento de mayor impacto fueron los hechos que se dieron alrededor del 9 y 11 de septiembre, pues solo en ese mes se registraron 234 acciones de movilización, de las 786 que se dieron a lo largo del año, y donde se evidenciaron otros tres factores de vulneración enmarcados en la violación al protocolo y el uso desmedido de la fuerza, ya que las organizaciones reportan que usaron gases vencidos, dispararon con armas no letales directo al cuerpo y emplearon armas de fuego.

“Es menester mencionar el empleo y desconocimiento de la figura administrativa de ‘traslado por protección’. pues esta no se desarrolla para los fines contemplados en la ley, sino que se utiliza como un elemento más para generar pánico y violentar el derecho a la manifestación”.

De la misma forma, denuncian la agresión contra los defensores de derechos humanos, obstruyendo la interlocución, agrediéndolos física y verbalmente, así como un uso desproporcionado, innecesario e irracional de la fuerza, lo que les lleva a pedir a las autoridades construir políticas que superen la lógica amigo-enemigo, con protocolos en constante seguimiento y que le permita a la ciudadanía comprender el alcance durante los procedimientos policiales.

Otros hechos que se resaltan tienen que ver con la justicia en los casos de abuso policial, pues de las 1.004 investigaciones abiertas en los últimos cinco años, solo 134 llegaron a audiencias de imputación, mientras que de los 592 casos reportados en 2020, apenas en 318 avanzan las investigaciones, de los cuales, según información de la Policía, hay en curso 64 en indagación preliminar. No obstante, otras son las cifras del Distrito, que señala que solo serían 25 los casos en este punto.

Por último, destacan otros tipos de abuso además del policial, en donde las organizaciones han evidenciado vulnerabilidad, como por ejemplo el control territorial ejercido por grupos armados en localidades como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. “Lo que hemos encontrado y el histórico de la recopilación de información nos demuestra que quienes están ejerciendo son organizaciones del paramilitarismo y grupos que hacen alusión a las Águilas Negras, bandas criminales que captan pequeños grupos, pandillas, y realizan operaciones de control territorial especialmente sobre la ronda del río Bogotá y en zonas limítrofes con Soacha”, dijo Andrés Aldana, integrante de la Redhus y uno de los realizadores del documento.

El informe llama la atención en UPZ como Central, Occidental y Tintal Sur, donde se presentó una alta tasa de violencia por cuenta de disputas sobre las economías informales e ilegales. “Lo que hemos denunciado en estas zonas es que la crisis social se recrudeció con la pandemia, que ha ido a la par del fortalecimiento de estructuras tipo paramilitar. Por eso pedimos construir una agenda metropolitana por la paz y los derechos humanos que involucre al gobierno departamental y distrital, desde la lógica de la prevención en estas zonas limítrofes”, señaló Aldana.

A esto se le suman las acciones de los frentes de seguridad, que si bien surgen como respuesta ante las situaciones delictivas  tras los delitos de bajo impacto, que en algunos casos terminan hostigando a colectivos de jóvenes, migrantes, habitantes de calle, recicladores y trabajadoras sexuales. “Está  el ejemplo del ciudadano que amenazó con un arma a dos jóvenes que hacían un grafiti en una pared en Tintal”.

De allí la necesidad de que también se trabaje en desestigmatizar las organizaciones sociales como a las poblaciones más vulnerables, pues consideran que tanto la sentencia que ordena reformar el protocolo de las movilizaciones y nuevas posibilidades como la integración regional pueden prevenir este tipo de hechos, que sin duda deben ser atendidos ágilmente por la administración local.

En el 2020 las protestas se duplicaron. Además de las condiciones de la cuarentena y situaciones de orden nacional, el asesinato de Javier Ordóñez marcó los hechos de tres días en los que no solamente murieron once personas, sino que además otras 581 resultaron heridas, según cifras del Distrito. Pero la violencia no solo estuvo presente en manifestaciones, pues los desalojos y el fortalecimiento de estructuras criminales en localidades como Bosa y Kennedy llaman la atención de las organizaciones que presentaron el informe “El derecho a defender”.

