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Las recientes inundaciones en la autopista Norte y la preocupación sobre el futuro de este importante corredor de salida de la capital llevó a que la Procuraduría General de la Nación convocara para este martes 19 de noviembre a una reunión urgente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para dar explicaciones sobre el porqué sigue estancado del proceso de ampliación de la vía, entre las calles 191 y 245.
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El ente de control, también, citó a las entidades relacionadas con el proyecto como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Rutas Bogotá Norte, así como a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
El proyecto planea construir dos carriles mixtos por sentido más un carril por sentido para Transmilenio. Asimismo, arreglaría los tres carriles existentes y construiría carriles de adelantamiento para el sistema de transporte en algunas estaciones. Se trata de una concesión a 29 años, de los cuales 1,5 años corresponden a la etapa de pre-construcción, 5,5 a la construcción y 22 a la operación y el mantenimiento.
Vale recordar que, si bien el proyecto cuenta con financiación y diseños, se encuentra estancado por la falta de licencia ambiental. El trámite, que debe adelantar el constructor, lo archivó la ANLA al no encontrar respuestas satisfactorias sobre cómo garantizará la conectividad del humedal Torca y Guaymaral.
“Los usuarios no deberían tener que padecer diariamente inmensos trancones y, además, los estragos del invierno. Es una situación que demanda una respuesta inmediata”, aseguró Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
La reunión convocada por la Procuraduría busca que las autoridades responsables expliquen los avances del proyecto y presenten planes concretos para prevenir emergencias similares en el futuro.
Sin embargo, el ambicioso plan que también contempla andenes, ciclorrutas y mejoras en la carrera séptima y la perimetral de Sopo está en veremos. Si bien el inicio de obra estaba previsto para diciembre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó la licencia de la obra, por posibles afectaciones a los humedales Torca y Guaymaral.
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