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Una de las discusiones más importantes para Bogotá está a punto de no darse en el Concejo. La razón es que en las últimas tres semanas una serie de recusaciones e impedimentos no han dejado que la votación del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Claudia López inicie en la Comisión del Plan, por lo que todo indica que no van a alcanzar a tomar una decisión -quedan 10 días de plazo- y, en cambio, se va a terminar aprobando por decreto.
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Su importancia radica en que el documento será la hoja de ruta territorial para los próximos 12 años, es decir, que define cómo y dónde crecerá la ciudad. El problema es que nunca se ha aprobado por acuerdo del cabildo y en este caso se han utilizado, como estrategia política, figuras para dilatar la discusión.
Desde antes de que se radicara el proyecto en el cabildo se estaban empleando las recusaciones como mecanismo para retrasar debates de otros proyectos, como con el Plan de Rescate Social que la administración presentó este año, en el que aparecieron recusaciones anónimas. Como era de esperarse, una vez empezó el proceso del POT, se conocieron recursos contra los concejales Martín Rivera (Alianza Verde) y Carlos Fernando Galán (Nuevo Liberalismo), así como posteriormente, durante el cabildo abierto, otro contra las cabildantes de la Colombia Humana (Susana Muhamad, Heidy Sánchez y Ana Teresa Bernal) y María Victoria Vargas (Liberal), que fue firmada a nombre de una persona que no sabía del tema ni vivía en Bogotá. Pese a ello, hasta ese momento todo parecía encajar dentro de los tiempos, pero hace tres semanas, cuando todo ya estaba listo para empezar la votación de los 608 artículos del proyecto, aparecieron nuevamente las acciones.
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Las recusaciones son acciones que se interponen por terceros en contra de cabildantes al considerar que podrían tener algún interés y, por consiguiente, estarían inhabilitados para discutir algún punto o proyecto; asimismo, están los impedimentos que pueden presentar los concejales por las mismas circunstancias. En el caso del Concejo de Bogotá, este tipo de acciones se resuelven en la plenaria del cabildo, por lo que una vez se conocen se debe programar una nueva sesión, que no puede ser ese mismo día, para resolver los recursos.
Por eso lo que incomoda de la mayoría de las recusaciones e impedimentos que se han tramitado es que varios se dan a conocer una vez comienza la sesión de la Comisión del Plan, situación que no permite avanzar y, en cambio, sí ha generado una serie de acusaciones entre los mismos concejales y la administración distrital.
De hecho, una de las discusiones más fuertes se dio la semana pasada, cuando apareció una recusación que iba marcada con los logos de la Colombia Humana. Aunque las cabildantes del partido señalaron que esa persona no era del movimiento, la alcaldesa Claudia López los señaló de dilatar la discusión. Algo similar ocurrió esta semana, tras conocerse la denuncia que interpuso el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, contra Martín Rivera por la afirmación en la que dijo que le habían ofrecido puestos al iniciar la administración, en enero de 2020, y que fue entendida como si hubiera sido en medio de la discusión del POT.
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Por la acción judicial el cabildante interpuso un impedimento, por lo que la votación tampoco pudo comenzar esta semana. En respuesta Rivera explicó que obró como dicta la ley en estos casos y que la culpa la tendría el Distrito, pues pese a que la denuncia fue radicada el 16 de noviembre, y se hubiera podido resolver esa semana, solo se hizo pública hasta el 22 de noviembre. Por su parte, Susana Muhamad, durante el debate de la oposición el pasado jueves, indicó que con los señalamientos de la alcaldesa solo se busca estigmatizar a la oposición, mientras que Heidy Sánchez resaltó que en este punto a los únicos que les conviene que no se discuta el POT es a la administración, pues de no llegar a un acuerdo antes del 8 de diciembre, Claudia López podrá aprobarlo tal y como lo presentó al Concejo.
Desde afuera esto genera grandes inconformismos, pues a lo largo de estos tres meses se han hecho negociaciones, como la ampliación del corredor verde en el Humedal del Salitre o la ubicación de las bodegas de reciclaje en la ciudad. “Lo grave es que no tendrían en cuenta ninguno de nuestros logros en la ubicación, por lo que si se aprueba por decreto tendríamos que modificar la totalidad de las bodegas”, dice Nohra Padilla, lideresa de los recicladores.
Ante la posibilidad de que el POT sea aprobado por decreto, Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, considera que “un POT por decreto puede ser la alternativa menos buena para la ciudad. Tenemos dos años de trabajo donde podemos seguir construyendo juntos una visión de ciudad. Permitámonos plantear, sin correr, los retos que tiene esta ciudad y esta región para todos los que en ella habitamos: sector público, sector privado, academia, sector social, sectores ambientales”.
Desde el Concejo no se tienen muchas expectativas, pues a la Comisión del Plan se volvió a citar para mañana para intentar iniciar la votación que se daría sobre dos ponencias positivas: la de Cubides y la unificada de Pedro Julián y Germán García, que se radicó el viernes. Al respecto, Humberto Amín (Centro Democrático) resalta que en este punto es muy difícil pensar que se pueda sacar un proyecto por acuerdo. “Los tiempos no dan. Lo máximo es que llegara a pupitrearse y aun así no daría tiempo para que llegara a plenaria. Se le ha dicho a la administración que retire el proyecto y que lo presente el año entrante, porque tenemos que hacerle modificaciones y para eso tenemos que trabajar en armonía. La alcaldesa le pidió en 2019 a Peñalosa que no sacara su POT por decreto, porque si bien tenía la potestad legal, no tenía la política. Esperamos que ahora tenga en cuenta eso”.
Las opciones no son muchas. Por un lado, si el cabildo no alcanza a votar el proyecto, este podrá ser aprobado por decreto por la alcaldesa; por el otro, la Comisión del Plan podría votar en contra de las ponencias positivas, lo que tumbaría el proyecto, pero aun así esta es una alternativa poco probable, ya que López sigue teniendo las mayorías a su favor.
Para la concejal María Victoria Vargas es importante reconocer que hasta antes de las dilaciones la discusión se había dado bien dentro del cabildo. “Nosotros hemos cumplido las normas y ha sido gente externa la que ha entrado a recusar. Ahora, hay concejales que lo han hecho, pero la verdad es lamentable para la ciudad que esto esté pasando, porque es el proyecto más importante del cual debe ocuparse el Concejo y el hecho de que nunca se haya aprobado por acuerdo le resta legitimidad con la ciudad, porque somos la voz de los ciudadanos y esta vez no se pudo porque otros lo impidieron”.
Desde ya los cabildantes apoyan la propuesta de modificar el reglamento del Concejo para que se cambie la manera en que se resuelven las recusaciones e impedimentos, de tal forma que no sigan siendo utilizados para impedir otras discusiones. “Lo que se busca es que se pueda de inmediato someter a consideración y que se pueda resolver en la misma Comisión para que no se tengan que suspender para ir a plenaria y citar otro día para poder retomar”, dice Carlos Fernando Galán, uno de sus promotores.
Con un poco más de una semana de plazo, este lunes, nuevamente, se intentará iniciar la discusión, pero con otro agravante de fondo: que las sesiones en plenaria para resolver los impedimentos del POT también han retrasado la discusión del presupuesto de la ciudad para el próximo año, que debe definirse antes del 9 de diciembre, por lo que esta semana se tendrá que comenzar a priorizar las sesiones, porque de no llegar a un acuerdo, sería otro proyecto que iría a aprobación por decreto.
