Alerta por microtráfico en la sabana

Es la misma metodología que usaron los pequeños narcos de ciudades como Cali y Medellín en los años 90. Al ver la posibilidad de abrir mercados en zonas menos competidas que la gran capital, los zares del microtráfico se están extendiendo por la sabana de Bogotá y tienen en alerta a municipios aledaños, tanto del sur como del norte.

Aunque el solo expendio de drogas ya representa un reto para las autoridades, la preocupación es mayor, porque el uso de menores de edad para ese comercio ilegal sigue aumentando y porque la experiencia demuestra que detrás de los pequeños expendedores vienen capos mayores. El miércoles mismo la Policía se incautó media tonelada de cocaína en Mosquera, Cundinamarca, en un operativo que terminó con la captura de cinco hombres y una mujer. Parte del alcaloide, dicen las autoridades, iría para Estados Unidos. Con el resto se pretendería abastecer mercados locales.

Durante 2008, la Policía de Cundinamarca sorprendió a 262 adolescentes de entre 15 y 17 años vendiendo alucinógenos en la región. La atención se centró entonces sobre municipios como Chía, Soacha y Facatativá. Hoy las alertas señalan a Zipaquirá, uno de los mayores centros turísticos del país (recibe a 600 mil visitantes cada año) y reciente víctima de las estafas por el boom de las captadoras ilegales de dinero conocidas comúnmente como pirámides.

La fórmula fue muy sencilla en Zipaquirá. Tras cerca de 10 años de funcionamiento en el municipio, unas 24 captadoras —encabezadas por HR, Costa Caribe y DMG— se quedaron con $200 mil millones de 25 mil incautos ahorradores. Al estallar el escándalo por la estafa, la economía local quedó golpeada y se volvió blanco fácil para los vendedores de drogas, que llegaron ofreciendo otra forma de dinero fácil y se preocuparon por cautivar menores de edad, conscientes de que la ley impide llevarlos a la cárcel.

Vino entonces la inseguridad y el alcalde Jorge González Garnica tuvo que suplicar ayuda ante las instancias nacionales. En varios consejos comunales demandó al presidente Álvaro Uribe especial atención para el municipio. Su más reciente pedido de ayuda fue hace mes y medio, en el consejo comunal de Cajicá. El 6 de mayo siguiente, por instrucción del director general de la institución, el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Fabio Castañeda, trasladó su despacho a Zipaquirá durante 20 días para atender la situación.

Previamente se crearon subestaciones, elevaron el pie de fuerza de 35 a 200 hombres, instalaron cámaras de seguridad y adoptaron medidas administrativas, como la aplicación del Código de Policía para hacer registros en expendios de droga, amparándose en el artículo 82 sobre la protección de la salubridad pública. Las requisas con perros se tomaron los colegios y, aunque se pudo establecer la presencia de tentáculos de las redes de delincuencia en la academia, no hay procesos porque los involucrados son menores de edad.

La Alcaldía y la Policía aseguran desconocer quiénes lideran las bandas, pero saben que operan desde Bogotá, que envían la droga en motocicleta y que varios de los 18 homicidios que el municipio tuvo en 2009 fueron cometidos con armas alquiladas por las mismas redes. Otra razón que los estimula a luchar contra el flagelo.

Venta de droga se tomó los colegios: Jorge González, alcalde de Zipaquirá

¿Quién está detrás del microtráfico en Zipaquirá? Las redes de narcos de Bogotá.

¿Y cómo operan? Movilizan la droga especialmente en motocicletas, también en carros, desde el centro de Bogotá. Incluso tienen conflictos entre ellas.

¿Por qué no han podido acabarlo?

El problema en Zipaquirá y otras ciudades intermedias es que no hay legislación que permita acción efectiva. No hay pena para la dosis personal y están usando mucho a los menores de edad, dado que a ellos no se les puede judicializar.

¿Y no sería mejor atacar también por el lado de la ayuda social?

La Secretaría de Salud ayuda en labores de prevención en los colegios. Pero los  caninos antinarcóticos, también han ubicado estudiantes que (las bandas) utilizan para comercializar estupefacientes dentro de los centros educativos.

Estábamos registrando quejas de docentes y de alumnos sobre consumo y venta.

