Alcaldesa Claudia López pide justicia por la violencia policial del 9S en Bogotá
La mandataria envió cartas al Fiscal y la Procuradora para que prioricen las investigaciones por los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020. Aseguró que solo se han formulado cargos por homicidio simple a tres miembros de la Policía, los cuales siguen sin ser separados de sus cargos.
“La mayor tragedia y violación de derechos humanos por miembros de la Policía contra los ciudadanos en Bogotá, desde la retoma del Palacio de Justicia”. Así calificó la alcaldesa Claudia López los hechos que derivaron en la muerte de 13 personas, durante el 9 y 10 de septiembre de 2020. Por el poco avance que ha tenido la investigación, la mandataria pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar las acciones para ejecutar las decisiones penales y disciplinarias, contra los uniformados responsables de estos hechos.
La mandataria destacó que desde la Alcaldía se ha realizado un proceso de acompañamiento a los familiares de las víctimas y a las 68 investigaciones que se adelantan, de las cuales, solo cuatro han tenido un fallo sancionatorio. La alcaldesa resalta que en un Consejo de Seguridad presidido por el director Seccional de Fiscalía de Bogotá se informó que solo tres miembros de la Policía han recibido imputaciones por homicidio simple. No obstante, los señalados no han sido separados de sus cargos.
“De los diez homicidios (en Bogotá), sólo en cuatro casos ha habido imputaciones a miembros de la Policía, quienes ni siquiera han sido retirados del servicio. Gozan de libertad y trabajo, dado que ni la Fiscalía ni los jueces a cargo consideraron la imputación de cargos con agravantes, ni a los imputados un peligro para la sociedad. Las familias no sólo se sienten abandonadas sino humilladas y varias han denunciado hostigamientos y amenazas”, mencionó la alcaldesa.
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Por esta razón, López envió una carta al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa y, a la procuradora, Margarita Cabello, para que prioricen las investigaciones, que permitan a los familiares de las víctimas conocer la verdad y obtener justicia. Además, aprovechó para pedir celeridad en los trabajos de investigación, identificación y captura de los responsables de las muertes de Daniel Alejandro Zapata, Jaime Alfonso Fandiño, Cristian David Castillo, Cristian Camilo Vélez y Duván Felipe Barros, quienes también murieron en medio del paro nacional, ocurrido este año.
“La gravedad de los hechos, su sistematicidad, y las evidencias que demuestran la autoría de los implicados en graves violaciones a los Derechos Humanos me llevan a afirmar razonadamente que aquellos representan un grave peligro para la sociedad y para las víctimas”, dijo Claudia López en las cartas enviadas.
La mandataria puntualmente le solicitó al fiscal Barbosa que este tipo de casos sean investigados por una fiscalía delegada de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, “ya que no se trataron de casos individuales, sino de acciones sistemáticas en un mismo contexto”. De igual forma le solicitó a la Procuraduría que “asuma la totalidad de las investigaciones disciplinarias que se adelantan contra miembros de la Policía Nacional en los hechos del 9 y 10 de septiembre”.
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A este llamado se unió el veedor distrital, Guillermo Rivera, quien por medio de una acción popular radicada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca instó para que el Ministerio de Defensa garantice que no habrá impunidad en los procesos internos. También, para que se atienda, no solo a los familiares de las personas asesinadas sino a los heridos y a la comunidad afectada, con atención prioritaria en rehabilitación en salud (especialmente psicosocial) y reparación de los daños materiales causados.
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Y para garantizar la seguridad de las víctimas y sus familiares y, el correcto desarrollo de las investigaciones, la Veeduría también solicitó rotar de forma inmediata a los policiales adscritos a los cuadrantes en Bogotá y que se establezcan reglas para rotar a los miembros de la Fuerza Pública, que terminen involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Jorge Cuervo, profesor de la Universidad Externado, experto en derechos humanos y analista político afirma que, de querer avanzar con la investigación, la Procuraduría, haciendo uso de la función prevalente, podría asumir las investigaciones disciplinarias que adelanta la inspección de la Policía. “Podría decir que todos esos casos de abuso, donde ha habido muertes y demás, la Procuraduría tiene la función prevalente, pero no lo hace, se lo deja a la inspección general y uno nunca sabe que pasacon los procesos dentro de la Policía”, señaló el experto.
