Acueductos comunitarios: entre la autogestión y la indiferencia de las entidades

La crisis del agua que atraviesa la ciudad dio pie para que el Concejo le pusiera la lupa al suministro y abastecimiento en Bogotá. Y durante un ejercicio de control político se puso sobre la mesa la situación de miles de familias que les ha tocado acudir a su ingenio para acceder al líquido vital, pues a la fecha no tienen el servicio ni el apoyo directo de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB). Se trata, según la Secretaría de Hábitat, de casi 10.000 familias vulnerables, en su mayoría de estratos 1 y 2, que satisfacen su necesidad a través de acueductos comunitarios o veredales, figura que existe desde los 80 en zonas rurales o periféricas, donde los primeros residentes decidieron abastecerse autónomamente.

La crisis del agua que atraviesa la ciudad dio pie para que el Concejo le pusiera la lupa al suministro y abastecimiento en Bogotá. Y durante un ejercicio de control político se puso sobre la mesa la situación de miles de familias que les ha tocado acudir a su ingenio para acceder al líquido vital, pues a la fecha no tienen el servicio ni el apoyo directo de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB). Se trata, según la Secretaría de Hábitat, de casi 10.000 familias vulnerables, en su mayoría de estratos 1 y 2, que satisfacen su necesidad a través de acueductos comunitarios o veredales, figura que existe desde los 80 en zonas rurales o periféricas, donde los primeros residentes decidieron abastecerse autónomamente.

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Según la concejal Quena Ribadeneira (Pacto Histórico), actualmente en Bogotá operan 29 acueductos de este tipo. En ese sentido, la mayor concentración de estos sistemas de abastecimiento de agua se encuentra en las localidades de Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme y Chapinero, ubicadas en el borde oriental de la ciudad, territorios que están dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, en donde hay ecosistemas productores de recursos hídricos que les sirven como fuentes de abastecimiento.

Acueductos comunitarios

La Constitución reconoce el agua como derecho fundamental. Y desde 1992, con la Sentencia T-576, la Corte Constitucional ordenó al Estado —en casos donde este no pueda asumir la prestación de servicios— brindar los medios para satisfacerlo, como medida de amparo, para las poblaciones que han buscado resolver el tema por sí mismas. En el caso del agua, es deber de las entidades apoyar los procesos existentes para que las comunidades tengan acceso al servicio, garantizando la calidad.

“Bogotá, aunque tiene un acueducto moderno y con capacidad de prestación del servicio, no posee un enfoque integral, donde los prestadores comunitarios se vean como socios del sistema. Al parecer, se convierten en un tipo de talanquera para las direcciones de turno del Acueducto”, resaltó la concejal Ribadeneira en diálogo con El Espectador. En ese sentido, los problemas alrededor de estos sistemas giran en varios ejes. Para empezar, las familias no gozan de suministro continuo, es decir, que para esa fracción de población el racionamiento es constante.

Un caso que ejemplifica la situación ocurre con Acualcos, un acueducto comunitario fundado en 1985 que suple la demanda en los barrios San Isidro I y II, La Sureña y San Luis, ubicados en zona rural de Chapinero, en límites con La Calera. Al principio la gente se organizó y buscó cómo traer agua y lograron hacerlo desde la vereda El Verjón Alto de dos afluentes: el río Teusacá y la quebrada Amarilla. Son 12 km de tubería que construyó la comunidad.

“En esa época la capacidad máxima era de 10.000 habitantes. ¿Qué pasa? Por la expansión, la mala planeación del ordenamiento territorial y la ambigüedad en las normas en el uso del suelo, el barrio se expandió y hoy, según el censo, somos casi 27.000 habitantes. Si bien hay dos acueductos más, el suministro no se puede garantizar de forma continua”, contó Jeniffer Montañez, directiva de Acualcos.

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La infraestructura es otra arista, pues gran parte de los acueductos funcionan con las mismas tuberías desde que se crearon, razón por la cual es necesaria su optimización, pero al ser un acueducto con tarifas pensadas para la población vulnerable, el recaudo no alcanza para desarrollar las obras necesarias.

“Pareciera que las instituciones no están de acuerdo con los acueductos comunitarios. En estos años no se ha visto voluntad de potencializarlos, a pesar de que hay leyes que obligan al Distrito. No hay una inversión real al respecto, no hemos tenido apoyo para optimizar las redes de distribución, de alcantarillado y manejo de vertimientos, porque actualmente en el territorio se están pagando las multas por contaminación, cosa que aplaudimos, pero tampoco vemos que se invierta en las PTAR”, agrega.

Por su parte, la concejal Ribadeneira sostiene que los prestadores comunitarios han pedido soporte para la modernización, “pero no han encontrado apoyo en la EAAB, quienes aducen, simplemente, que no se cumple, sin ofrecer otras soluciones y mientras tanto la gente debe seguirse abasteciendo sin potabilidad total del agua”.

En el caso de Acualcos, los temas de sedimentación en el agua es un tema urgente. “Si bien en el agua que consumimos no hay presencia de patógenos y microorganismos que afecten nuestra salud, a veces el agua llega con sedimentos o cierta coloración que hace desconfiar de su calidad. Para solucionar esto hemos acudido a las instituciones, pero nos hemos encontrado que su labor está centrada en la inspección y vigilancia y no en apoyar”, resalta Jeniffer.

Si bien el caso de Acualcos no representa las problemáticas de la totalidad de acueductos comunitarios, las circunstancias expuestas se repiten, en mayor o menor medida, en las demás organizaciones comunitarias. Por ello, tras la exposición hecha en el Concejo de Bogotá, se determinó la creación de una mesa técnica para resolver la situación y buscar la manera de robustecer la prestación del servicio. “Sin embargo, hasta el momento, no se ha recibido ninguna comunicación al respecto”, señala la cabildante.

Por ahora la situación permanece en las mismas condiciones. “Nosotros queremos hacer claridad en que los acueductos comunitarios no representan un problema en sí mismos. Debido a que históricamente se ha entendido el suministro de agua como un servicio y no como un derecho, es poco el reconocimiento que la gestión comunitaria del agua ha tenido. Se trata de un derecho que no puede ser una mera mercancía, como ocurre con la salud o la educación, por ejemplo”, puntualiza Jeniffer.

El Espectador consultó los puntos expuestos en este texto con la EAAB, pero no alcanzaron a enviar una respuesta. En su página web la entidad señala que, en cumplimiento del Decreto 552 de 2011, “tiene como objetivo aunar esfuerzos que contribuyan a la organización de Asociaciones Administradoras de Acueductos Veredales para su adecuado manejo, funcionamiento y operación, la gestión ambiental y el saneamiento básico en los sectores rurales de las localidades (…)”.

Y agrega: “Para ello se han realizado actividades de asesoría y asistencia técnica correspondientes a la planeación, revisión y elaboración de componentes técnicos de los proyectos de inversión local, respetando la iniciativa del gasto local”. No obstante, según la evidencia, dicha misionalidad podría robustecerse.

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