Es la misma metodología que usaron los pequeños narcos de ciudades como Cali y Medellín en los años 90. Al ver la posibilidad de abrir mercados en zonas menos competidas que la gran capital, los zares del microtráfico se están extendiendo por la sabana de Bogotá y tienen en alerta a municipios aledaños, tanto del sur como del norte.

Aunque el solo expendio de drogas ya representa un reto para las autoridades, la preocupación es mayor, porque el uso de menores de edad para ese comercio ilegal sigue aumentando y porque la experiencia demuestra que detrás de los pequeños expendedores vienen capos mayores. El miércoles mismo la Policía se incautó media tonelada de cocaína en Mosquera, Cundinamarca, en un operativo que terminó con la captura de cinco hombres y una mujer. Parte del alcaloide, dicen las autoridades, iría para Estados Unidos. Con el resto se pretendería abastecer mercados locales.

Durante 2008, la Policía de Cundinamarca sorprendió a 262 adolescentes de entre 15 y 17 años vendiendo alucinógenos en la región. La atención se centró entonces sobre municipios como Chía, Soacha y Facatativá. Hoy las alertas señalan a Zipaquirá, uno de los mayores centros turísticos del país (recibe a 600 mil visitantes cada año) y reciente víctima de las estafas por el boom de las captadoras ilegales de dinero conocidas comúnmente como pirámides.

La fórmula fue muy sencilla en Zipaquirá. Tras cerca de 10 años de funcionamiento en el municipio, unas 24 captadoras —encabezadas por HR, Costa Caribe y DMG— se quedaron con $200 mil millones de 25 mil incautos ahorradores. Al estallar el escándalo por la estafa, la economía local quedó golpeada y se volvió blanco fácil para los vendedores de drogas, que llegaron ofreciendo otra forma de dinero fácil y se preocuparon por cautivar menores de edad, conscientes de que la ley impide llevarlos a la cárcel.

Vino entonces la inseguridad y el alcalde Jorge González Garnica tuvo que suplicar ayuda ante las instancias nacionales. En varios consejos comunales demandó al presidente Álvaro Uribe especial atención para el municipio. Su más reciente pedido de ayuda fue hace mes y medio, en el consejo comunal de Cajicá. El 6 de mayo siguiente, por instrucción del director general de la institución, el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Fabio Castañeda, trasladó su despacho a Zipaquirá durante 20 días para atender la situación.

Previamente se crearon subestaciones, elevaron el pie de fuerza de 35 a 200 hombres, instalaron cámaras de seguridad y adoptaron medidas administrativas, como la aplicación del Código de Policía para hacer registros en expendios de droga, amparándose en el artículo 82 sobre la protección de la salubridad pública. Las requisas con perros se tomaron los colegios y, aunque se pudo establecer la presencia de tentáculos de las redes de delincuencia en la academia, no hay procesos porque los involucrados son menores de edad.

La Alcaldía y la Policía aseguran desconocer quiénes lideran las bandas, pero saben que operan desde Bogotá, que envían la droga en motocicleta y que varios de los 18 homicidios que el municipio tuvo en 2009 fueron cometidos con armas alquiladas por las mismas redes. Otra razón que los estimula a luchar contra el flagelo.

Venta de droga se tomó los colegios: Jorge González, alcalde de Zipaquirá

¿Quién está detrás del microtráfico en Zipaquirá? Las redes de narcos de Bogotá.

¿Y cómo operan? Movilizan la droga especialmente en motocicletas, también en carros, desde el centro de Bogotá. Incluso tienen conflictos entre ellas.

¿Por qué no han podido acabarlo?

El problema en Zipaquirá y otras ciudades intermedias es que no hay legislación que permita acción efectiva. No hay pena para la dosis personal y están usando mucho a los menores de edad, dado que a ellos no se les puede judicializar.

¿Y no sería mejor atacar también por el lado de la ayuda social?

La Secretaría de Salud ayuda en labores de prevención en los colegios. Pero los  caninos antinarcóticos, también han ubicado estudiantes que (las bandas) utilizan para comercializar estupefacientes dentro de los centros educativos.

Estábamos registrando quejas de docentes y de alumnos sobre consumo y venta.