Acceso a salud: el anhelo de la comunidad trans y no binaria en Bogotá

En el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia se especifica que el Estado tiene la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de la población en general.

Para ello, se deben brindar oportunidades que lleven a una atención integral y con enfoque diferencial, reconociendo las vulnerabilidades y particularidades de las personas que hacen parte de pueblos, comunidades o colectivos históricamente invisibilizados y estigmatizados.

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A su vez, desde la legislación internacional en materia de derechos humanos, se establece que las naciones deben adoptar las medidas necesarias para eliminar los prejuicios y las prácticas que promueven la idea de inferioridad o superioridad de cualquier persona en razón de su orientación sexual o identidad de género. En 2006, por ejemplo, en los Principios de Yogyakarta se denunciaron algunas de las violaciones en esta materia de las que son objeto los integrantes de la comunidad LGBTI.

Asimismo, en el documento “Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se exponen algunas de las barreras que se le generan a este colectivo para acceder a derechos fundamentales como salud, empleo, justicia y participación política.

Es por ello que en el marco del llamado “Nuevo contrato social y ambiental, por la Bogotá del siglo XXI”, desde las secretarías de Salud, Planeación y Mujer se establecieron los lineamientos para la atención en salud de las personas transgénero y no binarias en Bogotá. Este documento tiene el objetivo de brindar orientaciones para que los integrantes del Sistema de Seguridad Social en Salud tengan una guía para el desarrollo de la atención integral a poblaciones diferenciales.

Sin embargo, más allá de la retórica planteada en documentos oficiales, aún es precario el acceso que tienen las personas con vida trans a una atención digna. En 2021, desde la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) se hizo una encuesta nacional a esta población y arrojó que el 47,51 % del total de consultados se sintió discriminado en el sistema de salud: el 16,80 % por su identidad de género; el 2,69 % debido a condiciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, infecciosas o el diagnóstico de VIH; el 5,18 % por su nacionalidad y el 1,24 % por tener una condición de discapacidad.

No obstante, en la ruta de atención formulada por el Distrito se incluyen conceptos para “comprender las situaciones y decisiones de vida de esta población, las acciones a cargo de los actores del Sistema de Seguridad Social y algunas precisiones a tener en cuenta para su atención y la gestión de los riesgos en salud”.

Este planteamiento puede sonar alentador, pero según Daniel González, integrante del Área de Ivestigaciones de la Fundación GAAT, existe una brecha enorme entre lo que se escribe con tinta y lo que se hace en el diario vivir. Para empezar, una de las principales barreras a las que se enfrentan las personas trans y no binarias es el irrespeto hacia su identidad y los pronombres con los cuales se reconocen. Esta constante marca en definitiva la sensación de seguridad y conformidad de los pacientes.

“Desde los vigilantes hasta los doctores te interpretan como les viene la gana, a pesar de tus documentos. Te ponen tu nombre anterior y el género que no te identifica, afectando que te sigan interpretando como lo que quieres dejar de ser”, compartió como testimonio una mujer transgénero en la Encuesta de salud de personas con experiencias de vida trans.

Llamado de atención que no es nuevo, ya que desde el Informe de Derechos Humanos sobre personas con orientación sexual e identidad de género diversa, realizado por la Defensoría del Pueblo en 2021, se sigue recomendando a las instituciones capacitar a sus funcionarios en el trato igualitario que no parta de los prejuicios ni de las construcciones sociales hacia la pluralidad.

Frente a este punto es importante identificar si en la formación actual de los futuros profesionales de la salud se les está capacitando en la atención de pacientes que no se ubican dentro de los discursos hegemónicos sobre lo identitario y la convicción del binarismo (masculino y femenino).

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De acuerdo con Alejandro Bautista, director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional, la formación en este aspecto ha sido deficiente. Por lo tanto, desde el año pasado se realizaron avances con los estudiantes en el trato de pacientes que solicitan servicios de endocrinología.

Sin embargo, que se tenga en cuenta a esta población únicamente en ese enfoque lleva a otro tópico, pues, de acuerdo con Danne Aro Belmont, directora de la Fundación GAAT, no existe una verdadera integralidad en los servicios que se brindan a esta población, dado que a partir del estigma una vez llegan a los centros hospitalarios se cree que acuden únicamente por procedimientos estéticos, hormonales o por tratamientos de VIH:

“Eso genera una limitante frente a la atención en general, dado que eso hace que se basen en el estereotipo y la representación social negativa que se tiene del colectivo. Suelen ignorar que nuestras vidas también son vidas plenas y que no estamos exentos de otro tipo de patologías”, afirma Belmont.

Falta mucho todavía para que se concrete un verdadero acceso igualitario, no solo a los servicios de salud, sino a los derechos básicos de la comunidad trans, no binaria y sexualmente diversa. Mientras eso ocurre seguirán reivindicando su existencia sin necesidad de ser encajados solamente como varones o mujeres, o como portantes de cromosomas XX o XY. Como lo dijo la poeta trans argentina: “Disfruto mi derecho vital a explorarme, reinventarme, hacer de mi mutar mi noble ejercicio”.

