Acción popular sí podría influir en la tarifa del barrido urbano en Bogotá

El pleito que libran Proceraseo, empresa que agrupa a los cinco operadores de aseo de Bogotá y distribuye los recursos del barrido de calles, y Promoambiental, uno de sus asociados que alega distribución injusta de dichos recursos, siguen en un rifirrafe, que solo resolverá la justicia. Hoy hay procesos en la Superintendencia de Servicios, el Tribunal de Bogotá y la Corte Constitucional.

El pleito que libran Proceraseo, empresa que agrupa a los cinco operadores de aseo de Bogotá y distribuye los recursos del barrido de calles, y Promoambiental, uno de sus asociados que alega distribución injusta de dichos recursos, siguen en un rifirrafe, que solo resolverá la justicia. Hoy hay procesos en la Superintendencia de Servicios, el Tribunal de Bogotá y la Corte Constitucional.

Recientemente, en entrevista con El Espectador, Alejandro Carranza, director de Proceraseo (Lea la entrevista), dijo que su contraparte busca que le paguen más y, de paso, generar un aumento en la tarifa a los usuarios. No obstante, el abogado Humberto Sierra Porto, defensor de Promoambiental, lo rechaza y asegura que su reclamo es por la redistribución de recursos que ya se cobraron, lo que no afectaría la tarifa.

Según Sierra Porto, el lío de fondo es que cuatro concesionarios quieren mantener “un diseño de contrato que les permite trabajar menos y ganar más”. No obstante, sí reconoce que el pleito en el Tribunal (próximo a decidirse) no solo definirá quién tiene la razón, sino que podría afectar la tarifa del barrido de calles, aunque imponiendo mayor calidad. Esto habló con El Espectador.

¿Aumentará la tarifa de aseo si Promoambiental gana el pleito?

El señor Carranza se quiere mostrar como la objetividad en materia de aseo, pero es un prestigioso abogado, contratado por los otros cuatro operadores, para defender sus intereses y están tergiversando este asunto. Nosotros estamos peleando por cómo se repartieron de manera injusta unos recursos que ya se cobraron.

Ustedes perdieron una tutela que pretendía revivir un laudo que les daba la razón. ¿Por qué no apelaron?

La tutela que rechazó la Sala Civil de la Corte Suprema no la apelamos por estrategia judicial. Si lo hubiéramos hecho, la hubiera revisado la sala penal. Entonces, como toda tutela de la Corte Suprema, debe ir a la Constitucional; preferimos que llegara allá.

¿Cómo afectará ese pleito la tarifa de barrido a los usuarios?

Ese, en nada, porque es por recursos que ya se cobraron. Lo que sí podrá influir sería la acción popular en el Tribunal de Bogotá, que definirá si solo se debe barrer lo que dice el PGIRS [Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional], a través del cual el Distrito establece zonas a barrer y deja otras por fuera, o si se debe cumplir con barrer toda la zona de servicio dos veces por semana, lo que supone más trabajo. El fallo podría impactar la tarifa. En caso de existir variación, sería mínima, pero se ganaría en calidad. El juez hará una interpretación contractual. Hoy todas las empresas estamos barriendo lo que dice el PGIR, como exigió el Distrito, pero ya se están presentando quejas por la calidad.

Si al firmar el contrato era clara la forma de pago por el barrido, ¿por qué cambiarla sobre la marcha?

El cambio se produjo no por parte nuestra, sino por la empresa que debía aplicar bien la fórmula para pagar la actividad de barrido. Las reglas han sido claras y la investigación de la Superservicios ha avalado lo que nosotros hemos dicho: se les estaría pagando a otros por un servicio que no prestan. Es un asunto de interpretación del contrato.

¿La concesión estuvo mal diseñada?

Los contratos pueden ser interpretados. El contrato no estuvo mal diseñado. El problema es cuando hay interés de interpretarlo para conveniencia de unos, por interés económico. ¿Quién debe definir cómo se distribuyen? ¿Una asociación que ellos dirigen? Ese sería el único fallo del esquema, porque prevalecen los intereses económicos.

Se les señala de barrer más de lo que dice el contrato para cobrar más...

Nosotros tenemos unos criterios y es que se debe cumplir la frecuencia mínima de barrido, no solo lo que dice el PGIRS, y barrer la zona, incluso algunas que no están incluidas, pero sí les cobran. En nuestro caso, estamos barriendo lo que indica la regulación nacional, porque es nuestro compromiso. Eso es lo que se está discutiendo. Pero hoy nos pagan menos de lo que trabajamos, pero les pagan más a los otros operadores. Eso lo consideramos una injusticia y se arregla sencillamente aplicando la fórmula establecida en la norma nacional. No esperamos más que eso.

¿Qué impacto tendría la investigación de la Superservicios contra los otros operadores?

Sobre el proceso contra tres operadores (Lea el artículo), por supuestamente recibir más recursos de los que merecían en la actividad de barrido, si los sancionan sería un mensaje claro sobre la necesidad de modificar la fórmula que se está aplicando.

¿Podría modificar el contrato?

No, pero definirá si se está cumpliendo bien la norma en ese contrato y cómo se debe aplicar. El contrato solo lo puede modificar por acuerdo entre las partes. El asunto es ¿cómo se debe interpretar el contrato? Si indican que solo se debe aplicar lo que dice el PGIRS o la norma nacional. En este momento eso está en manos del Tribunal, quien a la larga definirá si esa plata la distribuyeron mal o no.

Dice Proceraseo que ustedes no hicieron bien los cálculos al competir por el contrato...

Si no hubiéramos sido tan previsivos, no tendríamos el servicio al día, a pesar de las dificultades de no recibir el dinero que nos corresponde. Dicen que hemos sido negligentes, pero, al contrario, hemos sido muy eficientes. Solo que los cálculos que hacemos es que nos deben pagar, como dice la ley, y no está pasando.

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