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En medio de la controversia judicial, que se libra alrededor de la entrega de las obras de ampliación de la PTAR Salitre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recibió doble golpe, en la última decisión expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca: por un lado, se quedó sin el perito de confianza que había contratado, para apoyarlo en el proceso, y por el otro, rechazaron la recusación que radicó contra la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), por su posible nexo con el consorcio constructor.
En este punto vale recordar que la EAAB (como operador) y el Consorcio Expasión PTAR Salitre (como constructor) protagonizan un litigio, por la entrega de las obras de la Planta de Tratamiento, debido a daños con los equipos. Mientras los primeros dicen que todo es producto de incumplimientos del constructor, los segundos dicen que los daños obedecen a mala manipulación del operador.
Para dirimir la situación, el Tribunal de Cundinamarca ordenó una inspección judicial, para conocer quién tiene la razón, para la que se designaron dos peritos: El consorcio contratado por el Acueducto y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI).
Ahora, tras resolver las recusaciones, la inspección de los equipos y las obras, que han sido el epicentro de la controversia judicial, quedará exclusivamente en cabeza de la SCI. La decisión la tomó la magistrada Nelly Villamizar, ante una serie de recursos que radicaron las partes, en las que se señalaron mutuamente de haber contratado expertos, que presentaban algún tipo de inhabilidad.
Al final, el Tribunal indicó que el Acueducto de Bogotá (EAAB), no solo había pagado de más, al contratar por $7 mil millones a su perito, sino que entre las empresas que conformaban el consorcio había una empresa inhabilitada, para revisar el estado de los equipos e instalaciones de la Planta , cuya entrega sigue siendo incierta.
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Según indicó el fallo, este año la EAAB contrató al consorcio NHB para apoyar y asesorar a la entidad en la entrega de la PTAR Salitre, como perito en el proceso judicial. Este grupo empresarial estaba conformada por las sociedades HMV ingenieros, Brigard Urrutia y Nippon Koei.
Sin embargo, Nippon Koei - NHB y otra empresa realizaron, en 2009, el diseño ingeniería básico de lo que sería la segunda fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, por lo que debían declararse inhabilitados en el proceso. Lo que no ocurrió.
De esta manera, al tomar el juramento, NHB no manifestó tener ninguna inhabilidad, por lo que fueron recusados por el Consorcio de Expansión de la PTAR Salitre (CEPS), el contratista del proyecto, que debía entregar la planta el pasado 13 de septiembre. A lo cual, la magistrada Nelly Villamizar, garante de la sentencia del Río Bogotá, dio razón en su fallo.
“Le era obligado a la empresa que hace parte del Consorcio NHB PTAR SALITRE FASE II, esto es NIPPON KOEI CO. darle cumplimiento a la norma, siendo por todo manifiesto tanto su interés directo como indirecto al recibir retribución de la EAAB, por razón del referido contrato de Consultoría, configurándose las causales de recusación 1 y 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, de las que se hace mención en el auto que se impugna”, se lee en el fallo.
Además, el Tribunal también señaló que la contratación de la empresa inhabilitada superó el monto determinado por una orden judicial, que limitaba los honorarios a $600 millones. En ese sentido, el otro perito del proceso, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, recibirá este monto por parte de la EAAB, a pesar de haber demandado más dinero.
En cuanto a la recusación del Acueducto sobre la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la magistrada desestimó los argumentos e, incluso, sugirió que la empresa distrital acudió a argucias jurídicas, cercanas a la deslealtad procesal, con la intención inhabilitar al perito. Por estos hechos, la magistrada trasladó pruebas a la Comisión de Disciplina Judicial para que investigue a los abogados representantes del Consorcio NHB y del Acueducto de Bogotá.
De esta manera, continúan los líos detrás de la entrega de la PTAR Salitre, cuya principal controversia es el estado de sus máquinas e instalaciones previo a su entrega. Por el momento, los peritos cuentan con seis meses para determinar sí esta situación fue responsabilidad del contratista o hace parte de la operación normal de este tipo de planta. Aunque no es claro como esta inhabilidad de NHB pueda afectar el proceso.
Respaldo a la magistrada Villamizar
Por otra parte, cabe señalar recientemente el Concejo de Estado determinó que la magistrada Nelly Villamizar deberá continuar en su función como garante de la sentencia del Río Bogotá. Esto después de que, el 28 de julio, la magistrada pidiera ser retirada del cargo por presuntas presiones en su contra, en un caso que se ha vuelto mediático.
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En ese sentido, en el pasado miércoles la Procuraduría y la Contraloría enviaron a una carta el Consejo de Estado para dar celeridad a la apelación de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenaba al Acueducto de Bogotá recibir la PTAR Salitre e iniciar su operación completa. Cabe recordar que esta determinación fue tomada por la magistrada, que tras la controversia pidió ser retirada del seguimiento de la sentencia.
Sin embargo, se determinó que en caso de Villamizar no se encontraron elementos o factores que afecten el cumplimiento de sus funciones, además que la togada no presenta ningún conflicto de interés en ese caso. De esta manera, la magistrada seguirá a cargo del seguimiento del proceso de descontaminación de Río Bogotá.
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NOTA DEL EDITOR: Esta nota fue modificada y ajustada, para dar claridad sobre aspectos puntuales del origen del proceso y el pronunciamiento judicial.
