Al día se incautan cinco armas ilegales en Bogotá
Entre enero y mayo de este año se cometieron 450 homicidios y en seis cada diez casos se emplearon armas de fuego. Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar, las localidades más golpeadas por muertes violentas, son las zonas en donde más se incautan.
Alexánder Marín Correa - Juan David Moreno Barreto
Cada semana, las autoridades reportan un golpe a organizaciones dedicadas a los homicidios selectivos. La semana pasada, la Policía y la Fiscalía presentaron a los Millonarios, organización a la que se le atribuyen varios asesinatos en Bogotá y Fusagasugá (Cundinamarca). En las diligencias de allanamiento, las autoridades les incautaron armas de fuego y municiones. Lo mismo sucedió con una organización llamada los Caleños, integrada por 18 personas, a las que se les atribuyen al menos 10 homicidios en Suba. (Lea: Homicidios en Bogotá: uno de cada 10 ocurre en una riña)
En la lucha por controlar el uso ilegal de armas, las autoridades civiles han expedido normas para restringir cada día más su porte, como el decreto 2208 de 2016, a través del cual el Gobierno prorrogó por todo 2017 la suspensión de salvoconductos. Por su parte, la Policía y el Ejército se han dedicado a realizar operaciones para decomisar las armas ilegales.
La preocupación no es menor: el arma de fuego es el artefacto que más se usa para quitarle la vida a un ciudadano. En los primeros cinco meses del año se reportaron en la ciudad 450 homicidios y en seis de cada 10 de esos casos, el victimario usó este tipo de arma. De acuerdo con las estadísticas de la Policía, en ese mismo período se decomisaron 818 armas de fuego, lo que indica que a diario sacaron de circulación entre cinco y seis artefactos.
La proporción de asesinatos e incautación de armas se mantiene en comparación con el mismo período de 2016. Entre enero y mayo del año pasado se registraron 513 asesinatos, de los cuales 276 se cometieron con arma de fuego. En este tiempo, las autoridades incautaron 860 de estos artefactos. Los fines de semana, en la noche, es cuando más armas decomisan las autoridades.
Las estadísticas de los primeros cinco meses de 2017 indican que las localidades con los mayores índices de homicidios coinciden con aquellas en donde se ha incautado el mayor número de armas: Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba. Estas tres zonas concentraron el 40 % de los asesinatos en la ciudad y el 36 % de las armas incautadas.
El análisis
Para el investigador en seguridad Juan Fernando Echavarría, las muertes violentas con armas de fuego pueden estar relacionadas con el accionar propio del crimen organizado, en los lugares en donde se comete la extorsión, el hurto o la venta de estupefacientes, a diferencia de aquellas que ocurren con arma blanca, las cuales suelen emplearse en riñas y en problemas de convivencia. Sin embargo, considera que las bandas delincuenciales no tienen necesariamente en su poder todo un arsenal. “Lo que hemos encontrado es que las alquilan con los seriales borrados, cometen el delito y las devuelven”. (Lea: Bogotá logró la tasa de homicidios más baja en la historia)
Sobre el trabajo de las autoridades a la hora de perseguir el porte ilegal, Carlos Medina Ramírez, viceministro de Política Criminal, dice que es difícil emitir un concepto sobre si se ha hecho bien la tarea, pues hay una falencia grande en el país, al no existir manera de calcular el mercado negro de armas. “Tengo entendido que las autoridades destruyen 60.000 armas de fuego al año. Con ese dato se podría decir que hay una labor interesante de las autoridades. Sin embargo, al ver la relación con la cantidad de homicidios, nos muestra que falta mucho por hacer. En general, el balance no es del todo favorable”.
Si se toma el dato de 60.000 armas destruidas al año, se podría decir que las autoridades incautan un arma de fuego por cada 600 colombianos. ¿Qué hacer? El viceministro agrega que, al no saber cuántas armas ilegales existen, por lo menos se debería perseguir a los traficantes. “La mayoría de armas incautadas no son hechizas. Y la verdad, no hay un registro del desmantelamiento de estructuras dedicadas a traficar armas. Ese debería ser un nuevo blanco”.
Según la base de datos de la Policía, en 2016 incautó 25.629 armas de fuego en el país, de las cuales 3.978 contaban con permiso. El resto eran ilegales (21.651), de las cuales la mayoría fueron revólveres (8.932), escopetas (6.767) y pistolas (3.699). También lanzacohetes (7), ametralladoras (10) y lanzagranadas (17). La mayoría se decomisaron en Antioquia (2.386), Valle (2.048), Bogotá (1.766), Santander (1.738), Atlántico (1.505) y Cundinamarca (1.353).
Pero ¿de dónde provienen? Un informe de la Organización de Naciones Unidas indica que existen tres fuentes: el mercado blanco (fabricantes autorizados o empresas estatales de armas), el gris (cuya venta inicial es legal, pero la final puede ser ilegal) y el negro (en donde toda la transacción es ilegal). Según la organización, el mercado negro se constituyó en la principal fuente de ingreso al país de armamento, con el 80 % del total de las armas en los tiempos del recrudecimiento del conflicto.
