Anuncian nueva mesa de diálogo para solucionar la situación en el Parque Nacional

A los ocho meses del inicio del asentamiento indígena en el Parque Nacional, en el centro de la capital del país, el Distrito y el Gobierno Nacional anunciaron un nuevo intento para terminar en “buen término” la ocupación del parque por parte de comunidades indígenas, a través de una nueva mesa de diálogo.

Este nuevo acercamiento por parte del Gobierno y las autoridades indígenas, en búsqueda de una solución a la crisis humanitaria que se ha prolongado por varios meses y que ha cobrado una decena de vidas de las comunidades asentadas, surge a raíz de un reciente fallo judicial referente a la situación en el parque y las obligaciones de las autoridades de orden distrital y nacional.

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Esta decisión jurídica, que fue emitida el pasado 2 de mayo, declaró la nulidad del fallo de una tutela que ordenaba, mientras se llegaba a una solución definitiva, a la Alcaldía de Bogotá y al Gobierno Nacional tres cosas:

La realización de una caracterización, la asignación de un alojamiento temporal y transitorio a las personas que residen en el Parque Nacional y, finalmente, atender a las víctimas en sus diferentes vulnerabilidades y garantizar sus derechos en salud, educación, inclusión, recreación, entre otras.

El Distrito y sus diferentes entidades impugnaron la decisión en primera instancia, señalando que algunas de esas responsabilidades no correspondían al orden distrital sino nacional, y seguidamente, en esa misma línea, que durante el proceso judicial no se citaron a los actores correspondientes para la protección de los derechos, que en el caso del derecho a la salud, en el proceso no fueron citas las EPS a las cuales están afiliadas las comunidades indígenas.

De esta manera, el fallo judicial libera al Distrito de tales obligaciones, como la reubicación dentro de la ciudad de las comunidades, mientras el proceso comienza desde cero. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, anunció que se tomará esta nueva situación para dar una solución definitiva.

“En este escenario se abre una nueva puerta, la cual queremos aprovechar al máximo. Queremos que el diálogo prime, que la garantías de derechos sean el eje conductor del diálogo con las comunidades indígenas. Por esta razón, el día de ayer hemos invitado a los representantes del Parque Nacional a una mesa de diálogo que inicia a las ocho de la mañana, de este jueves, y que tendrá como único fin darle buen término a la ocupación del parque”, indicó el secretario de Gobierno de Bogotá.

En las mesas de diálogo, que se realizarán este jueves y viernes, participarán delegados de la Unidad de Víctimas, el Ministerio del Interior, la Alta Consejería de Víctimas y la Defensoría del Pueblo.

Como parte de las nuevas propuestas para llegar a una solución concertada, el Distrito anunció que se propondrán subsidios de vivienda en los territorios ancestrales y de origen de las comunidades en Chocó y Risaralda, por parte de la Secretaría de Habitat en coordinación con el Ministerio de Vivienda.

Por su parte, frente al cuestionamiento de estos subsidios, el Alto Consejero de la Paz aseguró que la única manera de lograr una reparación de las comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado, es el retorno digno a sus territorios y no su permanencia en las ciudades.

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“La administración distrital siempre ha manifestado que la solución estructural a la situación del conflicto armado en el país no se resuelve con subsidios y atención en los centros urbanos, sino con una política integral en los territorios”, aseguró Vladímir Rodríguez, alto consejero distrital de las víctimas.

El Distrito no se pronunció sobre las medidas que se tomarán si no se llega a un acuerdo después del próximo viernes, 6 de mayo. No obstante, no negó tampoco la posibilidad de un desalojo, pero enfatizó en la voluntad de llegar a un acuerdo con las comunidades y lograr la recuperación del Parque Nacional.

Por su parte, las comunidades indígenas siguen cuestionando las condiciones de vida digna en la UPI de La Florida, donde señalan que de las 110 personas que fueron recientemente trasladas a este resguardo, alrededor de 70 ya regresaron al Parque Nacional.

Este cuestionamiento no ha sido contestado por el Distrito, aunque se aseguró que se está trabajando en mejorar los servicios y la oferta de inclusión económica de las personas que están la UPI de La Florida para darle espacios en ferias comerciales.

Aun así, las autoridades indígenas aseguraron que están abiertos a las mesas de diálogo para solucionar la difícil situación que viven las comunidades asentadas en el centro de Bogotá.

