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“Ningún criminal manda en la ciudad; con ningún criminal se pacta. Al crimen se le combate, se le judicializa y a la ciudadanía se le protege”, sentenció hace un mes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras la ola de hechos delictivos que dejaron a 23 personas torturadas, asesinadas y abandonadas en la vía pública, así como casi 90.000 hurtos a personas en el año.
A reglón seguido, López prometió que a mediados de ese mismo mes las autoridades mostrarían importantes resultados sobre los responsables de esos homicidios y cumplió. A la fecha han sido capturadas 33 personas, entre ellas un teniente de la Policía de Bogotá. Todos estarían vinculados al Tren de Aragua, Los Maracuchos y Satanás, tres organizaciones transnacionales que están en guerra por las rentas criminales del centro y el occidente de Bogotá.
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Cuando le puso fecha de caducidad a esa vendetta que azota a la capital, el Distrito también mencionó otras seis redes que hacían parte de la confrontación, las cuales, a pesar de haber sido identificadas, seguirían delinquiendo. Esta semana la Secretaría de Seguridad, en un debate de control político, citado en el Concejo, señaló que las capturas de integrantes de estas redes de homicidio y extorsión fueron el resultado de un plan de seguridad que inició en agosto de 2021.
“La estrategia integral de rescate social, seguridad, convivencia y justicia incluyó seis ejes: reducir el desempleo y aumentar inclusión productiva; reducir la pobreza y aumentar la inclusión social; aumentar la participación, el diálogo y la cultura ciudadana; ampliar la infraestructura y los servicios de justicia; aumentar el pie de fuerza y los controles de la Policía, y desarticular y judicializar las estructuras criminales”, explicó el secretario Aníbal Fernández de Soto.
Si bien hubo resultados, estos llegaron justo cuando la criminalidad alcanzó el punto más alto. Por esta razón, los expertos y hasta las víctimas de la delincuencia se preguntan ¿se pudo evitar algún homicidio o anticipar estas acciones ilícitas? Al respecto, las autoridades señalaron que todo hacía parte de un proceso investigativo y que era necesario tener pruebas suficientes, para no dejar cabos sueltos.
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En la ciudad, sobre todo en las zonas en donde operaban las personas capturadas, hay descontento, porque si bien sacaron de las calles a docenas de señalados criminales de alta peligrosidad, en los territorios se sigue sintiendo temor y hay una sensación de que las bandas se reconfigurarán apenas “se acabe el show mediático”.
Ante esta duda, el brigadier general Carlos Fernando Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se comprometió, en conversación con El Espectador, a realizar actividades de control territorial y afectar con contundencia las expresiones delincuenciales.
“Se harán despliegues de asistencia integral, para atender las dinámicas sociales y estructurales de los territorios. Generaremos programas de educación y vinculación a actividades pedagógicas, deportivas y culturales para niños, niñas y adolescentes y comunidades vulnerables, principales víctimas de la delincuencia, entre otras iniciativas”, indicó el oficial.
Un año de advertencias
Desde el segundo semestre del 2021, especialmente en la localidad de Kennedy, se desató una seguidilla de homicidios que dejó doce víctimas mortales en un mes. Este hecho, identificado y publicado por este diario, fue la antesala de los homicidios que ocurrieron después, que fueron atribuidos, entre otros, al Tren de Aragua. Algo similar pasó a principio de este año, cuando aparecieron cuerpos torturados, con heridas de arma blanca y arma de fuego, envueltos en bolsas, en Los Mártires (centro de Bogotá).
En principio, las autoridades indicaron que no existían indicios de que los cuerpos tuvieran una conexión entre sí, pero los hallazgos de la investigación permitieron establecer que aspectos como las heridas, la forma en la que fueron abandonados y las zonas donde lo hicieron permitían inferir que sí había un vínculo entre los casos.
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A mediados de este mes, tras las capturas, se confirmó que los cuerpos hallados este año, en el centro y occidente de la capital, habían sido ultimados por las mismas tres organizaciones, que hoy están en la mira de las autoridades. A pesar de las señales que iba arrojando la investigación, y a los antecedentes sicariales que había en el centro y occidente de Bogotá, las autoridades empezaron a dar resultados contundentes solo cuando la capital alcanzó el que podría ser el punto más alto en materia delictiva o, por lo menos, eso es lo que se percibe con lo que viene sucediendo en las últimas semanas.
César Niño, experto en seguridad ciudadana, plantea que el papel de los medios de comunicación y la atención de la ciudadanía jugó un papel importante y, de alguna manera, presionó para que las autoridades dieran respuestas. “Las capturas obedecen no solo a una atención especial sobre la necesidad de dar resultados contundentes, sino también a que, por primera vez, se están viendo resultados sobre un actor lo suficientemente particular y peligroso como es El Tren de Aragua, que tiene una capacidad de control en Bogotá que no se había experimentado, por lo menos en los últimos años”, puntualizó Niño.
