Un juzgado de pequeñas de la capital admitió una tutela interpuesta por el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, contra el Distrito y le ordenó a la Alcaldía Mayor y a las secretarías de Gobierno, Integración Social, Salud, Hábitat y a la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación brindar todas “las medidas de atención y asistencia humanitaria integral en materia de salud, seguridad alimentaria, salubridad, suministro de agua potable (...)” entre otras condiciones, hasta que se logre el traslado dentro de la ciudad de las comunidades indígenas.
Además, la acción de tutela exigió a estas entidades realizar una caracterización a las comunidades indígenas para mejorar la atención ofrecida a estas. Por otra parte, el recurso también conminó al Distrito a establecer mesas técnicas para avanzar sobre el cumplimiento de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas (PIAA) contemplados en el artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024.
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🔴 #Atención
— Personería de Bogotá (@personeriabta) December 15, 2021
A un término de 8 horas, la Alcaldía debe prestar servicios de salud, alimentación, agua potable, elementos de aseo personal, manejo de residuos sólidos y desagüe, para que esta comunidad pueda gozar de condiciones sanitarias de habitabilidad, mientras es reubicada
Esta medida cautelar tiene como contexto el fallecimiento en septiembre de un niño embera chamí de 1 año y nueve meses en las inmediaciones del Parque Nacional por las precarias condiciones de vida en el asentamiento. En este sentido, la Personería señaló en el documento que las respuestas de la administración distrital deben estar acordes a las necesidades de la comunidad que tienen un alto riesgo en términos de salud.
Por el momento las autoridades indígenas en Bakatá —que son los que lideran la toma de este lugar— han recibido varias propuestas por parte del Distrito para su traslado, aunque no ha aceptado ninguna argumentando que no cumplen con las condiciones de habitabilidad ni de enfoque étnico. En ese sentido, las comunidades no aceptaron el ofrecimiento de una bodega en el barrio Las Cruces, en la localidad Santa Fe, debido a que solo tenía capacidad para albergar 644 personas, lo que generaría la ruptura de la cohesión comunitaria.
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En ese sentido, los líderes indígenas continúan insistiendo en su voluntad de permanecer en Bogotá. “La mayoría de estos niños se encuentran en instituciones educativas en Ciudad Bolívar, en Usme y efectivamente estando afuera de la jurisdicción de Bogotá, ninguna ruta los va a cubrir y hay una interrupción de los grados de formación”, señaló a principios de diciembre, Jairo Montañez, uno de los líderes de la comunidades indígenas.
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