Abuso sexual en el aula, fuera del radar

A comienzos de 2012, y luego de haber terminado con éxito el grado séptimo en el colegio Unión Europea, en la localidad de Ciudad Bolívar, Katherine Gallego, de 14 años, no ingresó a las clases de octavo grado.

Según consta en los registros del Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación Distrital (SED), la niña, pese a contar con un cupo en el plantel, no se matriculó para el año 2012, y desde entonces les fue imposible a los profesionales del colegio seguirles la pista a ella o a su familia.

Nueve meses después, Gallego daba a luz a Alison Brigitte. La recién nacida sería raptada y rescatada una semana después de nacida, causando un despliegue mediático que terminó hace dos semanas poniendo en aprietos al padre de la bebé, John Franco, denunciado ante la Fiscalía por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que lo acusó de presunto acceso carnal con menor de 14 años.

Este martes, la Fiscalía anunció que no adelantará investigación en contra de Franco, por no considerar que haya méritos o pruebas que demuestren que sostuvo relaciones sexuales con Gallego cuando la menor tenía 13 años.

Con esto quedaría cerrado el capítulo amargo para los padres de Alison Brigitte. Sin embargo, su caso ha sacudido a las entidades estatales, tanto nacionales como distritales: no sólo por la alta tasa de embarazos de menores de 14 años que hay en el país (8.664 en 2012, según reveló el ICBF a mediados de enero), sino por los aún deficientes sistemas con los que cuenta el Estado para detectar y acompañar debidamente a estas menores.

Así como el Sistema de Alertas de la SED no detectó el embarazo de Gallego, numerosas menores gestantes o las víctimas de abuso sexual matriculadas en los colegios del Distrito podrían estar pasando desapercibidas por el radar de las autoridades.

Según admite la SED, muchas de las 486 menores de 14 años que el año pasado quedaron embarazadas (un aumento del 6% con respecto al año anterior) no fueron reportadas por los colegios oficiales a su Sistema de Alertas para proteger y dar debido seguimiento a los casos.

Sin embargo, no son estas las cifras que más preocupan al Distrito (al fin y al cabo, así el sector educativo no reporte a una menor gestante, para la SDS resulta relativamente fácil seguir la pista de las menores embarazadas a través de la red pública de hospitales). Lo son, en cambio, los casos de abuso sexual en las aulas de clase, cuyo número de reportes va en aumento y, sin embargo, aún adolecen de un amplio subregistro.

“Los colegios todavía temen que reportar estos casos va a causar la estigmatización de sus planteles”, explica la subsecretaria de Calidad y Pertinencia de la SED, Patricia Buriticá.

La SED ha buscado transformar una cultura organizacional al interior de los colegios —que hasta hace algunos años expulsaba a las niñas embarazadas o manejaba internamente los casos de abuso sexual—, para fomentar “la cultura del reporte”. Para este fin ha fortalecido su sistema de alertas, como parte de un programa integral en el que se invierten $4.000 millones al año y que fomenta la calidad de vida de los estudiantes a través de la prevención, la formación integral para el cuidado del cuerpo y la protección a los menores.

Como resultado de estos esfuerzos —entre ellos la expedición de una directiva a finales del año pasado que obliga a los planteles a reportar casos de abuso—, los reportes provenientes de colegios oficiales se dispararon en los últimos años. Mientras que en 2011 se registraron 94 casos, en 2012 la cifra ascendió a 148.

Buriticá explica, sin embargo, que esta cifra no representa aún la totalidad del fenómeno y que falta mucho para que los rectores —en especial los varones— hagan sonar las alarmas como se debe, para que casos de embarazos como el de Katherine Gallego o de violencia sexual no pasen por debajo del radar de las entidades con competencia para manejarlos.

A comienzos de 2012, y luego de haber terminado con éxito el grado séptimo en el colegio Unión Europea, en la localidad de Ciudad Bolívar, Katherine Gallego, de 14 años, no ingresó a las clases de octavo grado.

Según consta en los registros del Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación Distrital (SED), la niña, pese a contar con un cupo en el plantel, no se matriculó para el año 2012, y desde entonces les fue imposible a los profesionales del colegio seguirles la pista a ella o a su familia.

Nueve meses después, Gallego daba a luz a Alison Brigitte. La recién nacida sería raptada y rescatada una semana después de nacida, causando un despliegue mediático que terminó hace dos semanas poniendo en aprietos al padre de la bebé, John Franco, denunciado ante la Fiscalía por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que lo acusó de presunto acceso carnal con menor de 14 años.

Este martes, la Fiscalía anunció que no adelantará investigación en contra de Franco, por no considerar que haya méritos o pruebas que demuestren que sostuvo relaciones sexuales con Gallego cuando la menor tenía 13 años.

Con esto quedaría cerrado el capítulo amargo para los padres de Alison Brigitte. Sin embargo, su caso ha sacudido a las entidades estatales, tanto nacionales como distritales: no sólo por la alta tasa de embarazos de menores de 14 años que hay en el país (8.664 en 2012, según reveló el ICBF a mediados de enero), sino por los aún deficientes sistemas con los que cuenta el Estado para detectar y acompañar debidamente a estas menores.

Así como el Sistema de Alertas de la SED no detectó el embarazo de Gallego, numerosas menores gestantes o las víctimas de abuso sexual matriculadas en los colegios del Distrito podrían estar pasando desapercibidas por el radar de las autoridades.

Según admite la SED, muchas de las 486 menores de 14 años que el año pasado quedaron embarazadas (un aumento del 6% con respecto al año anterior) no fueron reportadas por los colegios oficiales a su Sistema de Alertas para proteger y dar debido seguimiento a los casos.

Sin embargo, no son estas las cifras que más preocupan al Distrito (al fin y al cabo, así el sector educativo no reporte a una menor gestante, para la SDS resulta relativamente fácil seguir la pista de las menores embarazadas a través de la red pública de hospitales). Lo son, en cambio, los casos de abuso sexual en las aulas de clase, cuyo número de reportes va en aumento y, sin embargo, aún adolecen de un amplio subregistro.

“Los colegios todavía temen que reportar estos casos va a causar la estigmatización de sus planteles”, explica la subsecretaria de Calidad y Pertinencia de la SED, Patricia Buriticá.

La SED ha buscado transformar una cultura organizacional al interior de los colegios —que hasta hace algunos años expulsaba a las niñas embarazadas o manejaba internamente los casos de abuso sexual—, para fomentar “la cultura del reporte”. Para este fin ha fortalecido su sistema de alertas, como parte de un programa integral en el que se invierten $4.000 millones al año y que fomenta la calidad de vida de los estudiantes a través de la prevención, la formación integral para el cuidado del cuerpo y la protección a los menores.

Como resultado de estos esfuerzos —entre ellos la expedición de una directiva a finales del año pasado que obliga a los planteles a reportar casos de abuso—, los reportes provenientes de colegios oficiales se dispararon en los últimos años. Mientras que en 2011 se registraron 94 casos, en 2012 la cifra ascendió a 148.

Buriticá explica, sin embargo, que esta cifra no representa aún la totalidad del fenómeno y que falta mucho para que los rectores —en especial los varones— hagan sonar las alarmas como se debe, para que casos de embarazos como el de Katherine Gallego o de violencia sexual no pasen por debajo del radar de las entidades con competencia para manejarlos.