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En la madrugada de este viernes, 29 de noviembre, los representantes del pueblo Embera y los representantes del Gobierno Nacional, llegaron a un acuerdo para facilitar el retorno de la comunidad a sus territorios. Luego de que el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, anunciara la noche del jueves que las negociaciones iban en un 90 %, el acuerdo entre ambas partes finalmente se materializó.
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“Completamos el 100% de la negociación con el pueblo Emberá. Desde la ANT estamos concretando la logística para que hoy retornen a su territorio. Total agradecimiento a cada sector del gobierno que se sentó a dialogar para avanzar en los compromisos con esta comunidad”, afirmó el director de la entidad.
En ese orden de ideas, desde las primeras horas del día, el equipo de la ANT se encuentra coordinando la logística para el retorno de la comunidad a sus resguardos en el departamento de Risaralda. Asimismo, el campamento que se levantó desde el martes, en el parqueadero de la entidad, comienza a ser desinstalado.
Al finalizar la tarde de este viernes, 4.000 indígenas de la comunidad regresarán a sus resguardos, en un viaje por tierra que tomará alrededor de 19 horas. Una vez lleguen a sus resguardos, los líderes de la comunidad estarán atentos al cumplimiento de los acuerdos, en los cuales se incluyeron compromisos para mejorar las condiciones de vivienda, salud y educación de este pueblo ancestral.
Fricciones entre el Distrito y el Gobierno por los indígenas
Desde la llegada de los 4.000 indígenas a Bogotá, el martes pasado, las fricciones entre el Distrito y el Gobierno Nacional volvieron a acrecentarse. En medio de acusaciones por incumplimientos para sostener los albergues de la comunidad que salió del Parque Nacional en septiembre, y los cuestionamientos por la financiación del viaje de esta caravana, las entidades del orden local y nacional no se guardaron ningún tipo de reproche.
Desde el Distrito han defendido la idea de que el espacio público y la movilidad de la ciudad no pueden ser el epicentro de las disputas de orden nacional. Por otro lado, en las entidades del Gobierno, como la Unidad de Víctimas, han denunciado que este tipo de expresiones caen en el racismo y la discriminación.
Asimismo, la Unidad de Víctimas, a través de su directora, Lilia Solano, desmintió los rumores sobre el financiamiento del Gobierno al viaje de los 4.000 indígenas que llegaron a Bogotá el martes. De igual forma, los líderes de la comunidad se alinearon con esta versión, y argumentaron que ellos mismos financiaron el desplazamiento.
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