Agencia de Analítica de Datos: ¿mejorará el gobierno de Bogotá?

El concepto de ciudad inteligente va más allá de una urbe con tecnologías de punta. Según expertos, se concentra más en gobiernos que toman decisiones efectivas y personas que gozan de una buena cultura ciudadana. En suma, todos esos andamiajes tecnológicos que prometen construir las smartcities no son más que herramientas, que bien implementadas, facilitan alcanzar dicha meta.

En Bogotá hay varios ejemplos de cómo se puede fracasar en esta materia. En 2015, en la administración de Gustavo Petro, se tuvo la expectativa de que, con la instalación de cámaras de reconocimiento facial en las estaciones de Transmilenio, se mejoraría la seguridad en el sistema. La realidad es que nunca funcionaron y la ciudad perdió $11.000 millones. También están las cámaras salvavidas, que implementó Enrique Peñalosa. Si bien sirven para hacer fotocomparendos, la Corte limitó su función. Hoy la pregunta es: ¿podrá la administración de Claudia López dejar una ciudad inteligente?

Esa parece ser su intención, pues en el Plan de Desarrollo (PDD) hay una mirada transversal, con casi 70 metas asociadas con el aprovechamiento de la tecnología, las cuales demandarían una inversión de $3 billones para el cuatrienio. Para la secretaria general de la Alcaldía, Margarita Barraquer, lo consignado en PDD apunta a consolidar a la capital como una de las primeras ciudades inteligentes.

Y para lograrlo se propusieron cinco metas: 1. Tener un programa y una aplicación (app) de Gobierno Abierto de Bogotá (GABO). 2. Lograr una educación 4.0, formando a estudiantes en habilidades útiles para el “nuevo mundo”. 3. Avanzar en la cuarta revolución industrial y digitalización. 4. Implementar agendas de transformación digital en la administración pública. 5. Está la idea de consolidar a Bogotá como smartcity mediante iniciativas como la creación de la Agencia de Analítica de Datos, plataforma que ayudará en la construcción de políticas públicas efectivas, basada en la realidad del territorio. Esta última integrará una significativa cantidad de datos de diferentes entidades distritales y de los formularios que diligencie la ciudadanía (como el de Bogotá Cuidadora), para analizarlos y “obtener la foto completa de las necesidades de los bogotanos”, dice Felipe Guzmán, alto consejero distrital de las TIC.

Los reparos

A pesar de los objetivos, el proyecto de la Agencia Analítica no deja de generar interrogantes entre concejales como Carlos Fernando Galán, quien tiene dudas sobre el manejo que les daría el Distrito a los datos que recopile, pues en un debate de control político se planteó que a futuro podrían ser usados para propaganda política (como en EE. UU. con el caso de Facebook y Cambridge Analytica) o vendidos para estudios comerciales. A esto se suma el cuestionamiento de qué tan segura estará la información si, por ejemplo, para el caso del registro de las empresas que se suman a la reactivación económica, se debe diligenciar un formulario que pasa por manos de un tercero: la alianza de las empresas Steer y Jerónimo. La duda crece al leer en su portal web que ambas construyen una “herramienta que puede apoyar la toma de decisiones en cualquier ciudad y su área metropolitana, ante un eventual proceso de reapertura gradual de su actividad económica”.

En línea con lo anterior, y aunque el Distrito asegura que, por ejemplo, para el diseño y desarrollo de GABO solo intervinieron funcionarios y contratistas de la administración, desde el Concejo propusieron la contratación de un servicio de contrainteligencia que evite que estos trabajadores usen inadecuadamente los datos.

Hay que aclarar que los cuestionamientos no buscan evitar que Bogotá integre tecnologías relacionadas con el tratamiento de datos, solo que creen importante blindar al máximo un proceso que podría poner en riesgo la privacidad de la ciudadanía, afectando no solo la confianza de los bogotanos en la administración, sino la consolidación de una ciudad inteligente.

Parte de tranquilidad

Ante las dudas, el alto consejero distrital de las TIC dio un parte de tranquilidad al anunciar que a la par se creará la Comisión de Transformación Digital del Distrito, que será la instancia que coordinará y articulará las buenas prácticas en el tratamiento de datos. “Estamos seguros de que la confianza digital permitirá que los ciudadanos usen los productos digitales que tengamos”.

Más allá de las intenciones o las dudas, lo cierto es que, una vez se supere la emergencia, Bogotá tendrá una Agencia de Analítica de Datos que, se espera, ayude al Distrito a tomar decisiones basadas realmente en las necesidades que vaya identificando. Incluso, dicen, el análisis permitirá predecir futuras problemáticas. Por si fuera poco, esta administración quiere sellar los esfuerzos por medio de una política pública TIC (contemplada en el PDD), que perdure más allá de la administración de turno.

En este aparente futuro, en el que las decisiones estarán fundamentadas en el análisis profesional de datos, queda el interrogante de qué pasará con aquellas personas que, por distintas razones, se abstengan o no puedan suministrarlos. ¿Sus necesidades no llegarán a los oídos de los gobernantes? ¿Serán invisibles para el sistema? Lo ideal sería que no.