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En el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia se especifica que el Estado tiene la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de la población en general.

Para ello, se deben brindar oportunidades que lleven a una atención integral y con enfoque diferencial, reconociendo las vulnerabilidades y particularidades de las personas que hacen parte de pueblos, comunidades o colectivos históricamente invisibilizados y estigmatizados.

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A su vez, desde la legislación internacional en materia de derechos humanos, se establece que las naciones deben adoptar las medidas necesarias para eliminar los prejuicios y las prácticas que promueven la idea de inferioridad o superioridad de cualquier persona en razón de su orientación sexual o identidad de género. En 2006, por ejemplo, en los Principios de Yogyakarta se denunciaron algunas de las violaciones en esta materia de las que son objeto los integrantes de la comunidad LGBTI.

Asimismo, en el documento “Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se exponen algunas de las barreras que se le generan a este colectivo para acceder a derechos fundamentales como salud, empleo, justicia y participación política.

Es por ello que en el marco del llamado “Nuevo contrato social y ambiental, por la Bogotá del siglo XXI”, desde las secretarías de Salud, Planeación y Mujer se establecieron los lineamientos para la atención en salud de las personas transgénero y no binarias en Bogotá. Este documento tiene el objetivo de brindar orientaciones para que los integrantes del Sistema de Seguridad Social en Salud tengan una guía para el desarrollo de la atención integral a poblaciones diferenciales.

Sin embargo, más allá de la retórica planteada en documentos oficiales, aún es precario el acceso que tienen las personas con vida trans a una atención digna. En 2021, desde la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) se hizo una encuesta nacional a esta población y arrojó que el 47,51 % del total de consultados se sintió discriminado en el sistema de salud: el 16,80 % por su identidad de género; el 2,69 % debido a condiciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, infecciosas o el diagnóstico de VIH; el 5,18 % por su nacionalidad y el 1,24 % por tener una condición de discapacidad.

No obstante, en la ruta de atención formulada por el Distrito se incluyen conceptos para “comprender las situaciones y decisiones de vida de esta población, las acciones a cargo de los actores del Sistema de Seguridad Social y algunas precisiones a tener en cuenta para su atención y la gestión de los riesgos en salud”.

Este planteamiento puede sonar alentador, pero según Daniel González, integrante del Área de Ivestigaciones de la Fundación GAAT, existe una brecha enorme entre lo que se escribe con tinta y lo que se hace en el diario vivir. Para empezar, una de las principales barreras a las que se enfrentan las personas trans y no binarias es el irrespeto hacia su identidad y los pronombres con los cuales se reconocen. Esta constante marca en definitiva la sensación de seguridad y conformidad de los pacientes.

“Desde los vigilantes hasta los doctores te interpretan como les viene la gana, a pesar de tus documentos. Te ponen tu nombre anterior y el género que no te identifica, afectando que te sigan interpretando como lo que quieres dejar de ser”, compartió como testimonio una mujer transgénero en la Encuesta de salud de personas con experiencias de vida trans.

Llamado de atención que no es nuevo, ya que desde el Informe de Derechos Humanos sobre personas con orientación sexual e identidad de género diversa, realizado por la Defensoría del Pueblo en 2021, se sigue recomendando a las instituciones capacitar a sus funcionarios en el trato igualitario que no parta de los prejuicios ni de las construcciones sociales hacia la pluralidad.

Frente a este punto es importante identificar si en la formación actual de los futuros profesionales de la salud se les está capacitando en la atención de pacientes que no se ubican dentro de los discursos hegemónicos sobre lo identitario y la convicción del binarismo (masculino y femenino).

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De acuerdo con Alejandro Bautista, director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional, la formación en este aspecto ha sido deficiente. Por lo tanto, desde el año pasado se realizaron avances con los estudiantes en el trato de pacientes que solicitan servicios de endocrinología.

Sin embargo, que se tenga en cuenta a esta población únicamente en ese enfoque lleva a otro tópico, pues, de acuerdo con Danne Aro Belmont, directora de la Fundación GAAT, no existe una verdadera integralidad en los servicios que se brindan a esta población, dado que a partir del estigma una vez llegan a los centros hospitalarios se cree que acuden únicamente por procedimientos estéticos, hormonales o por tratamientos de VIH:

“Eso genera una limitante frente a la atención en general, dado que eso hace que se basen en el estereotipo y la representación social negativa que se tiene del colectivo. Suelen ignorar que nuestras vidas también son vidas plenas y que no estamos exentos de otro tipo de patologías”, afirma Belmont.

Falta mucho todavía para que se concrete un verdadero acceso igualitario, no solo a los servicios de salud, sino a los derechos básicos de la comunidad trans, no binaria y sexualmente diversa. Mientras eso ocurre seguirán reivindicando su existencia sin necesidad de ser encajados solamente como varones o mujeres, o como portantes de cromosomas XX o XY. Como lo dijo la poeta trans argentina: “Disfruto mi derecho vital a explorarme, reinventarme, hacer de mi mutar mi noble ejercicio”.

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