Algo similar creen los vecinos de la localidad de Kennedy, una de las más golpeadas por este fenómeno criminal. De acuerdo con Francisco Castañeda, líder de la zona, estos hechos no son una novedad, pues la comunidad evidenció una transformación en la operatividad de las redes de microtráfico y extorsión desde la llegada del Tren de Aragua a la ciudad. “Lo que se empezaba a evidenciar era que la extorsión era más violenta, los grupos que controlaban no pertenecían al territorio y su actuar no estaba sentimentalmente ligado a nada, lo que hacía que actuaran con mayor sevicia y a cometer actos mucho más fuertes contra las comunidades. Esa zozobra se empezó a sentir”, indicó Castañeda.
Ahora bien, a pesar de que las autoridades llegaron hasta la puerta de la guarida de los señalados criminales, según denuncias de las comunidades, todavía no hay presencia constante de las autoridades en esas calles y, de hecho, la percepción hacia los uniformados es contraria a la de seguridad y protección. Esto último también podría haber evitado la eficacia en los tiempos de investigación y anticipación al delito, pues hombres de la Policía habrían cooperado con las organizaciones criminales.
“Hubo una acción que dio un resultado, pero, en general, el territorio sigue desatendido. Siento que la percepción es que, como la UPZ 86 tiene un CAI, el tema de seguridad está resuelto. Pero lo que vimos fue que, a pesar de tener una cobertura geográfica importante de la Policía, nunca estuvimos protegidos, pues las estructuras delincuenciales incluso permearon a esa institución. Entonces, siempre ha existido la sensación de que este es un sector en el que las autoridades están trabajando con los delincuentes”, agregó Francisco.
Lo dicho por el líder de la comunidad también lo comparte César Niño, quien señaló que la presencia en los barrios y la actividad investigativa y de inteligencia son aspectos claves en los que deben trabajar las autoridades, pues estas capturas no son garantía del fin de las organizaciones.
“Unas simples capturas no llevan a una desarticulación de esta estructura. El reto para las autoridades es seguir trabajando en inteligencia ciudadana e inteligencia policial, porque los grupos criminales no se acaban con la captura de sus cabecillas o líderes, se terminan es con las investigaciones o capturas desde las partes más subterráneas, incluso detectando cómo se configuran estas estructuras en Bogotá”, destacó el experto.
Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá afirma lo contrario, pues afirmó que, “sin duda alguna, se debilitaron estas redes criminales, ya que las operaciones ejecutadas afectaron los componentes económicos, logísticos y estructurales de los grupos multicrimen”.
¿Qué viene en seguridad?
Lo que sí comparten autoridades, expertos y comunidad es que el trabajo de aquí en adelante consiste en poner en marcha estrategias sólidas, que abarquen tanto la contundencia en los procesos de investigación como el fortalecimiento en las iniciativas sociales, que brinden oportunidades a todos los sectores.
A la fecha, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Bogotá es el caso más exitoso de la Justicia Juvenil Restaurativa en el país, “con solo una reincidencia del 5 %; satisfacción de las víctimas del 93 % y un incremento del 113 % en atenciones del 2018 al 2021”, indicó Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad.
Entre los desafíos que existen, el funcionario señaló que es primordial reducir el hurto a personas, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales. “Además, se está construyendo una nueva política de seguridad, convivencia y justicia, con una visión a quince años. Esta incluye ejes temáticos como prevención, convivencia, intervención de mercados criminales, protección en el espacio público, acceso a la justicia y atención de emergencias. Todo esto, con diversos enfoques (género, derechos humanos, territorial y ambiental, entre otros)”, concluyó.
Por su parte, el general Triana indicó que la estrategia seguirá encaminada hacia el fortalecimiento de las capacidades logísticas y tecnológicas del grupo de expertos en contra del multicrimen, para ser contundentes en la desarticulación de estructuras. “A través de la oferta institucional, vincularemos a todas las especialidades y modalidades del servicio de Policía, para una respuesta aún más efectiva y contundente. La inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal seguirán adelantando procesos analíticos, metódicos y de investigación. Su finalidad es afectar las rentas ilegales y principales dinamizadores. Por último, y no menos importante, fortaleceremos y afianzaremos la confianza de los bogotanos”, dijo.
Otro reto del que poco se habla, pero resulta de vital importancia es el de la atención a la población migrante, porque, como quedó en evidencia con esta reciente confrontación criminal, es blanco de instrumentalización. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, entre enero y agosto pasado fueron asesinados 88 migrantes venezolanos, incluidas dos mujeres.
Más allá de los indicadores, lo sucedido en lo corrido del año sacó a flote los vacíos que existían en la estrategia de seguridad ciudadana, la cual necesita con urgencia la ejecución de esos proyectos que están en el papel, que enfatizan la integración social, revitalización de los territorios e inclusión productiva, con el fin de encontrar la ruta para recuperar la tranquilidad y la confianza.