Finalmente, la alcaldesa Claudia López hizo un llamado a las instituciones y al Presidente de la República para que pongan de su parte y se agilicen las investigaciones, así como para que se implementen las reformas que permitan la no repetición de hechos como los ocurridos durante el 9 y 10 de septiembre de 2020. “Hoy honramos la memoria de las víctimas y seguimos acompañando a sus familias en su legítimo reclamo de justicia, que hasta ahora no han tenido”, mencionó la mandataria.
“La mayor tragedia y violación de derechos humanos por miembros de la Policía contra los ciudadanos en Bogotá, desde la retoma del Palacio de Justicia”. Así calificó la alcaldesa Claudia López los hechos que derivaron en la muerte de 13 personas, durante el 9 y 10 de septiembre de 2020. Por el poco avance que ha tenido la investigación, la mandataria pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar las acciones para ejecutar las decisiones penales y disciplinarias, contra los uniformados responsables de estos hechos.
La mandataria destacó que desde la Alcaldía se ha realizado un proceso de acompañamiento a los familiares de las víctimas y a las 68 investigaciones que se adelantan, de las cuales, solo cuatro han tenido un fallo sancionatorio. La alcaldesa resalta que en un Consejo de Seguridad presidido por el director Seccional de Fiscalía de Bogotá se informó que solo tres miembros de la Policía han recibido imputaciones por homicidio simple. No obstante, los señalados no han sido separados de sus cargos.
“De los diez homicidios (en Bogotá), sólo en cuatro casos ha habido imputaciones a miembros de la Policía, quienes ni siquiera han sido retirados del servicio. Gozan de libertad y trabajo, dado que ni la Fiscalía ni los jueces a cargo consideraron la imputación de cargos con agravantes, ni a los imputados un peligro para la sociedad. Las familias no sólo se sienten abandonadas sino humilladas y varias han denunciado hostigamientos y amenazas”, mencionó la alcaldesa.
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Por esta razón, López envió una carta al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa y, a la procuradora, Margarita Cabello, para que prioricen las investigaciones, que permitan a los familiares de las víctimas conocer la verdad y obtener justicia. Además, aprovechó para pedir celeridad en los trabajos de investigación, identificación y captura de los responsables de las muertes de Daniel Alejandro Zapata, Jaime Alfonso Fandiño, Cristian David Castillo, Cristian Camilo Vélez y Duván Felipe Barros, quienes también murieron en medio del paro nacional, ocurrido este año.
“La gravedad de los hechos, su sistematicidad, y las evidencias que demuestran la autoría de los implicados en graves violaciones a los Derechos Humanos me llevan a afirmar razonadamente que aquellos representan un grave peligro para la sociedad y para las víctimas”, dijo Claudia López en las cartas enviadas.
La mandataria puntualmente le solicitó al fiscal Barbosa que este tipo de casos sean investigados por una fiscalía delegada de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, “ya que no se trataron de casos individuales, sino de acciones sistemáticas en un mismo contexto”. De igual forma le solicitó a la Procuraduría que “asuma la totalidad de las investigaciones disciplinarias que se adelantan contra miembros de la Policía Nacional en los hechos del 9 y 10 de septiembre”.
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Jorge Cuervo, profesor de la Universidad Externado, experto en derechos humanos y analista político afirma que, de querer avanzar con la investigación, la Procuraduría, haciendo uso de la función prevalente, podría asumir las investigaciones disciplinarias que adelanta la inspección de la Policía. “Podría decir que todos esos casos de abuso, donde ha habido muertes y demás, la Procuraduría tiene la función prevalente, pero no lo hace, se lo deja a la inspección general y uno nunca sabe que pasacon los procesos dentro de la Policía”, señaló el experto.
Finalmente, la alcaldesa Claudia López hizo un llamado a las instituciones y al Presidente de la República para que pongan de su parte y se agilicen las investigaciones, así como para que se implementen las reformas que permitan la no repetición de hechos como los ocurridos durante el 9 y 10 de septiembre de 2020. “Hoy honramos la memoria de las víctimas y seguimos acompañando a sus familias en su legítimo reclamo de justicia, que hasta ahora no han tenido”, mencionó la mandataria.