Se trata de un trabajo conjunto entre las organizaciones defensoras de derechos humanos Fundación Lazos de Dignidad, la Red Popular de Derechos Humanos Bogotá (Redhus) y el Movimiento Alternativa, en el que se evidencian las tensiones con la Policía, pero además el riesgo que representa el resurgimiento de grupos que denominan posdesmovilización del paramilitarismo y los frentes de seguridad, que en algunas zonas han realizado acciones de persecución a jóvenes y poblaciones excluidas.

¿Cómo se llegó a esto? El informe identifica varios patrones de vulneración, entre los que resalta la crisis social y económica que agudizó la cuarentena por cuenta del COVID-19. Esto provocó un gran impacto en las familias más vulnerables, que fueron las primeras en manifestarse. Junto a esto se evidenció la invasión de terrenos y violaciones a los derechos humanos en medio de procesos de desalojo.

Pero el momento de mayor impacto fueron los hechos que se dieron alrededor del 9 y 11 de septiembre, pues solo en ese mes se registraron 234 acciones de movilización, de las 786 que se dieron a lo largo del año, y donde se evidenciaron otros tres factores de vulneración enmarcados en la violación al protocolo y el uso desmedido de la fuerza, ya que las organizaciones reportan que usaron gases vencidos, dispararon con armas no letales directo al cuerpo y emplearon armas de fuego.

“Es menester mencionar el empleo y desconocimiento de la figura administrativa de ‘traslado por protección’. pues esta no se desarrolla para los fines contemplados en la ley, sino que se utiliza como un elemento más para generar pánico y violentar el derecho a la manifestación”.

De la misma forma, denuncian la agresión contra los defensores de derechos humanos, obstruyendo la interlocución, agrediéndolos física y verbalmente, así como un uso desproporcionado, innecesario e irracional de la fuerza, lo que les lleva a pedir a las autoridades construir políticas que superen la lógica amigo-enemigo, con protocolos en constante seguimiento y que le permita a la ciudadanía comprender el alcance durante los procedimientos policiales.

Otros hechos que se resaltan tienen que ver con la justicia en los casos de abuso policial, pues de las 1.004 investigaciones abiertas en los últimos cinco años, solo 134 llegaron a audiencias de imputación, mientras que de los 592 casos reportados en 2020, apenas en 318 avanzan las investigaciones, de los cuales, según información de la Policía, hay en curso 64 en indagación preliminar. No obstante, otras son las cifras del Distrito, que señala que solo serían 25 los casos en este punto.

Por último, destacan otros tipos de abuso además del policial, en donde las organizaciones han evidenciado vulnerabilidad, como por ejemplo el control territorial ejercido por grupos armados en localidades como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. “Lo que hemos encontrado y el histórico de la recopilación de información nos demuestra que quienes están ejerciendo son organizaciones del paramilitarismo y grupos que hacen alusión a las Águilas Negras, bandas criminales que captan pequeños grupos, pandillas, y realizan operaciones de control territorial especialmente sobre la ronda del río Bogotá y en zonas limítrofes con Soacha”, dijo Andrés Aldana, integrante de la Redhus y uno de los realizadores del documento.

El informe llama la atención en UPZ como Central, Occidental y Tintal Sur, donde se presentó una alta tasa de violencia por cuenta de disputas sobre las economías informales e ilegales. “Lo que hemos denunciado en estas zonas es que la crisis social se recrudeció con la pandemia, que ha ido a la par del fortalecimiento de estructuras tipo paramilitar. Por eso pedimos construir una agenda metropolitana por la paz y los derechos humanos que involucre al gobierno departamental y distrital, desde la lógica de la prevención en estas zonas limítrofes”, señaló Aldana.

A esto se le suman las acciones de los frentes de seguridad, que si bien surgen como respuesta ante las situaciones delictivas  tras los delitos de bajo impacto, que en algunos casos terminan hostigando a colectivos de jóvenes, migrantes, habitantes de calle, recicladores y trabajadoras sexuales. “Está  el ejemplo del ciudadano que amenazó con un arma a dos jóvenes que hacían un grafiti en una pared en Tintal”.

De allí la necesidad de que también se trabaje en desestigmatizar las organizaciones sociales como a las poblaciones más vulnerables, pues consideran que tanto la sentencia que ordena reformar el protocolo de las movilizaciones y nuevas posibilidades como la integración regional pueden prevenir este tipo de hechos, que sin duda deben ser atendidos ágilmente por la administración local.