En el caso de Bogotá, si bien las cifras de incautaciones no son tan altas como en otros lugares del país, demuestran un interés de las autoridades por atacar los fenómenos que afectan la percepción de seguridad.
Cada semana, las autoridades reportan un golpe a organizaciones dedicadas a los homicidios selectivos. La semana pasada, la Policía y la Fiscalía presentaron a los Millonarios, organización a la que se le atribuyen varios asesinatos en Bogotá y Fusagasugá (Cundinamarca). En las diligencias de allanamiento, las autoridades les incautaron armas de fuego y municiones. Lo mismo sucedió con una organización llamada los Caleños, integrada por 18 personas, a las que se les atribuyen al menos 10 homicidios en Suba. (Lea: Homicidios en Bogotá: uno de cada 10 ocurre en una riña)
En la lucha por controlar el uso ilegal de armas, las autoridades civiles han expedido normas para restringir cada día más su porte, como el decreto 2208 de 2016, a través del cual el Gobierno prorrogó por todo 2017 la suspensión de salvoconductos. Por su parte, la Policía y el Ejército se han dedicado a realizar operaciones para decomisar las armas ilegales.
La preocupación no es menor: el arma de fuego es el artefacto que más se usa para quitarle la vida a un ciudadano. En los primeros cinco meses del año se reportaron en la ciudad 450 homicidios y en seis de cada 10 de esos casos, el victimario usó este tipo de arma. De acuerdo con las estadísticas de la Policía, en ese mismo período se decomisaron 818 armas de fuego, lo que indica que a diario sacaron de circulación entre cinco y seis artefactos.
La proporción de asesinatos e incautación de armas se mantiene en comparación con el mismo período de 2016. Entre enero y mayo del año pasado se registraron 513 asesinatos, de los cuales 276 se cometieron con arma de fuego. En este tiempo, las autoridades incautaron 860 de estos artefactos. Los fines de semana, en la noche, es cuando más armas decomisan las autoridades.
Las estadísticas de los primeros cinco meses de 2017 indican que las localidades con los mayores índices de homicidios coinciden con aquellas en donde se ha incautado el mayor número de armas: Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba. Estas tres zonas concentraron el 40 % de los asesinatos en la ciudad y el 36 % de las armas incautadas.
El análisis
Para el investigador en seguridad Juan Fernando Echavarría, las muertes violentas con armas de fuego pueden estar relacionadas con el accionar propio del crimen organizado, en los lugares en donde se comete la extorsión, el hurto o la venta de estupefacientes, a diferencia de aquellas que ocurren con arma blanca, las cuales suelen emplearse en riñas y en problemas de convivencia. Sin embargo, considera que las bandas delincuenciales no tienen necesariamente en su poder todo un arsenal. “Lo que hemos encontrado es que las alquilan con los seriales borrados, cometen el delito y las devuelven”. (Lea: Bogotá logró la tasa de homicidios más baja en la historia)
Sobre el trabajo de las autoridades a la hora de perseguir el porte ilegal, Carlos Medina Ramírez, viceministro de Política Criminal, dice que es difícil emitir un concepto sobre si se ha hecho bien la tarea, pues hay una falencia grande en el país, al no existir manera de calcular el mercado negro de armas. “Tengo entendido que las autoridades destruyen 60.000 armas de fuego al año. Con ese dato se podría decir que hay una labor interesante de las autoridades. Sin embargo, al ver la relación con la cantidad de homicidios, nos muestra que falta mucho por hacer. En general, el balance no es del todo favorable”.
Si se toma el dato de 60.000 armas destruidas al año, se podría decir que las autoridades incautan un arma de fuego por cada 600 colombianos. ¿Qué hacer? El viceministro agrega que, al no saber cuántas armas ilegales existen, por lo menos se debería perseguir a los traficantes. “La mayoría de armas incautadas no son hechizas. Y la verdad, no hay un registro del desmantelamiento de estructuras dedicadas a traficar armas. Ese debería ser un nuevo blanco”.
Según la base de datos de la Policía, en 2016 incautó 25.629 armas de fuego en el país, de las cuales 3.978 contaban con permiso. El resto eran ilegales (21.651), de las cuales la mayoría fueron revólveres (8.932), escopetas (6.767) y pistolas (3.699). También lanzacohetes (7), ametralladoras (10) y lanzagranadas (17). La mayoría se decomisaron en Antioquia (2.386), Valle (2.048), Bogotá (1.766), Santander (1.738), Atlántico (1.505) y Cundinamarca (1.353).
Pero ¿de dónde provienen? Un informe de la Organización de Naciones Unidas indica que existen tres fuentes: el mercado blanco (fabricantes autorizados o empresas estatales de armas), el gris (cuya venta inicial es legal, pero la final puede ser ilegal) y el negro (en donde toda la transacción es ilegal). Según la organización, el mercado negro se constituyó en la principal fuente de ingreso al país de armamento, con el 80 % del total de las armas en los tiempos del recrudecimiento del conflicto.
En el caso de Bogotá, si bien las cifras de incautaciones no son tan altas como en otros lugares del país, demuestran un interés de las autoridades por atacar los fenómenos que afectan la percepción de seguridad.