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La Contraloría de Bogotá informó 33 hallazgos en la Empresa de Acueducto por $111.525 millones, 15 son disciplinarios y 14 son fiscales, “por hechos relacionados con obras y el pago de multas, sanciones e interés de mora impuestas por entidades como la DIAN”, informó el organismo de control.
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Estos hallazgos se establecieron en la Auditoría de Regularidad en la que se hizo un control de la gestión que hizo el Acueducto en 2022, asimismo, se revisaron estados financieros, informes presupuestales y el sistema de control fiscal interno, entre otros.
Entre las causas de esos 33 hallazgos, están:
1. El pago de $60.178 millones que esa empresa le canceló a la DIAN por “inexactitudes en las declaraciones de renta e impuestos complementarios, autoliquidadas y presentadas en los años gravables 2018 y 2019 (pero pagadas en 2019 y 2020), que llevaron a sancionarla con multas por cerca de $4.000 millones, más el pago de intereses de mora que superaron los $56.000 millones”, agregó la Contraloría.
2. El presunto daño patrimonial por $15.695 millones por las obras del corredor ambiental del Río Tunjuelo-Chingaza, “que aun después de 24 meses de culminadas no han sido recibidas a satisfacción (dados los problemas que registra la construcción), no se ha liquidado el contrato, tampoco se encuentra al servicio de la comunidad y la obra ya tiene alto grado de deterioro de forma tal que la zona se ha vuelto insegura, lo que finalmente evidencia un menoscabo a los intereses patrimoniales del Distrito”.
3. El daño al patrimonio por $13.932 millones, por un convenio suscrito por el Acueducto con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) “para la realización de estudios y diseños que condujeran a la estructuración técnica, legal y financiera de la obra y la operación del Parque Ecológico y Cable Aéreo San Rafael, estudios y diseños que no se pudieron aplicar debido a una medida cautelar y la solicitud de abstenerse de realizar cualquier obra o construcción en el Embalse San Rafael que resultara contraria o afectara la zona de reserva forestal “El Sapo””.
4. El hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria por “obra sin terminar, anticipo sin amortizar y rediseños del contrato dirigido a adelantar obras para la renovación del sistema troncal de alcantarillado de la Subcuenca Boyacá en cuantía de $7.334 millones. Allí el contratista abandonó el proyecto y el daño se determinó por el anticipo sin amortizar y porque las obras que se hicieron no están operando”.
5. El hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria por $4.984 millones, que harían parte de la amortización del anticipo y costos adicionales asumidos por la empresa para la recuperación de espacio público y valor del contrato de interventoría de las obras que buscaban optimizar el servicio en la zona de Cerro Norte, pero estas no se ejecutaron.
6. El hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria por “obra sin terminar, anticipo sin amortizar y obras de espacio público ejecutadas directamente por el Acueducto como consecuencia del abandono de obra por parte del contratista para la renovación de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, para el barrio Los Libertadores y sectores aferentes de la localidad de San Cristóbal que suman $4.902 millones”.
7. El Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria por el abandono de la obra, por parte del contratista, “en cuantía de $847 millones para la renovación de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial para el barrio Canadá Güira y sectores aferentes de la localidad de San Cristóbal”.
8. Y otros tres hallazgos “relacionados en el informe de auditoría respecto a obras contratadas por la EAAB-ESP, se configuraron al detectar falencias en la planeación de los contratos por parte de la EAAB-ESP, en especial en la expedición de las licencias necesarias, dependiendo la obra y, expedidas por entidades como la Secretaría de Ambiente, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI”.
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Los demás hallazgos, según la Contraloría, tendrían que ver con el pago de intereses de mora por conceptos como: pago extemporáneo del impuesto predial, cancelación extemporánea de facturas de Tasa Retributiva, el pago de intereses de mora emitido por la ANLA y pagos extemporáneos de la tasa compensatoria de los cerros orientados cobrada por la CAR.
Respecto al hallazgo de los más de $60.000 millones por los errores de la empresa en las declaraciones de renta y complementarios de 2018 y 2019 inició un Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF). Por otra parte, los demás hallazgos se encuentran “en revisión de documentación y evidencias por un equipo especial en la Dirección de Responsabilidad Fiscal”, concluyó la Contraloría.
Esto respondió el Acueducto
Frente a la información publicada por el organismo de control, el Acueducto señala que “frente a cada uno de los hallazgos, la Empresa entregó respuesta y evidencias que demuestran la probidad de la gestión realizada y la no existencia de daño al patrimonio público. Sin embargo, la Contraloría no considero procedentes los argumentos”.
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La empresa agregó que los hallazgos son en contratos del 2016 al 2019. Y respecto a las obras del corredor ambiental del río Tunjuelo–Chiguaza, “es por una obra finalizada que se encuentra en proceso de ser recibida y activada por la empresa, con lo cual los pagos efectuados corresponden al valor de las obras efectivamente ejecutadas previa verificación de la interventoría”.
En cuanto al hallazgo con incidencia fiscal de $13.933 millones, por el proyecto Parque Ecológico San Rafael, el Acueducto aclara que “el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá decretó medida cautelar y ordenó abstenerse de realizar cualquier obra o construcción en el Embalse San Rafael hasta tanto se profiera sentencia en el proceso, siendo un hecho de un tercero sobre el cual no tiene gobernabilidad la Empresa”.
Frente al hallazgo de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial para el barrio Los Libertadores y sectores aferentes de la localidad de San Cristóbal, recalcan que “el contratista no ejecutó la totalidad de las obras contratadas y la empresa adelanta el proceso judicial por los perjuicios que ocasionó a la Empresa, incluyendo la porción del anticipo no amortizado, donde informamos que existen los recursos de la retegarantía que garantizan que los mismos no se pierdan”.
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Para los hallazgos en temas tributarios con presunta incidencia fiscal por $60.178 millones, la empresa señala que están relacionados con el pago de las declaraciones de renta de los años gravables 2018 y 2019, “donde se tomaron descuentos tributarios que no se encuentran soportados en las certificaciones ambientales exigidas por la norma”.
“Ante esto, la EAAB analizó los escenarios que permitieron determinar el menos gravoso para la Empresa y procedió a corregir dichas declaraciones, aprovechando los beneficios establecidos por la Ley 2277 de 2022, de reforma tributaria, en materia de reducción de sanción e intereses de mora, evitando sanciones mayores por parte de la DIAN”, recalcó.
También afirman que la Contraloría de Bogotá encontró que “la información financiera y presupuestal de la Empresa es sólida y por ello fenece la cuenta del año 2022. El fenecimiento de la cuenta permite demostrar la transparencia y legalidad de nuestra gestión fiscal, así como el cumplimiento de los objetivos y metas de la Empresa. Además, el fenecimiento de la cuenta anual nos permite identificar fortalezas y recibir recomendaciones y observaciones para mejorar el desempeño”.
Finalmente, la empresa de alcantarillado hizo énfasis en que están a disposición de todos los organismos de control para garantizar la defensa del patrimonio público.
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