“Aquí esperamos que esas palabras que expresa el secretario con la voluntad de diálogo, logre materializarse en una mesa para poder lograr la solución que estamos buscando entre todos y todas”, aseguró ante el fallo judicial Jairo Montañez, líder de las comunidades indígenas en el Parque Nacional.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

A los ocho meses del inicio del asentamiento indígena en el Parque Nacional, en el centro de la capital del país, el Distrito y el Gobierno Nacional anunciaron un nuevo intento para terminar en “buen término” la ocupación del parque por parte de comunidades indígenas, a través de una nueva mesa de diálogo.

Este nuevo acercamiento por parte del Gobierno y las autoridades indígenas, en búsqueda de una solución a la crisis humanitaria que se ha prolongado por varios meses y que ha cobrado una decena de vidas de las comunidades asentadas, surge a raíz de un reciente fallo judicial referente a la situación en el parque y las obligaciones de las autoridades de orden distrital y nacional.

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Esta decisión jurídica, que fue emitida el pasado 2 de mayo, declaró la nulidad del fallo de una tutela que ordenaba, mientras se llegaba a una solución definitiva, a la Alcaldía de Bogotá y al Gobierno Nacional tres cosas:

La realización de una caracterización, la asignación de un alojamiento temporal y transitorio a las personas que residen en el Parque Nacional y, finalmente, atender a las víctimas en sus diferentes vulnerabilidades y garantizar sus derechos en salud, educación, inclusión, recreación, entre otras.

El Distrito y sus diferentes entidades impugnaron la decisión en primera instancia, señalando que algunas de esas responsabilidades no correspondían al orden distrital sino nacional, y seguidamente, en esa misma línea, que durante el proceso judicial no se citaron a los actores correspondientes para la protección de los derechos, que en el caso del derecho a la salud, en el proceso no fueron citas las EPS a las cuales están afiliadas las comunidades indígenas.

De esta manera, el fallo judicial libera al Distrito de tales obligaciones, como la reubicación dentro de la ciudad de las comunidades, mientras el proceso comienza desde cero. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, anunció que se tomará esta nueva situación para dar una solución definitiva.

“En este escenario se abre una nueva puerta, la cual queremos aprovechar al máximo. Queremos que el diálogo prime, que la garantías de derechos sean el eje conductor del diálogo con las comunidades indígenas. Por esta razón, el día de ayer hemos invitado a los representantes del Parque Nacional a una mesa de diálogo que inicia a las ocho de la mañana, de este jueves, y que tendrá como único fin darle buen término a la ocupación del parque”, indicó el secretario de Gobierno de Bogotá.

En las mesas de diálogo, que se realizarán este jueves y viernes, participarán delegados de la Unidad de Víctimas, el Ministerio del Interior, la Alta Consejería de Víctimas y la Defensoría del Pueblo.

Como parte de las nuevas propuestas para llegar a una solución concertada, el Distrito anunció que se propondrán subsidios de vivienda en los territorios ancestrales y de origen de las comunidades en Chocó y Risaralda, por parte de la Secretaría de Habitat en coordinación con el Ministerio de Vivienda.

Por su parte, frente al cuestionamiento de estos subsidios, el Alto Consejero de la Paz aseguró que la única manera de lograr una reparación de las comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado, es el retorno digno a sus territorios y no su permanencia en las ciudades.

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“La administración distrital siempre ha manifestado que la solución estructural a la situación del conflicto armado en el país no se resuelve con subsidios y atención en los centros urbanos, sino con una política integral en los territorios”, aseguró Vladímir Rodríguez, alto consejero distrital de las víctimas.

El Distrito no se pronunció sobre las medidas que se tomarán si no se llega a un acuerdo después del próximo viernes, 6 de mayo. No obstante, no negó tampoco la posibilidad de un desalojo, pero enfatizó en la voluntad de llegar a un acuerdo con las comunidades y lograr la recuperación del Parque Nacional.

Por su parte, las comunidades indígenas siguen cuestionando las condiciones de vida digna en la UPI de La Florida, donde señalan que de las 110 personas que fueron recientemente trasladas a este resguardo, alrededor de 70 ya regresaron al Parque Nacional.

Este cuestionamiento no ha sido contestado por el Distrito, aunque se aseguró que se está trabajando en mejorar los servicios y la oferta de inclusión económica de las personas que están la UPI de La Florida para darle espacios en ferias comerciales.

Aun así, las autoridades indígenas aseguraron que están abiertos a las mesas de diálogo para solucionar la difícil situación que viven las comunidades asentadas en el centro de Bogotá.

“Aquí esperamos que esas palabras que expresa el secretario con la voluntad de diálogo, logre materializarse en una mesa para poder lograr la solución que estamos buscando entre todos y todas”, aseguró ante el fallo judicial Jairo Montañez, líder de las comunidades indígenas en el Parque Nacional.

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