Agitadores profesionales: los que pescan en el río revuelto del paro nacional en Bogotá

En abril, desde Probogotá región se prendieron las alertas sobre el impacto social y económico de la crisis sanitaria, tras analizar las proyecciones del COVID-19. Al respecto, se decía que no solo las tragedias personales y familiares serían una herencia terrible, sino que una posible mejoría de la seguridad sería un espejismo pasajero. Su desvanecimiento revelaría los retos tras la depresión social y económica, expresados en la exacerbación de la protesta social, el fortalecimiento criminal y el deterioro de la convivencia ciudadana.

Y el riesgo se ha materializado. El paro nacional, que arrancó el 28 de abril, ha dejado en un mes al menos 380 policías y 361 civiles heridos, un número no consolidado de víctimas fatales en medio de acciones en el marco de las protestas o su control policial, capturados, denuncias de abuso sexual, lesiones, daños en bienes ajenos y saqueos.

Además, 110 estaciones de Transmilenio fueron vandalizadas (casi la mitad con altos grados de destrucción) y 400 buses afectados o destruidos. Esto, sumado al asedio contra sus patios, ha dejado a los bogotanos sin transporte. Los comerciantes reportan pérdidas por $50.000 millones diarios, con el impacto negativo en empleos y recursos para la ciudad. Este panorama de destrucción de la vida, así como de la competitividad y el desarrollo de la ciudad es producto de la acción de agitadores profesionales, líderes políticos mezquinos y organizaciones criminales que se aprovechan del descontento de una ciudadanía, que pide atención a necesidades urgentes, agotada del caótico manejo de la pandemia y desconfiada de las instituciones.

Los agitadores, para tomar control de microterritorios y gestionar sus intereses delincuenciales; los políticos, enfocados en sus intereses electorales, y los criminales, reordenando sus posiciones en un país abundante en recursos del narcotráfico y la minería criminal. La explicación de la superposición de intereses legítimos y desestabilizantes es usualmente catalogada como un esfuerzo por deslegitimar la crisis social; nada más equivocado. Es tan real el descontento ciudadano (evidente en los indicadores del Invamer Poll a lo largo de varios años) como los ánimos desestabilizadores de los grupos señalados, a la luz de los hechos públicos e información de seguridad.

En el paro nacional en Bogotá se ha observado una dinámica cotidiana dividida en dos momentos, así como una estrategia de sostenimiento. El primer momento corresponde a la movilización ciudadana pacífica en el día, que se desplaza a sitios emblemáticos, espacios claves para el transporte o zonas de comercio. Algunas con eventos de choque entre la fuerza pública y manifestantes exaltados, comunes en estas jornadas. El segundo, cuando llega la noche, caracterizado por concentraciones de grupos de encapuchados que usan material contundente, explosivos artesanales e incluso armas de fuego para romper la unidad territorial de las localidades y bloquear accesos a la ciudad, a áreas residenciales, infraestructuras críticas y áreas comerciales. Es en este escenario donde se han dado los choques más significativos entre unidades antidisturbios y grupos de encapuchados, con los costos humanos más graves.

Respecto al sostenimiento, los actores violentos y agitadores buscan vulnerabilidades y ventajas territoriales en varias zonas, para crear nodos de presencia permanente, que les permitan desarrollar ventajas locales, mientras que el Gobierno y algunas organizaciones representativas de ciudadanos descontentos tratan de destrabar el diálogo y resolver la crisis. Un ejemplo es la fallida prueba de posicionamiento en Cedritos, algo que se logro en el Portal Américas, para lo cual han sido claves las condiciones sociales, económicas y delincuenciales propias del área.

Una historia aparte en esta dinámica corresponde a la fuerza policial, que enfrenta un reto significativo: aislar a los factores que ponen en peligro la integridad de quienes marchan y de quienes no, para mantener el orden y proteger la seguridad. La dificultad principal es la interpretación errada de la función de orden y seguridad, como una represión a la manifestación de las frustraciones ciudadanas. Es precisamente esto lo que los violentos han aprovechado para impulsar el clima de fractura entre ciudadanos y autoridades.

