Alcaldesa de Suba denuncia presión de concejales para firma de contratos
Dice que llaman a los funcionarios de la Alcaldía para pedir reuniones con contratistas, al parecer, por órdenes del contralor Distrital, Diego Ardila. La Fiscalía General anunció la apertura de una investigación.
Redacción Bogotá
La alcaldesa de la localidad de Suba, Marisol Perilla Gómez, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a tres concejales de Bogotá por presiones para obtener contratos en la localidad. Los implicados son Severo Correa, del partido de la U, y Darío Fernando Cepeda de Cambio Radical.
En el documento se señala que estos cabildantes les han advertido sobre una investigación que la Contraloría adelanta en su contra por unos supuestos hallazgos fiscales y le están pidiendo a cambio estos contratos para frenar una supuesta suspensión.
Textualmente dice que “es inconcebible, que a la Alcaldesa de Suba, le informen que el alto nivel de hallazgos que tiene en la Contraloría de Bogotá, obedecen a que los nombrados del concejal Severo Correa, en dicho organismo de control, tienen como propósito acabar con la Alcaldesa porque sencillamente es “amiga del guerrillero Petro”.
En el texto también se lee que “el mismo contralor [de la localidad de Suba] Javier Méndez informó a la contratista Ana Darley Retallack, directora de la oficina de ambiente de la Alcaldía, que él estaba recibiendo órdenes y que se trataba de legalizar los hallazgos que la concejal Clara Lucía Sandoval había denunciado públicamente en el Concejo, donde se ratifica que la Alcaldesa está de acuerdo con los operadores para robarse el dinero del fondo de desarrollo, con operadores que según ellos son del alcalde Gustavo Petro, pero que luego de averiguar, se sabe que son del partido Cambio Radical”.
Así, “se dice, que para arreglar y resolver los problemas con el organismo de control hay que pasar plata a los funcionarios de la Contraloría o en su defecto contratos”, los cuales serían de 2.000 millones de pesos en adelante y para negociarlos tenía que hablar “con un señor Marlon, funcionario y vocero para de la contraloría para pactar contratos, o con el señor Moisés Guarín, político que según afirman tenía el aval del concejal Darío Fernando Cepeda”.
La Alcaldesa también aseguró que “funcionarios de la Dirección de Control Social de la Contraloría de Bogotá se prestan para llamar a los funcionarios de la Alcaldesa e incluso a su familia a pedir reuniones con contratistas e incluso presionarles por dinero, porque según ellos eso es orden del contralor Distrital, Diego Ardila”.
Asimismo, Perilla manifestó que en los primeros días de diciembre le habían notificado sobre una suspensión por solicitud de la Contraloría y “una edilesa de la localidad de Suba, doctora Amparo García me informó, que ella por medio de su concejal, el doctor Julio César Acosta, se había enterado que la amenaza en contra mía en la Contraloría era inminente”.
Aunque en la carta enviada por Perilla se nombra al concejal Julio César Acosta, el cabildante aclaró que la alcaldesa lo buscó para proporcionarle información sobre las supuestas irregularidades que se estaban presentando.
Al respecto, él se pronunció y dijo que su "función como concejal de Bogotá implica conocimiento de los hechos que afectan a la ciudadanía, deber que no podría cumplir si no escuchara a los funcionarios de la administración".
La alcaldesa de la localidad de Suba, Marisol Perilla Gómez, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a tres concejales de Bogotá por presiones para obtener contratos en la localidad. Los implicados son Severo Correa, del partido de la U, y Darío Fernando Cepeda de Cambio Radical.
En el documento se señala que estos cabildantes les han advertido sobre una investigación que la Contraloría adelanta en su contra por unos supuestos hallazgos fiscales y le están pidiendo a cambio estos contratos para frenar una supuesta suspensión.
Textualmente dice que “es inconcebible, que a la Alcaldesa de Suba, le informen que el alto nivel de hallazgos que tiene en la Contraloría de Bogotá, obedecen a que los nombrados del concejal Severo Correa, en dicho organismo de control, tienen como propósito acabar con la Alcaldesa porque sencillamente es “amiga del guerrillero Petro”.
En el texto también se lee que “el mismo contralor [de la localidad de Suba] Javier Méndez informó a la contratista Ana Darley Retallack, directora de la oficina de ambiente de la Alcaldía, que él estaba recibiendo órdenes y que se trataba de legalizar los hallazgos que la concejal Clara Lucía Sandoval había denunciado públicamente en el Concejo, donde se ratifica que la Alcaldesa está de acuerdo con los operadores para robarse el dinero del fondo de desarrollo, con operadores que según ellos son del alcalde Gustavo Petro, pero que luego de averiguar, se sabe que son del partido Cambio Radical”.
Así, “se dice, que para arreglar y resolver los problemas con el organismo de control hay que pasar plata a los funcionarios de la Contraloría o en su defecto contratos”, los cuales serían de 2.000 millones de pesos en adelante y para negociarlos tenía que hablar “con un señor Marlon, funcionario y vocero para de la contraloría para pactar contratos, o con el señor Moisés Guarín, político que según afirman tenía el aval del concejal Darío Fernando Cepeda”.
La Alcaldesa también aseguró que “funcionarios de la Dirección de Control Social de la Contraloría de Bogotá se prestan para llamar a los funcionarios de la Alcaldesa e incluso a su familia a pedir reuniones con contratistas e incluso presionarles por dinero, porque según ellos eso es orden del contralor Distrital, Diego Ardila”.
Asimismo, Perilla manifestó que en los primeros días de diciembre le habían notificado sobre una suspensión por solicitud de la Contraloría y “una edilesa de la localidad de Suba, doctora Amparo García me informó, que ella por medio de su concejal, el doctor Julio César Acosta, se había enterado que la amenaza en contra mía en la Contraloría era inminente”.
Aunque en la carta enviada por Perilla se nombra al concejal Julio César Acosta, el cabildante aclaró que la alcaldesa lo buscó para proporcionarle información sobre las supuestas irregularidades que se estaban presentando.
Al respecto, él se pronunció y dijo que su "función como concejal de Bogotá implica conocimiento de los hechos que afectan a la ciudadanía, deber que no podría cumplir si no escuchara a los funcionarios de la administración".