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Las recientes declaraciones de la alcaldesa Claudia López y los altos mandos policiales han dejado ver posiciones encontradas sobre la actuación que tuvieron las autoridades en los disturbios registrados el pasado 9 y 10 de septiembre en Bogotá, y que dejaron 10 personas muertas y alrededor de 119 denuncias por abuso policial. Si bien se ha evidenciado una pérdida de confianza por parte de la comunidad, también se observan fracturas en los discursos y las posturas de ambos lados.
Desde el momento que se conoció la muerte de Javier Ordóñez, la alcaldesa López lo calificó como un indiscriminado y desproporcional uso de la fuerza. Esa misma noche, en medio de la mesa de derechos humanos que se instaló con la Policía, resaltó que no se trataba de un hecho aislado, pues en lo corrido del año se habían identificado 138 denuncias de abuso policial, sino de un problema estructural que merecía reformas en la formación de los miembros de la instución y en la judicialización de estos casos, por la justicia penal ordinaria y no la militar.
A la par vinieron las manifestaciones y con ello las víctimas fatales y la larga lista de lesionados, entre los que se encuentran 76 personas heridas con armas de fuego y alrededor de 165 uniformados. Para este momento, la mandataria no solo le pidió al presidente acciones contundentes como máximo jefe de las Fuerzas Armadas, sino que resaltó que ella no autorizó usar armas de fuego durante las protestas, por lo que le pidió a la Policía reconocer con humildad sus errores y pedir perdón, mientras que le insistió al Gobierno Nacional promover la reforma que propone.
Las críticas no se hicieron esperar. Sus comentarios dieron pie para que se recordara su promesa en campaña de convertirse en la jefa de la Policía. ”Lo primero que yo ofrezco es liderazgo personal. Bogotá lleva 12 años sin jefe de Policía. Samuel Moreno no quería ser jefe de Policía, era el jefe de los bandidos; Gustavo Petro tenía otras prioridades distintas y Enrique Peñalosa también”, dijo López en su momento. De igual forma se evidenció un distanciamiento de la Policía que a la misma hora en que se realizó la ceremonia ecuménica de perdón, del pasado domingo, hizo una misa en honor a los uniformados víctimas del COVID-19.
Asimismo, el General Gustavo Moreno, director encargado de la Policía Nacional, pidió perdón a las víctimas e indicó que nadie dio la orden para disparar. “Esto no es una anarquía, esto es una democracia”, resaltó, mientras que el excomandante de la Policía de Bogotá y ahora coordinador para el COVID-19 ante la presidencia, Hoover Penilla, se dirigió directamente a la alcaldesa y aseguró que los policías no necesitan órdenes para usar sus armas.
“Nosotros analizamos las circunstancias y, de acuerdo con ello, actuamos y respondemos individualmente. Para eso estamos. Estos policías no estaban controlando una marcha, no salieron al servicio ese día a controlar una manifestación, salieron a prestar un servicio en los Centros de Atención Inmediata (CAI). Iban con sus elementos del servicio”.
Por su parte, Jairo Libreros, experto en seguridad de la U. Externado, considera que aunque en temas de vigilancia y convivencia, Claudia López es comandante, “ninguno en contraorden prefiere hacerle caso a la alcaldesa. Los gobiernos nacionales generalmente limitan la capacidad de acción de las autoridades distritales y en el caso de esta semana en Bogotá, la visión de la Casa de Nariño llegó al extremo de tomar arbitrariamente la conducción de la seguridad ciudadana en Bogotá desconociendo las competencias de la alcaldesa”.
Al respecto, Patricia Muñoz Yi, profesora de ciencia política de la Javeriana, comenta que no es para nada positivo que se presenten este tipo de tensiones entre la Policía y la Alcaldía, pues pueden convertirse en rupturas que “podrían afectar la coordinación de estrategias encaminadas a la seguridad de la ciudad, lo que a su vez lleva a que la ciudadanía tome partido, se confunda y se sienta insegura. Es importante que existan vínculos que permitan armonizar, establecer protocolos y una comunicación estratégica de las normas y compromisos de ambos lados”.
Aunque, por lo pronto, solo está anunciada la propuesta de la alcaldesa López de llevar una reforma estructural de la Policía al Congreso, Libreros considera fundamental que haya acuerdos para impulsarla. Eso sí, no cree que esta situación llegue afectar el plan de seguridad de la ciudad, pues en otros aspectos existen estrategias coordinadas y una aparente relación armónica. De todas formas, limar las asperezas es necesario y, por encima de todo, buscar las vías para que haya verdad y justicia en los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días en la ciudad.