El imaginario de rivalidad, alimentado por señalamientos irresponsables desde todos los frentes, ha incrementado la fricción en las calles entre policías y ciudadanos, deteriorando la convivencia. No hay duda de que los bogotanos viven el período de mayor temor y desconfianza en años. El panorama del último mes permite observar desafíos importantes para el futuro inmediato, como reconocer las necesidades de la gente a partir de su naturaleza local; recomponer, articular y proyectar el diálogo entre jerarquías de gobierno e instituciones; dejar en evidencia a los interesados en la construcción de contextos de inestabilidad y tensión social, y dar respuesta a las necesidades urgentes de los capitalinos. Esto permitiría recuperar la confianza y el respeto de los ciudadanos por sus líderes e instituciones.

De otra parte, es necesario analizar con detalle la dinámica, estructura y operación de los actores criminales. La capacidad organizativa, de coordinación y reclutamiento plantea riesgos graves a mediano plazo. Más aún en un escenario de alto desempleo, educación alternante, deserción escolar, desocupación e integración débil de migrantes.

Las investigaciones que llevaron a la identificación de alias la Abuela como jefe de una estructura urbana de las disidencias de las Farc, dedicada a articular células para el desarrollo de actividades violentas en estas jornadas, así como la captura de seis integrantes de sus comandos urbanos, permiten mostrar cómo al tenor de bandas delincuenciales locales los grupos armados organizados buscan consolidar espacios urbanos para su explotación económica y despliegue.

Es justo la combinación de estos elementos lo que permite señalar que el legítimo ejercicio de la protesta está siendo usufructuado por grupos interesados en la desestabilización y el crimen. Si bien esta explicación genera álgidos debates y lleva a algunos a sugerir la construcción de una realidad falsa para negar derechos, lo cierto es que desnuda la necesidad de crear un marco regulatorio para la planeación y coordinación de manifestaciones, enfocado en asegurar el derecho a la protesta, construir confianza con quienes no están en ella y aislar a criminales y violentos.

Entender que una manifestación sin reglas es el escudo protector de los violentos es un paso clave para defender el derecho a la protesta pacífica. En caso de no actuar en ese sentido, cada nueva jornada será más caótica y la capital entrará en caída libre en detrimento del futuro de todos sus habitantes.

* Director de Seguridad Urbana Probogotá Región.

En abril, desde Probogotá región se prendieron las alertas sobre el impacto social y económico de la crisis sanitaria, tras analizar las proyecciones del COVID-19. Al respecto, se decía que no solo las tragedias personales y familiares serían una herencia terrible, sino que una posible mejoría de la seguridad sería un espejismo pasajero. Su desvanecimiento revelaría los retos tras la depresión social y económica, expresados en la exacerbación de la protesta social, el fortalecimiento criminal y el deterioro de la convivencia ciudadana.

Y el riesgo se ha materializado. El paro nacional, que arrancó el 28 de abril, ha dejado en un mes al menos 380 policías y 361 civiles heridos, un número no consolidado de víctimas fatales en medio de acciones en el marco de las protestas o su control policial, capturados, denuncias de abuso sexual, lesiones, daños en bienes ajenos y saqueos.

Además, 110 estaciones de Transmilenio fueron vandalizadas (casi la mitad con altos grados de destrucción) y 400 buses afectados o destruidos. Esto, sumado al asedio contra sus patios, ha dejado a los bogotanos sin transporte. Los comerciantes reportan pérdidas por $50.000 millones diarios, con el impacto negativo en empleos y recursos para la ciudad. Este panorama de destrucción de la vida, así como de la competitividad y el desarrollo de la ciudad es producto de la acción de agitadores profesionales, líderes políticos mezquinos y organizaciones criminales que se aprovechan del descontento de una ciudadanía, que pide atención a necesidades urgentes, agotada del caótico manejo de la pandemia y desconfiada de las instituciones.

Los agitadores, para tomar control de microterritorios y gestionar sus intereses delincuenciales; los políticos, enfocados en sus intereses electorales, y los criminales, reordenando sus posiciones en un país abundante en recursos del narcotráfico y la minería criminal. La explicación de la superposición de intereses legítimos y desestabilizantes es usualmente catalogada como un esfuerzo por deslegitimar la crisis social; nada más equivocado. Es tan real el descontento ciudadano (evidente en los indicadores del Invamer Poll a lo largo de varios años) como los ánimos desestabilizadores de los grupos señalados, a la luz de los hechos públicos e información de seguridad.

