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En redes sociales se comenzó a difundir la noticia de que el reconocido aguardiente Amarillo de Manzanares ya no se comercializaría más en Bogotá. La causa estaría relacionada con un documento expedido por la Gobernación de Cundinamarca en la que deroga la comercialización del licor. En respuesta, la Licorera de Caldas ha hecho pública su intención de iniciar acciones legales y señala que no se está respetando la libertad de elección de los consumidores, pero detrás hay varios detalles.
La Licorera de Caldas consiguió en 2017 un permiso por 10 años para comercializar varios de sus licores, entre ellos el aguardiente Cristal, el Ron Viejo de Caldas y el Aguardiente Amarillo de Manzanares. En la resolución se especifica no solo el registro Invima, sino además la capacidad en mililitros y el grado de alcohol. Esto será importante más adelante.
Dos años más tarde, en 2019, la gobernación expidió un decreto (222 de 2019) en el que suspendió los permisos de introducción de aguardiente nacional y extranjero por 6 años para proteger la marca departamental, el aguardiente Nectar, debido a que entre 2016 y 2018, la licorera local presentó pérdidas del 28 % en el recaudo, mientras que otros aumentaron hasta el 64 %.
Todo iba bien hasta el pasado 6 de junio, que se expidió un decreto en el que se prohíbe la comercialización del aguardiente Amarillo de Manzanares, que en los últimos tres años ha tenido una gran acogida en Bogotá. Se pasó de comercializar 400.000 unidades en 2020 a tener una expectativa de venta de cinco millones de botellas y cajas para este año.
“Lo que hemos visto es que, al tener una buena aceptación, la industria local (la licorera de Cundinamarca) ve un riesgo y toma la decisión de revocarnos el permiso que nos habían dado. Eso nos limita a llevar el aguardiente Amarillo a los consumidores de Bogotá y Cundinamarca”, aseguró el gerente de la Licorera de Caldas, Andrés Borrero.
Lo que explica el funcionario es que el gobernador de Cundinamarca tiene la facultad de permitir o revocar los permisos ―de hecho la licorera de Antioquia prohibió la venta de Amarillo en el departamento—, pero en este caso puntual, no se habría seguido el procedimiento que indica la ley. “Se trata de un acto administrativo que otorga derechos de carácter particular, por lo que el departamento, para revocar esta medida, ha debido pedirnos autorización y al no tenerla, el siguiente paso era demandar su resolución ante un juez administrativo para que resolviera”, explica Borrero.
Por esto, la licorera de Caldas ha planteado poner el caso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio por barreras de acceso al libre comercio y al principio de la libre competencia, así como planean interponer una acción de nulidad con restablecimiento de derechos por la revocatoria de la resolución que les permitía vender el aguardiente.
Aunque ni la licorera ni la gobernación de Cundinamarca se han pronunciado al respecto y señalan que no lo harán hasta que no haya una acción legal en firme, se conocieron otros detalles que entrarían en la discusión de los permisos.
Por ejemplo, que en la resolución de 2017, la que autoriza la comercialización de una lista de productos de la licorera de Caldas, en la que se incluye el aguardiente de la marca Amarillo de Manzanares, se especifica que las únicas dos presentaciones autorizadas son las de 375 ml y de 750 ml, bajo el registro Invima L-0005 R1, que es un producto de 32° de alcohol.
Esta referencia es diferente a la más comercializada en Bogotá, que es aguardiente Amarillo de Manzanares sin Azúcar, con una concentración de 24° y con registro Invima 2019L-0009985, que se vende tanto en botella como en caja de 1000 ml. De estos detalles se valdría la gobernación de Cundinamarca para cerrarle las puertas puntualmente al producto que más se ha hecho popular entre los consumidores.
Al respecto, Borrero asegura que existe una adenda (la Resolución 2847 del 10 de diciembre de 2019) en la que se incluyó el permiso del aguardiente Amarillo de Manzanares sin azúcar para su comercialización en Cundinamarca y Bogotá. Lo que resta es esperar el litigio entre las licoreras.
La de Caldas resalta que para este año, a la fecha se han vendido aproximadamente 1,3 millones de unidades. Además, se prevé para todo el 2023 la comercialización de 8 millones de unidades en todo el país, de las cuales 5 serían en Bogotá. Por esto, el departamento dejaría de recibir $73.000 millones de transferencias para salud y educación. Borrero dice que hay reservas en Bogotá para mes y medio, por lo que si no se da una pronta solución, para diciembre no se venderá ni una botella de Amarillo en Bogotá.
“Eso es como la Patria Boba, porque desafortunadamente nos hacemos daño entre las licoreras locales, mientras que los importados ingresan a los departamentos sin ningún problema”, concluye Mauricio Vélez, gerente de mercadeo de la Industria Licorera de Caldas.
