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Esta semana continúa la audiencia de imputación de los miembros de la Primera Línea Calle 80, que fueron capturados hace dos semanas. Luego de la sesión del martes, en la que la Fiscalía presentó audios, videos y llamadas telefónicas interceptadas de los miembros de la primera línea en Bogotá, como pruebas de la relación entre los jóvenes y presuntos actos delictivos.
Ante la petición de la Fiscalía de hacer la solicitud de medida de aseguramiento, ahora la defensa debe dar su versión para que los procesados no enfrente el caso en prisión preventiva.
Los capturados son señalados por la Fiscalía de cometer los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidores públicos, instigación a cometer actos con fines terroristas, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de material inflamable. Dependiendo de la decisión de una juez de garantías, deberán afrontar el proceso en sus casas o en un centro carcelario.
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La primera en intervenir fue la abogada que una de las señaladas líderes de la PL de Calle 80. Aseguró que la medida de aseguramiento no procede, ya que las pruebas no demuestran contundentemente que la joven perteneciera a una banda criminal y ni se ha establecido que ella represente un peligro para la sociedad.
La representante de la defensa recordó que la señalada, de 19 años, acababa de graduarse de bachillerato, que no tiene antecedentes penales y que tiene voluntad de seguir el proceso judicial, y por ende puede responder ante la justicia desde su casa.
Por su parte, el abogado de alias ‘Diablo’, otro de los señalados líderes, señaló que algunas de las pruebas presentadas no demuestran su actividad delincuencial. Una de las pruebas mostradas por la Fiscalía fue una serie de transacciones en cuentas bancarias del señalado, que presuntamente habrían financiado algunas acciones del grupo de Primera Línea. Sin embargo, resaltó el abogado, aún se desconocen los montos y las cantidades de consignaciones a las que se hace referencia.
“Mi cliente en ningún video, ni siquiera con elementos que se llamaron florecitas, morochas o molotov, o elementos que obstruyen a las famosas tanquetas” afirmó el abogado defensor, que también rechazó la medida de aseguramiento, y recordó que su cliente no tiene antecedentes.
Posteriormente una de las abogadas que defiende a Adriana Bermeo, una de las jóvenes capturadas, criticó la imputación del delito de concierto para delinquir, ya que según la defensora, se está elastizando esta conducta punible para criminalizar la protestas.
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Según la abogada, para el establecimiento de este delito se necesita demostrar un acuerdo previo entre las partes, prueba que no ha sido aportada por el ente investigador. Además señaló que la joven se encontraba trabajando el día en que la Policía señala se encontraba en un enfrentamiento con la fuerza pública.
El defensor de Santiago Márquez, otro joven señalado al proceso, también pidió que no procediera la solicitud en establecimiento carcelario para el señalado. “No existe inferencia alguna de que el pueda representar […] un peligro para la sociedad, por el contrario por los documentos aportados es evidente que es una persona querida por su comunidad” afirmó el abogado.
El abogado afirmó que en algunas afirmaciones de la Fiscalía se está estigmatizando a los jóvenes y se omite la presunción de justicia de los señalados. Por su parte, declaró que en los informes presentados por el ente investigador hay inconsistencias en la manera en que describen al joven señalado.
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En la sexta intervención la defensora de Felipe Camacho señaló que la Fiscalía no ha logrado la individualización de su cliente dentro de la investigación, y pidió también que la solicitud de la restricción de la libertad no procediera, y que, en caso de proceder, esta fuera la mínima posible.
También criticó las pruebas aportadas por un agente encubierto a quién los miembros del PL 80 habrían presuntamente invitado a unirse y le dieron toda la información. “Yo pregunto si estamos hablando de un grupo radical extremista […] las máximas de las experiencia nos dicen que son círculos sumamente cerrados, y que de buenas a primeras llamen a alguien, de la nada a vincularlo resulta extraño”, afirmó la defensora.
Por su parte el abogado de Jonatan Ramírez, uno de los capturados, señaló que ya ha pasado pruebas al despacho de la juez demostrando que su cliente no representa un peligro para la sociedad, y además señaló que las llamadas interceptadas a su cliente no corresponden al celular con el que fue capturado el señalado.
La juez de garantías suspendió la audiencia hasta las 7 p.m. del diez de noviembre, donde se conocerá la decisión sobre la medida de aseguramiento.
