Acciones frente al hacinamiento carcelario en Bogotá son insuficientes: Procuraduría
El Ministerio Público advirtió que, a pesar de las acciones de la Alcaldía, en la capital persiste la vulenración de los derechos de los privados de libertad. En la ciudad, los puntos más críticos se sitúan en las localidades de Usaquén (870%), Bosa (542%), Kennedy (361.67%) y Ciudad Bolívar (296%).
La Procuraduría General de la Nación calificó como “insuficientes y sin el impacto esperado” las acciones que ha emprendido la Alcaldía de Bogotá para resolver la problemática del hacinamiento carcelario en las estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad, que en este momento presentan una sobrepoblación del 254%.
El ente de control advirtió que a pesar de los compromisos adquiridos por el Distrito en distintas mesas de trabajo y tras varios requerimientos de los entes de control, en la capital persiste la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
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“La administración ha hecho caso omiso a las advertencias de esta Procuraduría Delegada y, como consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vulneración de Derechos, fugas y alegaciones por supuestos tratos crueles, degradantes e inhumanos al interior de estos centros”, enfatizó la Procuraduría.
Según un reporte reciente de la Policía de Bogotá, esta situación conlleva no solo a condiciones de vulnerabilidad de las personas con prisión preventiva, sino que también exige una destinación del pie de fuerza de las autoridades (409 uniformados) para la vigilancia y protección de los procesados por la justicia.
De esta manera, la Procuraduría le solicitó a la administración de Claudia López desarrollar las gestiones necesarias con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y con la Policía para realizar un traslado de orden nacional de las personas detenidas de manera preventiva.
En contexto: El preocupante panorama de las URI y estaciones de policía en Bogotá
En la ciudad, los puntos más críticos se sitúan en las localidades de Usaquén (870%), Bosa (542%), Kennedy (361.67%) y Ciudad Bolívar (296%).
Cabe recordar que el hacinamiento de carcelario en el país fue declarado como estado de cosas inconstitucional en la Sentencia SU-122 de 2022, emitida en abril del año pasado. Por esta razón, el ente de control pidió un informe sobre los avances en el cumplimiento de esta sentencia. A este llamado también se sumó la Personería de Bogotá.
“Reiteramos a la Administración Distrital la importancia de dar a conocer el Plan de Cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional para que se restablezcan los derechos de las personas privadas de la libertad conforme al estándar internacional”, indicó el personero distrital, Julián Pinilla.
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Asimismo, la Procuraduría requirió al Distrito utilizar los recursos disponibles en el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la construcción de nuevos centros carcelarios en la ciudad.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
La Procuraduría General de la Nación calificó como “insuficientes y sin el impacto esperado” las acciones que ha emprendido la Alcaldía de Bogotá para resolver la problemática del hacinamiento carcelario en las estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad, que en este momento presentan una sobrepoblación del 254%.
El ente de control advirtió que a pesar de los compromisos adquiridos por el Distrito en distintas mesas de trabajo y tras varios requerimientos de los entes de control, en la capital persiste la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
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“La administración ha hecho caso omiso a las advertencias de esta Procuraduría Delegada y, como consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vulneración de Derechos, fugas y alegaciones por supuestos tratos crueles, degradantes e inhumanos al interior de estos centros”, enfatizó la Procuraduría.
Según un reporte reciente de la Policía de Bogotá, esta situación conlleva no solo a condiciones de vulnerabilidad de las personas con prisión preventiva, sino que también exige una destinación del pie de fuerza de las autoridades (409 uniformados) para la vigilancia y protección de los procesados por la justicia.
De esta manera, la Procuraduría le solicitó a la administración de Claudia López desarrollar las gestiones necesarias con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y con la Policía para realizar un traslado de orden nacional de las personas detenidas de manera preventiva.
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En la ciudad, los puntos más críticos se sitúan en las localidades de Usaquén (870%), Bosa (542%), Kennedy (361.67%) y Ciudad Bolívar (296%).
Cabe recordar que el hacinamiento de carcelario en el país fue declarado como estado de cosas inconstitucional en la Sentencia SU-122 de 2022, emitida en abril del año pasado. Por esta razón, el ente de control pidió un informe sobre los avances en el cumplimiento de esta sentencia. A este llamado también se sumó la Personería de Bogotá.
“Reiteramos a la Administración Distrital la importancia de dar a conocer el Plan de Cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional para que se restablezcan los derechos de las personas privadas de la libertad conforme al estándar internacional”, indicó el personero distrital, Julián Pinilla.
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Asimismo, la Procuraduría requirió al Distrito utilizar los recursos disponibles en el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la construcción de nuevos centros carcelarios en la ciudad.
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