El concepto de ciudad inteligente va más allá de una urbe con tecnologías de punta. Según expertos, se concentra más en gobiernos que toman decisiones efectivas y personas que gozan de una buena cultura ciudadana. En suma, todos esos andamiajes tecnológicos que prometen construir las smartcities no son más que herramientas, que bien implementadas, facilitan alcanzar dicha meta.

En Bogotá hay varios ejemplos de cómo se puede fracasar en esta materia. En 2015, en la administración de Gustavo Petro, se tuvo la expectativa de que, con la instalación de cámaras de reconocimiento facial en las estaciones de Transmilenio, se mejoraría la seguridad en el sistema. La realidad es que nunca funcionaron y la ciudad perdió $11.000 millones. También están las cámaras salvavidas, que implementó Enrique Peñalosa. Si bien sirven para hacer fotocomparendos, la Corte limitó su función. Hoy la pregunta es: ¿podrá la administración de Claudia López dejar una ciudad inteligente?

Esa parece ser su intención, pues en el Plan de Desarrollo (PDD) hay una mirada transversal, con casi 70 metas asociadas con el aprovechamiento de la tecnología, las cuales demandarían una inversión de $3 billones para el cuatrienio. Para la secretaria general de la Alcaldía, Margarita Barraquer, lo consignado en PDD apunta a consolidar a la capital como una de las primeras ciudades inteligentes.

Y para lograrlo se propusieron cinco metas: 1. Tener un programa y una aplicación (app) de Gobierno Abierto de Bogotá (GABO). 2. Lograr una educación 4.0, formando a estudiantes en habilidades útiles para el “nuevo mundo”. 3. Avanzar en la cuarta revolución industrial y digitalización. 4. Implementar agendas de transformación digital en la administración pública. 5. Está la idea de consolidar a Bogotá como smartcity mediante iniciativas como la creación de la Agencia de Analítica de Datos, plataforma que ayudará en la construcción de políticas públicas efectivas, basada en la realidad del territorio. Esta última integrará una significativa cantidad de datos de diferentes entidades distritales y de los formularios que diligencie la ciudadanía (como el de Bogotá Cuidadora), para analizarlos y “obtener la foto completa de las necesidades de los bogotanos”, dice Felipe Guzmán, alto consejero distrital de las TIC.

Los reparos

A pesar de los objetivos, el proyecto de la Agencia Analítica no deja de generar interrogantes entre concejales como Carlos Fernando Galán, quien tiene dudas sobre el manejo que les daría el Distrito a los datos que recopile, pues en un debate de control político se planteó que a futuro podrían ser usados para propaganda política (como en EE. UU. con el caso de Facebook y Cambridge Analytica) o vendidos para estudios comerciales. A esto se suma el cuestionamiento de qué tan segura estará la información si, por ejemplo, para el caso del registro de las empresas que se suman a la reactivación económica, se debe diligenciar un formulario que pasa por manos de un tercero: la alianza de las empresas Steer y Jerónimo. La duda crece al leer en su portal web que ambas construyen una “herramienta que puede apoyar la toma de decisiones en cualquier ciudad y su área metropolitana, ante un eventual proceso de reapertura gradual de su actividad económica”.

En línea con lo anterior, y aunque el Distrito asegura que, por ejemplo, para el diseño y desarrollo de GABO solo intervinieron funcionarios y contratistas de la administración, desde el Concejo propusieron la contratación de un servicio de contrainteligencia que evite que estos trabajadores usen inadecuadamente los datos.

Hay que aclarar que los cuestionamientos no buscan evitar que Bogotá integre tecnologías relacionadas con el tratamiento de datos, solo que creen importante blindar al máximo un proceso que podría poner en riesgo la privacidad de la ciudadanía, afectando no solo la confianza de los bogotanos en la administración, sino la consolidación de una ciudad inteligente.

Parte de tranquilidad

Ante las dudas, el alto consejero distrital de las TIC dio un parte de tranquilidad al anunciar que a la par se creará la Comisión de Transformación Digital del Distrito, que será la instancia que coordinará y articulará las buenas prácticas en el tratamiento de datos. “Estamos seguros de que la confianza digital permitirá que los ciudadanos usen los productos digitales que tengamos”.

Más allá de las intenciones o las dudas, lo cierto es que, una vez se supere la emergencia, Bogotá tendrá una Agencia de Analítica de Datos que, se espera, ayude al Distrito a tomar decisiones basadas realmente en las necesidades que vaya identificando. Incluso, dicen, el análisis permitirá predecir futuras problemáticas. Por si fuera poco, esta administración quiere sellar los esfuerzos por medio de una política pública TIC (contemplada en el PDD), que perdure más allá de la administración de turno.

En este aparente futuro, en el que las decisiones estarán fundamentadas en el análisis profesional de datos, queda el interrogante de qué pasará con aquellas personas que, por distintas razones, se abstengan o no puedan suministrarlos. ¿Sus necesidades no llegarán a los oídos de los gobernantes? ¿Serán invisibles para el sistema? Lo ideal sería que no.