En el paro nacional en Bogotá se ha observado una dinámica cotidiana dividida en dos momentos, así como una estrategia de sostenimiento. El primer momento corresponde a la movilización ciudadana pacífica en el día, que se desplaza a sitios emblemáticos, espacios claves para el transporte o zonas de comercio. Algunas con eventos de choque entre la fuerza pública y manifestantes exaltados, comunes en estas jornadas. El segundo, cuando llega la noche, caracterizado por concentraciones de grupos de encapuchados que usan material contundente, explosivos artesanales e incluso armas de fuego para romper la unidad territorial de las localidades y bloquear accesos a la ciudad, a áreas residenciales, infraestructuras críticas y áreas comerciales. Es en este escenario donde se han dado los choques más significativos entre unidades antidisturbios y grupos de encapuchados, con los costos humanos más graves.

Respecto al sostenimiento, los actores violentos y agitadores buscan vulnerabilidades y ventajas territoriales en varias zonas, para crear nodos de presencia permanente, que les permitan desarrollar ventajas locales, mientras que el Gobierno y algunas organizaciones representativas de ciudadanos descontentos tratan de destrabar el diálogo y resolver la crisis. Un ejemplo es la fallida prueba de posicionamiento en Cedritos, algo que se logro en el Portal Américas, para lo cual han sido claves las condiciones sociales, económicas y delincuenciales propias del área.

Una historia aparte en esta dinámica corresponde a la fuerza policial, que enfrenta un reto significativo: aislar a los factores que ponen en peligro la integridad de quienes marchan y de quienes no, para mantener el orden y proteger la seguridad. La dificultad principal es la interpretación errada de la función de orden y seguridad, como una represión a la manifestación de las frustraciones ciudadanas. Es precisamente esto lo que los violentos han aprovechado para impulsar el clima de fractura entre ciudadanos y autoridades.

El imaginario de rivalidad, alimentado por señalamientos irresponsables desde todos los frentes, ha incrementado la fricción en las calles entre policías y ciudadanos, deteriorando la convivencia. No hay duda de que los bogotanos viven el período de mayor temor y desconfianza en años. El panorama del último mes permite observar desafíos importantes para el futuro inmediato, como reconocer las necesidades de la gente a partir de su naturaleza local; recomponer, articular y proyectar el diálogo entre jerarquías de gobierno e instituciones; dejar en evidencia a los interesados en la construcción de contextos de inestabilidad y tensión social, y dar respuesta a las necesidades urgentes de los capitalinos. Esto permitiría recuperar la confianza y el respeto de los ciudadanos por sus líderes e instituciones.

De otra parte, es necesario analizar con detalle la dinámica, estructura y operación de los actores criminales. La capacidad organizativa, de coordinación y reclutamiento plantea riesgos graves a mediano plazo. Más aún en un escenario de alto desempleo, educación alternante, deserción escolar, desocupación e integración débil de migrantes.

Las investigaciones que llevaron a la identificación de alias la Abuela como jefe de una estructura urbana de las disidencias de las Farc, dedicada a articular células para el desarrollo de actividades violentas en estas jornadas, así como la captura de seis integrantes de sus comandos urbanos, permiten mostrar cómo al tenor de bandas delincuenciales locales los grupos armados organizados buscan consolidar espacios urbanos para su explotación económica y despliegue.

Es justo la combinación de estos elementos lo que permite señalar que el legítimo ejercicio de la protesta está siendo usufructuado por grupos interesados en la desestabilización y el crimen. Si bien esta explicación genera álgidos debates y lleva a algunos a sugerir la construcción de una realidad falsa para negar derechos, lo cierto es que desnuda la necesidad de crear un marco regulatorio para la planeación y coordinación de manifestaciones, enfocado en asegurar el derecho a la protesta, construir confianza con quienes no están en ella y aislar a criminales y violentos.

Entender que una manifestación sin reglas es el escudo protector de los violentos es un paso clave para defender el derecho a la protesta pacífica. En caso de no actuar en ese sentido, cada nueva jornada será más caótica y la capital entrará en caída libre en detrimento del futuro de todos sus habitantes.

* Director de Seguridad Urbana Probogotá Región.