Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El lío de años por la operación de los cuatro cementerios distritales (Central, Norte, Sur y Serafí) entre el operador Jardines de Luz y Paz y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, esta semana tendrá un nuevo capítulo pues, a raíz de una decisión unilateral del contratista, los campos santos suspendieron sus servicios, hecho que llevó a la entidad a activar un plan especial de contingencia para garantizar que los servicios fúnebres se continúen prestando sin contratiempo.
Le puede interesar: 12 incendios forestales se atendieron este viernes en Cundinamarca, esto se sabe
De acuerdo con la entidad que, el actual operador decidió cerrar los cementerios distritales cuando está próximo a finalizar el proceso sancionatorio y de inhabilidad que se desarrolla con la UAESP por cinco incumplimientos a la ley 80 de 1993, que regula los procesos de contratación pública. Cuatro de estos incumplimientos ocurrieron en la administración anterior, y uno en la actual alcaldía.
“Como es de público conocimiento, los cuatro cementerios distritales fueron entregados en concesión para su operación, desde el 2021, a la empresa Jardines de Luz y Paz. Esta concesión, desde su inicio, ha tenido múltiples problemas de carácter administrativo en su ejecución, lo que ha generado que antes de la vigencia 2024 se impusieran cuatro multas, y este año, la quinta multa”, señaló Dolly Arias Casas, directora encargada de la UAESP.
El proceso de inhabilidad terminará el próximo lunes 23 de septiembre, fecha en que , además, se conocerán la sanciones definitivas por los incumplimientos que señala la entidad, cuyas labores de vigilancia del cumplimiento del contrato en mención, firmado en 2021, se intensificaron desde enero de 2024 con el objetivo de garantizar la prestación continúa de los servicios funerarios.
“Lo que establece la ley en estos casos es le cesión del contrato o la entrega del mismo, sin embargo, el operador tomó la decisión unilateral de cesar la prestación de servicio con el cierre físico de las instalaciones de los cementerios distritales, afectando actividades que estaban programadas para este fin de semana. Esta situación es inaceptable y el Distrito tomará todas las medidas que sean necesarias para retomar el control en los cementerios distritales y garantizar la prestación de los servicios funerarios”.
Razón por la cual, “ante esa conducta irregular y reprochable”, el Distrito anunció que implementará un plan de emergencia para retornar al normal funcionamiento de los cementerios de Bogotá. Por ahora, el funcionamiento de este plan de emergencia no se conoce en detalle y se espera que en los próximos días se expongan las dinámicas bajo la cual va a funcionar.
Entre tanto, la UAESP anunció que pondrá estas irregularidades en conocimiento de las autoridades para que se lleve a cabo una investigación detallada que determine los alcances de la decisión del operador, las afectaciones a la ciudadanía y, en ese sentido, las sanciones a las que halla lugar.
Un contrato accidentado
“Eran casi las 11:00 p.m. del 31 de junio de 2021 (un día antes del comienzo de la operación) y aún estábamos en proceso de empalme con la concesión anterior, revisando las bóvedas y la infraestructura. Fue una situación desafortunada que jugó en nuestra contra. Estábamos en medio de la pandemia. Teníamos salvedades legales frente al contrato, que no hubo tiempo para leerlo con tranquilidad. Nos dijeron que podíamos revisarlo, pero no ocurrió”, manifestó Éder Parada, gerente del consorcio Jardines de Luz y Paz a El Espectador, en octubre de 2023. Un año después, la situación persiste.
Estas fueron las circunstancias en las que se dio la firma del contrato 415-2021, por un valor de más de $41 mil millones, para una operación por cinco años. No obstante, según el consorcio, el desequilibrio económico desde el comienzo le ha generado perdidas por $2.600 millones en los últimos dos años, situación que, dicen, advirtieron desde el segundo mes de operación, cuando encontraron que los ingresos no eran suficientes para cumplir con sus obligaciones.
Lea además: Imponen medida preventiva por tala de 250 árboles en cuenca alta del río Bogotá
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
